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La prueba excluida por la fiscalía contra alcalde de Ibagué

Por: Editor en Jefe - Publicado en septiembre 24, 2018

Claudia Chalarca Fiscal y Guillermo Alfonso Jaramillo Alcalde de Ibagué. Cambioin.com

Exclusivo Unidad Investigativa. Cambioin.com

La fiscal que adelanta la investigación al desfalco de los dineros destinados para la construcción de los escenarios de los juegos nacionales 2015 en Ibagué, quien a la vez lleva el proceso contra el alcalde de la capital musical por el caso del alumbrado navideño 2016, parece tenerle miedo al mandatario Guillermo Alfonso Jaramillo, o por lo menos así lo revela una fuente humana sin identificar, quien dio a conocer las últimas determinaciones tomadas por esa funcionaria judicial que justificarían ese calificativo.  

Claudia Mirella Chalarca fiscal 22 seccional de delitos contra la administración pública junto con la actual directora seccional de fiscalías en el Tolima Zeidy Janeth Izquierdo Vargas, fueron las encargadas desde el Bunker en Bogotá en un principio para descubrir quienes estaban detrás del caso de corrupción más grande en toda la historia de la administración pública de Ibagué, conocido como Juegos nacionales 2015. Pero luego de las primeras capturas aun el listado de culpables se encuentra a medias y el caso estancado.

El lio de Jaramillo

Cambioin.com el portal de las noticias, de manera exclusiva pudo dialogar con un miembro de la propia fiscalía general de la nación, quien pidió protección de su nombre por temor a represalias, pero entregó un dato grave y preocupante; el temor que le tendría la representante del ente acusador Claudia Mirella Chalarca a Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, esto quedó al descubierto cuando se le propuso a la encargada del ente acusador incluir en el proceso del desfalco a los juegos nacionales 2015, al actual gobernante de la capital musical por el posible delito de peculado por omisión, todo por haber sido notificado el 14 de abril de 2016 por parte del consorcio juegos nacionales y firmado por Diego Fonseca Chávez, Director de interventoría, en donde en cuatro páginas se le advierte del abandono de las obras a realizar en los escenarios deportivos, por eso se le recomienda declarar la caducidad del contrato de manera inmediata y se le dice como realizarlo para evitar perdida de los recursos públicos.

 

La prueba contra el alcalde de Ibagué

El documento fechado el 12 de abril del 2016 y dirigido a Diana Ximena Cepeda Rodríguez, gerente de Indeportes, tenía como referencia: contrato de obra Número 119 de 2015. Pero lo más delicado es el asunto, el cual decía: su oficio 0848 del 6 de abril de 2016 y recomendación de declaratoria de caducidad del contrato. Procedimiento. Según el informante se puede inferir como es la propia administración quien pidió asesoría para actuar frente al molesto contrato, lo curioso fue que nunca se le puso atención a la advertencia.

El escrito es claro desde sus primeras líneas pero se destaca esta advertencia: “es imperioso que, en el menor tiempo posible y cumpliendo el debido proceso el IMDRI proceda a declarar la caducidad del contrato, (subrayado) como lo indica la cláusula décima séptima: caducidad y sus efectos. Previo requerimiento por escrito al contratista, el IMDRI declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, caso en el cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre” esta es la copia exclusiva de Cambioin.com

Copia1: Prueba excluida para evitar investigar al alcalde de Ibagué. Cambioin.com

En la segunda página se puede leer: “Parágrafo la declaratoria de caducidad no dará lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 199” más adelante se hacen las siguientes consideraciones: “dicha medida deberá ser adoptada de forma inmediata en tanto debe ser dictada del plazo contractual el cual vence el próximo 30 de mayo de 2016. En el acto de la declaratoria de caducidad habrá de hacerse efectiva el 100% del valor dela cláusula décima primera: sanción penal pecuniaria”

 

Copia 2: Prueba excluida para evitar investigar al alcalde de Ibagué. Cambioin.com

Pasos a seguir: “sugerimos que previo al inicio de la actuación administrativa de declaratoria de la caducidad se designe tanto el alcalde ad-hoc como un director de la entidad igualmente ad-hoc quienes habrán de asumir el encargo de adelantar el proceso sancionatorio” en el punto 8 se advierte: “es del caso advertir que, en el estado actual en que han quedado las obras será necesario adelantar actividades de protección respecto de aquellas que han quedado inconclusas, a fin de evitar su prematuro deterioro” cosa que tampoco se cumplió.

 

Copia 3: Prueba excluida para evitar investigar al alcalde de Ibagué. Cambioin.com

La pagina 4 remata este documento con un consejo que tampoco se tuvo en cuenta: “ello reducirá el riesgo de custodia y deterioro que ocasionen mayores sobrecostos a los ya padecidos por la entidad y a los que se seguirán causando por la existencia de obras inconclusas.

 

Copia 4: Prueba excluida para evitar investigar al alcalde de Ibagué. Cambioin.com

Pero el mandatario local no siguió el procedimiento señalado por el interventor de la obra, para evitar la perdida de más recursos y el deterioro total de lo poco que había, por el contrario se realizó 4 meses después de emitido el documento un contrato con la sociedad colombiana de ingenieros el 3 de agosto de 2016 por un valor de mil 573 millones 454 mil 680 pesos, para saber cual era el estado en que habían quedado las obras. Este dinero lo pago el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, sabiendo el estado y conociendo la intervención que se debería realizar a las obras pues en el escrito ya se hacían las advertencias.

 

Copia 5: Cuadro donde anuncia la alcaldía de Ibagué el contrato con la sociedad colombiana de ingenieros. Cambioin.com

Según la fuente humana la manera como había actuado la administración actual de Guillermo Alfonso Jaramillo, teniendo en cuenta el documento de la interventoría, sería suficiente para vincularlo a la investigación pese haber recuperado parte del dinero invertido por el estado en los escenarios deportivos. El burgomaestre no solo desconoció la advertencia de los encargados de vigilar el proyecto sino que invirtió un dinero para saber cual era el estado de las obras cuando esto ya se sabía y así quedo consignado en el escrito publicado en exclusiva por este medio. Pero la fiscalía no quiso hacerlo para supuestamente no meterse en líos con el mandatario, tal cual sucedió con la imputación de cargos por el caso del alumbrado navideño donde la misma fiscal Claudia Chalarca, también presentó una tibia acusación y no pidió ninguna medida cautelar contra el gobernante sabiendo que puede obstruir la investigación adelanta contra el.

 

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