¿Dónde está la sede Norte de la Universidad del Tolima? Mucho tilin, tilin y nada de paletas

Mariquita sigue esperando que los anuncios se conviertan en aulas, laboratorios y oportunidades

Una obra anunciada, varias cifras por aclarar y una comunidad que reclama respuestas.

 

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Por: Denuncia ciudadana, Opinión investigación especial. cambioin.com

 

En el norte del Tolima la pregunta ya no es si hace falta una sede propia de la Universidad del Tolima en Mariquita. La necesidad está a la vista: jóvenes que terminan el bachillerato, familias que no pueden asumir los costos de trasladarse a Ibagué u otras ciudades y municipios que llevan años reclamando más oportunidades de educación superior. La pregunta, mucho más incómoda para quienes han anunciado el proyecto, es otra: ¿qué ha pasado realmente con la sede norte y cuándo dejará de ser una promesa para convertirse en una obra?

 

Desde 2022 se habla de fortalecer la presencia de la Universidad del Tolima en el norte del departamento. En ese momento comenzó a funcionar una oferta universitaria en instalaciones adaptadas de un colegio y se anunció la disponibilidad de un lote de cinco hectáreas para construir una sede propia. La medida permitió acercar algunos programas a la región, pero nunca debió confundirse con la solución definitiva. Una sede universitaria no se construye únicamente con salones prestados ni con anuncios: requiere estudios completos, diseños aprobados, financiación asegurada, licencias, contratación transparente y un cronograma público que pueda ser vigilado por la ciudadanía.

La cronología posterior alimentó las expectativas. En junio de 2024, FINDETER informó sobre recursos por $811.640.720 destinados a estudios y diseños de proyectos de infraestructura educativa para Chaparral y Mariquita. En octubre de ese mismo año, la Universidad del Tolima reportó la aprobación del proyecto dentro de su rendición de cuentas. Más adelante, en enero de 2025, se conoció que la Alcaldía de Mariquita destinaba $400 millones para los estudios y diseños, con un plazo anunciado de ocho meses. Y en agosto de 2025 se divulgó una proyección de inversión cercana a los $35.000 millones para una infraestructura con 32 aulas y capacidad estimada para 1.400 estudiantes de Mariquita y otros trece municipios del norte del Tolima.

Las cifras son importantes, pero precisamente por eso deben explicarse con rigor. Los $811 millones anunciados por FINDETER y los $400 millones atribuidos a la Alcaldía no pueden presentarse como si fueran automáticamente el mismo aporte, ni puede afirmarse, sin documentos, que uno reemplazó al otro o que hubo pérdida de recursos. Lo que corresponde es aclarar si se trata de fuentes complementarias, de fases distintas o de contratos con objetos diferentes; quién suscribió cada compromiso; cuál fue el alcance contratado; qué productos debían entregarse; cuánto se ha pagado y qué entidad recibió a satisfacción los estudios. La ciudadanía no necesita versiones aproximadas: necesita documentos verificables.

También quedó una contradicción que merece una explicación pública. En octubre de 2025, según lo difundido por medios de comunicación, el rector de la Universidad del Tolima manifestó que la institución todavía no había recibido oficialmente los estudios y diseños. Si el proyecto ya había sido anunciado con una inversión estimada de $35.000 millones y se hablaba de una sede con capacidad para 1.400 estudiantes, ¿en qué soporte técnico se basaban esas proyecciones? ¿Qué entidad tenía entonces los estudios? ¿Se habían terminado, estaban en revisión o seguían pendientes? ¿Qué observaciones técnicas impedían su entrega formal? Y, sobre todo, ¿cuál es hoy el estado real del expediente?

No se trata de desconocer los esfuerzos que puedan haber realizado la Alcaldía, la Gobernación, FINDETER o la propia Universidad. Se trata de exigir que cada institución responda por la parte que le corresponde. Una obra pública no puede avanzar a punta de titulares y fotografías de reuniones. Si existen estudios, deben conocerse sus conclusiones y su estado de aprobación. Si faltan diseños, debe explicarse qué componente está pendiente. Si no existe financiación completa, hay que decir cuánto está asegurado, cuánto falta y de dónde se espera obtener. Y si el lote anunciado presenta alguna dificultad jurídica, urbanística, ambiental o de servicios públicos, esa información debe ponerse sobre la mesa sin rodeos.

En este punto, la responsabilidad del rector John Jairo Méndez merece un examen especial. Su administración no puede ser responsabilizada automáticamente por todos los retrasos acumulados antes de su llegada, pero sí tiene el deber institucional de informar qué recibió, qué encontró, qué gestiones ha adelantado y qué decisiones ha tomado desde que asumió la rectoría. La comunidad no le está pidiendo que responda por lo que no hizo; le está exigiendo que dé la cara por lo que hoy está bajo su competencia y que presente una ruta verificable para que la sede norte avance.

Lo preocupante es que, frente a una discusión de semejante importancia regional, no basta con comunicados generales ni con declaraciones que no resuelvan las preguntas de fondo. La Universidad del Tolima es una institución pública y su rector debe estar dispuesto a debatir con estudiantes, alcaldes, concejales, diputados, organizaciones sociales, veedurías ciudadanas, docentes y comunidades. La rendición de cuentas no puede reducirse a un ejercicio de presentación institucional: debe incluir preguntas difíciles, respuestas concretas y la posibilidad de contrastar la información. Evadir el debate o no ofrecer escenarios suficientes para una discusión pública sería termina debilitando la confianza en la institución.

El silencio frente a los reclamos de las comunidades también tiene un costo. Cuando los habitantes de Mariquita y de los municipios vecinos preguntan por el avance de la sede, no están promoviendo una disputa personal con el rector. Están ejerciendo el derecho a vigilar una inversión que compromete recursos públicos y una expectativa educativa de toda una región. Las veedurías no son adversarias de la Universidad; son instrumentos legítimos de control ciudadano. Y una administración universitaria segura de su gestión debería ver en ellas interlocutores necesarios, no voces incómodas que se puedan dejar esperando.

Hay, además, una pregunta de fondo sobre el modelo de presencia territorial de la Universidad del Tolima. Si la institución anuncia que tendrá presencia en nueve departamentos y plantea ampliar su cobertura, debe demostrar que esa expansión cuenta con infraestructura adecuada, presupuesto sostenible, docentes suficientes, bienestar universitario, conectividad, laboratorios y programas pertinentes. Abrir puertas sin garantizar condiciones de calidad puede convertir una política de acceso en una promesa incompleta. La sede norte debe ser una oportunidad real para los jóvenes, no una extensión precaria que dependa indefinidamente de espacios prestados.

Por eso, las respuestas que reclama Mariquita son puntuales: primero, publicar o poner a disposición de la ciudadanía los estudios y diseños existentes, con sus fechas, responsables, contratos, actas de entrega y observaciones técnicas. Segundo, explicar la relación entre los recursos anunciados por FINDETER y los $400 millones atribuidos a la Alcaldía, incluyendo su ejecución y destinación exacta. Tercero, precisar si el lote de cinco hectáreas está jurídicamente disponible y cuenta con las condiciones necesarias para el proyecto. Cuarto, presentar el presupuesto actualizado, las fuentes de financiación confirmadas y el monto que aún está por gestionar. Quinto, divulgar un cronograma con hitos, responsables y fechas estimadas para el inicio de la construcción.

La Universidad también debería convocar una audiencia pública en Mariquita, con participación de la rectoría, la Alcaldía, la Gobernación, FINDETER, representantes estudiantiles, instituciones educativas, organizaciones sociales y veedurías. No una reunión protocolaria para repetir anuncios, sino un espacio de deliberación en el que se exhiban los documentos, se respondan las preguntas y queden compromisos consignados en un acta pública. Si la información está completa, será la mejor oportunidad para despejar dudas. Si hay dificultades, la ciudadanía tiene derecho a conocerlas y a saber cómo se resolverán.

El norte del Tolima no puede seguir atrapado entre cifras que se anuncian, diseños cuya entrega debe aclararse y una obra que no empieza. Cada año que pasa sin una sede propia representa oportunidades que se aplazan para jóvenes que no siempre pueden viajar, pagar alojamiento o abandonar sus hogares para estudiar. La educación superior no puede ser un privilegio condicionado al lugar de nacimiento o a la capacidad económica de una familia.

La sede norte no necesita otra ceremonia de anuncios. Necesita transparencia, decisiones y financiación. Necesita que las entidades involucradas dejen de hablar en futuro y presenten resultados comprobables. Y necesita, sobre todo, que el rector John Jairo Méndez asuma el debate público que exige su cargo: con documentos, con respuestas y con garantías para que la sociedad, las veedurías y las comunidades puedan preguntar sin ser descalificadas ni ignoradas.

La pregunta que hoy recorre Mariquita y el norte del Tolima sigue siendo sencilla: ¿dónde está la Universidad del Tolima que se prometió? La respuesta no puede ser otro render ni una nueva cifra sin respaldo visible. Tiene que ser un proyecto con estudios conocidos, recursos identificados, fechas ciertas y obras en marcha. Los jóvenes de esta región no necesitan que les sigan ofreciendo esperanza en discursos. Necesitan que la esperanza tenga dirección, presupuesto y ladrillos.

 

PREGUNTAS QUE SIGUEN SIN UNA RESPUESTA PÚBLICA SUFICIENTE

¿Cuál es el estado actual de los estudios y diseños de la sede norte y dónde pueden ser consultados?

¿Cómo se relacionan los $811.640.720 anunciados por FINDETER con los $400 millones atribuidos a la Alcaldía de Mariquita?

¿Qué contratos, convenios, pagos y actas de recibo respaldan cada uno de esos recursos?

¿Está disponible jurídica y técnicamente el lote de cinco hectáreas anunciado desde 2022?

¿Cuánto cuesta hoy el proyecto, qué recursos están asegurados y qué financiación falta?

¿Cuál es el cronograma oficial para la contratación y el inicio de las obras?

¿Cuándo convocará la rectoría una audiencia pública en Mariquita para responder a las comunidades y las veedurías?

 

Nota editorial: Las cifras y fechas se presentan como anuncios o reportes públicos que requieren contraste con los contratos, convenios, actas y documentos oficiales correspondientes. Este texto no afirma que los recursos se hayan perdido ni atribuye responsabilidad individual por hechos que no estén acreditados. Su propósito es exigir información, rendición de cuentas y debate público.

 

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