Fallo judicial, mete en cintura a Rector de colegio, y secretaría de Educación

Raíces del Futuro: la justicia ordena mirar el colegio mientras crecen las preguntas sobre la administración de Orlando Olivera Morales. Ibagué vuelve a mirar hacia la Institución Educativa Raíces del Futuro. Esta vez no por sus resultados académicos, sino por una decisión judicial que obliga a la Secretaría de Educación Municipal a responder y actuar frente a los interrogantes planteados por un integrante de la comunidad educativa.

 

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Por: Editor Local. cambioin.com

 

La orden viene del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, que protegió los derechos fundamentales de petición y debido proceso de  las redes de derechos humanos, al considerar que la Secretaría de Educación no entregó una respuesta completa frente a la solicitud presentada y tampoco había iniciado el procedimiento de inspección y vigilancia solicitado.

 

La decisión judicial fue clara: la Secretaría deberá entregar una respuesta de fondo y adelantar, dentro de sus competencias, las actuaciones necesarias para revisar los cuestionamientos formulados frente a decisiones adoptadas en la Institución Educativa Raíces del Futuro.

 

Pero detrás del expediente jurídico existe una preocupación mayor expresada por algunos padres de familia, docentes y miembros de la comunidad educativa: ¿qué está ocurriendo al interior de una institución que debería ser un espacio de confianza, protección y formación para niños, niñas y adolescentes?

 

Durante las últimas semanas han circulado denuncias públicas y reclamos de integrantes de la comunidad educativa que señalan presuntas situaciones relacionadas con ambiente laboral, trato hacia docentes y administrativos, posibles hechos asociados a violencia basada en género y cuestionamientos sobre la gestión institucional del rector Orlando Olivera Morales. Estos señalamientos han sido publicados por medios locales y corresponden a denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

 

La comunidad educativa también ha solicitado que se revisen las condiciones de convivencia institucional y que se brinden garantías a quienes manifiestan sentirse afectados. Algunas voces han pedido incluso que se evalúe la separación temporal del rector mientras avanzan las verificaciones correspondientes, argumentando la necesidad de proteger la tranquilidad institucional y evitar posibles afectaciones a quienes participan en las actuaciones de denuncia.

 

Ahora la responsabilidad está en manos de la Secretaría de Educación de Ibagué y de su titular, Dr. Diego Fernando Guzmán.

 

El funcionario tiene el deber institucional, pero también una responsabilidad ética y moral frente a una comunidad educativa que reclama respuestas. No se trata únicamente de revisar documentos administrativos; se trata de garantizar que una institución educativa sea un territorio seguro para estudiantes, docentes, padres de familia y trabajadores.

 

La Secretaría debe garantizar protocolos efectivos para prevenir y atender cualquier situación relacionada con violencia de género, proteger los derechos humanos, fortalecer la convivencia escolar y asegurar que ningún miembro de la comunidad educativa tema denunciar por posibles represalias.

 

Una escuela no puede funcionar bajo la sombra de la incertidumbre. La autoridad educativa debe actuar con independencia, transparencia y rigurosidad.

 

La pregunta que hoy queda sobre la mesa es sencilla: ¿será Raíces del Futuro una institución donde las diferencias se tramitan mediante el diálogo y las garantías, o será un escenario donde las denuncias esperan demasiado tiempo para ser escuchadas?

 

Los padres y madres de familia que han acudido a los medios manifiestan preocupación por el bienestar de sus hijos y solicitan que se priorice la protección de los estudiantes y el respeto por las posibles víctimas mientras las autoridades cumplen su deber constitucional.

 

La decisión judicial ya marcó una ruta: revisar, responder y ejercer vigilancia. Ahora corresponde a la administración municipal demostrar que la educación pública no solamente se administra; también se protege.

 

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