La ley es para todos, y así debe ser.

Por Michael Steven Mejía Ospina

Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado cambioin.com

 

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Orden de captura a la congresista del Pacto histórica Martha Peralta: entre leyes, procesos y el desafío de la rendición de cuentas

 

La noticia cayó como un rayo en medio de la jornada: la Corte Suprema de Justicia ordenó este día la captura de la senadora Martha Peralta, en pleno desarrollo de una diligencia relacionada con investigaciones en torno a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En los círculos de la izquierda colombiana, el ambiente es de tensión y nerviosismo palpable, ya que se trata de una figura relevante dentro de su bloque político, y el caso se enmarca en un entramado legal que va más allá de la simple vinculación a la entidad estatal.

 

Leyes que sustentan la investigación

 

La acción judicial se apoya en un marco normativo claro que regula la conducta de servidores públicos y funcionarios electos. El Código Penal Colombiano es el pilar fundamental: los artículos 405, 406 y 407 tipifican los delitos de cohecho propio, impropio y por dar u ofrecer, que podrían estar vinculados a presuntas operaciones indebidas en la UNGRD. Asimismo, el artículo 327 penaliza el enriquecimiento ilícito, cuando se registre un incremento patrimonial no justificado derivado de actividades delictivas.

 

La Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) refuerza estos marcos, endureciendo penas y estableciendo mecanismos más robustos para la prevención y sanción de actos de corrupción en el sector público. Por su parte, la Ley 1881 de 2018 regula el proceso de pérdida de investidura, una medida que podría ser activada ante la confirmación de responsabilidades, mientras que el Artículo 183 numeral 5 de la Constitución Política tipifica el tráfico de influencias como una falta grave al régimen de funciones, otro de los puntos que la justicia estaría analizando.

 

Procesos judiciales previas y actuales

 

El caso de la senadora no es nuevo en el ámbito judicial. En septiembre de 2025, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema dictaminó su exoneración en un proceso relacionado con financiación de campaña política, donde se investigaban posibles aportes ilícitos. Sin embargo, esa resolución no impidió que otras indagaciones avanzaran, especialmente aquellas vinculadas a la gestión de recursos de la UNGRD durante períodos críticos de atención a emergencias en el país.

 

La orden de captura emitida en la actualidad se sustenta en elementos probatorios recabados durante diligencias que incluyen revisión de contratos, flujos de dinero y declaraciones de testigos. La justicia ha señalado que existen indicios razonables que conectan a la congresista con presuntas irregularidades en la asignación de recursos, contrataciones directas y posible desvío de fondos destinados a la protección de comunidades afectadas por desastres naturales.

 

Impacto político y ciudadano

 

No es un secreto que la UNGRD ha estado bajo el foco de la justicia en los últimos meses, con múltiples indagaciones que han generado preocupación sobre la gestión de recursos públicos en momentos cruciales para el país. La vinculación de una congresista a estos procesos genera interrogantes no solo sobre el caso en sí, sino también sobre el impacto que tendrá en la dinámica política de la coalición de izquierda que la apoya.

 

La medida judicial pone de manifiesto la independencia de los órganos de justicia al actuar sin distinción de cargos o filiaciones políticas. Al mismo tiempo, obliga a los sectores afines a Peralta a definir su postura: entre la defensa de la presunción de inocencia –derecho fundamental reconocido por la Constitución– y la necesidad de respaldar la labor de las instituciones encargadas de velar por la legalidad.

 

En un contexto donde la confianza de la ciudadanía en la clase política ya es frágil, este tipo de situaciones refuerzan la urgencia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles del Estado. Sea cual sea el desenlace del caso, queda claro que la justicia seguirá su curso, y la política colombiana tendrá que adaptarse a este nuevo escenario, donde la aplicación de la ley debe ser el norte indiscutible para todos los que ejercen cargos públicos.

 

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