La UT: sindicatos politiqueros, rectoría oportunista y una universidad tomada por el Barretismo

En la Universidad del Tolima ya casi nadie discute el poder de frente. Se administra en voz baja, se negocia en los corredores, se sonríe en los actos públicos y se calla donde debería haber debate. La universidad, que debería ser un territorio de pensamiento incómodo, parece haberse acostumbrado a una forma triste de obediencia: todos saben algo, muchos murmuran, pocos se atreven y casi nadie responde.

 

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Por: Denuncia comunidad universitaria de la UT. cambioin.com

 

Se habla de autonomía, pero se actúa como si la universidad fuera una finca con actas. Se habla de democracia, pero los pasillos huelen a decisión tomada. Se habla de bienestar, mientras los estudiantes vuelven a mencionar la palabra paro. Se habla de género, pero las denuncias siguen chocando contra la pared fría de la institucionalidad. Se habla de mérito, pero aparecen nombres premiados por concursos mientras sobre ellos pesan historias que la universidad prefiere no mirar de frente.

 

La elección de rector 2026-2030 no es una elección más. Es una radiografía. Y lo que muestra esa radiografía no es sano: muestra una universidad fatigada, tomada por silencios, acomodada a los favores y rodeada por una burocracia que aprendió a vestirse de legalidad.

 

La propia Universidad del Tolima presenta el proceso de elección y designación de rector para el periodo 2026-2030 como un ejercicio de transparencia, legalidad y rigor normativo. Los candidatos oficiales son Yenny Fernanda Urrego Pereira, Jonh Jairo Méndez Arteaga y Diego Fernando Aranda Lozano. El papel dice democracia; la pregunta es si el poder permitirá que esa democracia respire.

 

Porque en la UT la sospecha no nació ayer. La candidata Yenny Urrego denunció públicamente señales de favorecimiento hacia Jonh Jairo Méndez y habló de una posible “simulación democrática”, al advertir que distintos escenarios institucionales estarían reforzando la idea de que la elección ya estaría inclinada hacia Méndez, a quien presenta como continuidad de la administración de Omar Mejía. Esa denuncia, por sí sola, no prueba una captura electoral, pero sí obliga a una pregunta elemental: ¿quién está garantizando que la elección sea una competencia real y no una ceremonia para legitimar una decisión previamente cocinada?

 

Y cuando una candidata habla de simulación democrática, el Consejo Superior no puede hacerse el sordo.

 

El Consejo Superior de la Universidad del Tolima no es un florero. Es el máximo órgano de dirección y gobierno de la institución. Allí tienen asiento el gobernador o su delegado, un miembro designado por el Presidente de la República, un miembro designado por el Ministerio de Educación, representantes de sectores internos y externos, y el rector con voz. Además, tiene funciones gruesas: elegir rector, aprobar presupuesto, definir políticas, determinar bienestar universitario, ratificar comisiones al exterior, autorizar contratos y convenios cuando corresponda y examinar estados financieros.

 

Entonces que no se escondan. Que no digan después que no sabían. Que no digan que solo estaban garantizando el trámite. Que no digan que la autonomía universitaria les amarró las manos. La autonomía no sirve para tapar la politiquería. La autonomía existe para proteger la universidad de la politiquería.

 

Por eso los delegados de Presidencia y del Ministerio de Educación tienen que asumir el debate real. No basta sentarse en el Consejo Superior, votar, sonreír y salir. Tienen que preguntar por contratación, por viáticos, por viajes, por convenios, por recursos, por concursos docentes, por denuncias de violencias basadas en género y por el manejo político del IDEAD. Tienen que exigir información pública, no resúmenes maquillados. Tienen que comportarse como representantes de instituciones nacionales, no como convidados de piedra en una reunión departamental.

 

La Universidad del Tolima está cansada de los silencios elegantes.

 

También están los sindicatos. ASPU y Sintraunicol deben hablar claro. Si tienen candidato, que lo digan. Si negocian apoyos, que lo admitan. Si no negocian nada, que lo demuestren con transparencia. Lo que no pueden hacer es esconderse detrás del discurso de defensa de la universidad pública mientras la comunidad sospecha que algunos sectores sindicales aprendieron a cambiar la indignación por burocracia.

 

El sindicalismo que no revela sus cartas se parece demasiado a aquello que dice combatir.

 

Si ASPU y Sintraunicol respaldan a Méndez, que salgan y lo defiendan. Si no lo respaldan, que lo digan. Si están esperando quién gana para acomodarse después, que al menos tengan la decencia de no hablar de principios. La universidad pública no necesita sindicatos de utilería. Necesita organizaciones con voz, con coherencia y con vergüenza.

 

Pero aquí la vergüenza parece un recurso escaso.

 

La universidad carga, además, una herida profunda: las denuncias de violencias basadas en género. Volcánicas documentó que, en mayo de 2025, estudiantes, docentes, trabajadoras y directivas reunidas en la Asamblea de Mujeres de la UT señalaron que desde 2022 la institución había recibido una oleada de denuncias por violencias basadas en género y exigieron la aprobación inmediata de un reglamento disciplinario para esos casos. Ese mismo contexto incluyó pintas estudiantiles pidiendo la renuncia del rector Omar Mejía Patiño.

 

El asunto no es menor. En una universidad, cuando las mujeres denuncian y la institución responde tarde, el problema deja de ser sólo jurídico. Se vuelve moral. Se vuelve político. Se vuelve estructural. Y cuando la administración administra el dolor como si fuera un expediente incómodo, la universidad deja de ser refugio y se vuelve advertencia.

 

El rector Omar Mejía también quedó en el centro de ese huracán. Medios registraron que una docente y expareja del rector lo denunció por presunta violencia laboral basada en género. Volcánicas informó que la investigación del caso quedó en manos de la Procuraduría Regional; el mismo artículo reseñó que la Universidad aseguró haber garantizado el debido proceso y el acompañamiento institucional.

 

Mejía ha negado los señalamientos, y la presunción de inocencia debe respetarse. Pero una cosa es la presunción de inocencia y otra muy distinta es pretender que la universidad no tenga que responder políticamente por la forma como tramita las denuncias de género. La pregunta no es solo si Mejía es responsable disciplinariamente. La pregunta también es qué hizo la Universidad del Tolima, qué dejó de hacer, a quién protegió, a quién escuchó, a quién silenció y cuánto tiempo tardó en reaccionar.

 

El Consejo Superior aceptó en mayo de 2025 la solicitud de Mejía de separarse temporalmente del cargo mientras avanzaba una investigación por un presunto caso de violencia laboral basada en género. También aprobó la propuesta de conformar una comisión de género independiente y designó una rectoría encargada.  Bien. Pero la pregunta sigue viva: ¿qué cambió realmente dentro de la UT después de esa crisis? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las garantías? ¿Dónde está la protección efectiva para denunciantes? ¿Dónde está la verdad institucional?

 

Apartarse temporalmente no es rendir cuentas. Crear una comisión no es resolver el problema. Invocar el debido proceso no puede convertirse en una forma fina de enfriar las denuncias.

 

A esta redacción llega información según la cual la investigación disciplinaria contra Omar Mejía en Bogotá estaría tomando fuerza y que, incluso dentro de sectores cercanos al barretismo, su presencia ya empieza a verse como un costo político. Esa información debe ser contrastada por las autoridades competentes y por los propios actores políticos. Pero el dato político es evidente: cuando un rector se vuelve incómodo para el poder que antes lo sostuvo, el poder no lo defiende; lo reemplaza.

 

Y ahí aparece Méndez.

 

No necesariamente como líder autónomo. No necesariamente como ruptura. Sino como figura manejable, administrable, útil para que la estructura siga sin cargar con el desgaste de Mejía. Esa es la lectura que circula en sectores universitarios: Méndez como candidato de continuidad, pero con rostro menos costoso. Méndez como puente. Méndez como ficha. Méndez como manera de cambiar el nombre sin cambiar el régimen.

 

Que él lo desmienta. Que explique con quién viene. Que diga qué compromisos tiene. Que revele qué sectores lo acompañan. Porque una rectoría no se mide solo por el programa que imprime. Se mide por las deudas con las que llega.

 

El caso de Andrés Tafur también debe ponerse sobre la mesa. No por linchamiento, sino por coherencia institucional. Tafur se presenta hoy como profesor asistente del Departamento de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad del Tolima y afirma que entre 2019 y 2025 dirigió el Centro de Estudios Regionales, CERE-UT, donde coordinó equipos y proyectos de investigación aplicada y consultoría pública.  Ese dato importa porque no estamos hablando de un profesor marginal. Estamos hablando de alguien que ocupó un lugar de dirección, visibilidad y manejo de proyectos dentro de una dependencia estratégica.

 

Medios regionales publicaron denuncias en las que Tafur fue señalado por presunto acoso sexual cuando era directivo del CERE. El Nuevo Día registró en 2020 una denuncia contra un directivo del CERE por presunto acoso sexual; El Irreverente Ibagué, por su parte, publicó que se habían difundido capturas de una conversación y que Tafur habría pedido disculpas en Facebook, aceptando haberse comportado de manera inapropiada y no haber tenido presente la incomodidad que habría causado.

 

Ese antecedente no equivale a una condena judicial. Pero sí obliga a una pregunta institucional sería: ¿qué hizo la Universidad del Tolima con esa denuncia? ¿La investigó? ¿La archivó? ¿La remitió? ¿La dejó morir en el cansancio? ¿Protegió a la denunciante? ¿Escuchó a las mujeres? ¿Evaluó el impacto de esos señalamientos para posteriores aspiraciones a cargos, concursos, contratos o direcciones?

 

La pregunta se vuelve más delicada porque la Resolución 0184 de 2025 de la Universidad del Tolima incluyó a Jorge Andrés Tafur Villarreal en la lista de elegibles de la convocatoria pública de méritos para profesores de planta 2024, en el Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, perfil IDEAD-07-2024, con puntaje 85,84 y posición 1.

 

Ahí está el punto: la universidad debe explicar si una persona públicamente señalada por presunto acoso sexual tenía o no algún impedimento para concursar; si se revisaron antecedentes disciplinarios; si hubo declaración de conflicto; si existían actuaciones internas; si se analizó el deber institucional de prevención frente a violencias basadas en género; y si el concurso fue no solo jurídicamente válido, sino éticamente defendible.

 

Porque una institución puede cumplir el formulario y fallar en la ética.

 

Y si una universidad que dice combatir las violencias basadas en género termina premiando con elegibilidad de planta a personas sobre las que pesan denuncias públicas no suficientemente aclaradas, entonces el mensaje para las víctimas es brutal: denuncien si quieren, que la burocracia seguirá repartiendo premios.

 

Eso no se llama debido proceso. Eso se llama indolencia institucional.

 

Por eso la Procuraduría competente en el Tolima debería revisar con lupa no solo el trámite disciplinario relacionado con esas denuncias, sino también los contratos, convenios, proyectos, consultorías y recursos gestionados durante la dirección de Tafur en el CERE. No se trata de condenarlo en una columna. Se trata de pedir algo elemental: que se abra la caja, que se revisen los papeles, que se crucen fechas, que se verifiquen beneficiarios, que se revisen supervisiones, que se mire quién contrató, quién ejecutó, quién aprobó y quién recibió.

 

La Universidad del Tolima no puede seguir tratando sus centros académicos como si fueran repúblicas pequeñas, blindadas por lenguaje técnico. El CERE debe explicar qué proyectos manejó, con qué entidades, bajo qué convenios, con qué equipos, con qué resultados y con qué controles. Y si todo está limpio, mejor. Pero si todo está limpio, no debería tener miedo a que lo revisen.

 

La transparencia no debería ofender a nadie que diga tener las manos limpias.

 

Carlos Arturo Gamboa también debe responder políticamente. No como condenado de nada, sino como exdirectivo del IDEAD y actor de una estructura que ha acumulado poder académico, territorial y burocrático. El IDEAD no es una dependencia cualquiera. La propia Universidad recuerda que la educación a distancia nació como una respuesta para quienes no podían acceder a programas presenciales y que ese instituto tiene historia, cobertura y presencia territorial.  Es decir, el IDEAD es territorio. Es matrícula. Es contratación. Es convenios. Es centros regionales. Es burocracia. Es poder.

 

Por eso cualquier proyecto que busque convertirlo en una unidad más autónoma, independiente o casi separatista debe ser discutido con toda la comunidad universitaria, no cocinado en oficinas. A esta redacción han llegado versiones de distintos actores universitarios sobre contratos, convenios y acuerdos alrededor del IDEAD, así como sobre la posibilidad de que esa estructura se proyecte como una unidad con mayor independencia. La universidad tiene que abrir esos papeles. Todos.

 

Contratos. Supervisiones. Convenios. Informes. Viáticos. Gastos de viaje. Responsables. Beneficiarios. Resultados.

 

No basta decir que todo está en la página. La transparencia no es subir PDFs. La transparencia es permitir que cualquier estudiante, profesor, trabajador o ciudadano pueda entender quién decide, quién firma, quién gana y quién responde.

 

Y en este punto el Consejo Superior vuelve a quedar retratado. Si ese órgano puede aprobar presupuesto, autorizar convenios, definir bienestar, ratificar comisiones al exterior y elegir rector, también puede exigir una auditoría política y académica de lo que pasa en el IDEAD, en el CERE, en los concursos docentes y en el manejo de denuncias de género. Si no lo hace, no es por falta de competencia. Es por falta de voluntad.

 

Los estudiantes ya parecen haber entendido algo que muchos directivos prefieren negar: cuando la institucionalidad no responde, el paro deja de ser una amenaza y se convierte en lenguaje. Luego de consultar a distintos voceros del movimiento estudiantil y de revisar el ambiente dejado por las asambleas escalonadas, esta redacción encontró una preocupación común: varios sectores estudiantiles consideran que debe empezar un paro ante la falta de garantías reales de la Universidad del Tolima frente a sus necesidades.

 

No es una frase lanzada al aire. Tiene antecedentes. En agosto de 2024, quince programas de la UT se declararon en asamblea permanente y suspendieron actividades académicas por inconformidades con la gestión del rector Omar Mejía. Entre los motivos señalados estuvieron el gasto de recursos públicos y su falta de transparencia, la ineficiencia de servicios de salud con énfasis en salud mental y señalamientos académicos o disciplinarios contra estudiantes que participaban en procesos asamblearios. Otros ocho programas optaron por asamblea escalonada.

 

Después, en octubre de 2024, el movimiento estudiantil levantó un paro indefinido y regresó a asamblea permanente bajo la promesa de la administración de cumplir mínimos del pliego de peticiones. El mismo reporte advirtió que, si las directivas incumplían los acuerdos, el estudiantado regresaría a paro.

 

Entonces que nadie se sorprenda.

 

Cuando los estudiantes vuelven a hablar de paro, el problema no es el paro. El problema es todo lo que tuvo que fallar antes para que el paro apareciera como salida. Falló la escucha. Falló la transparencia. Falló el bienestar. Falló la salud mental. Falló la garantía de protesta. Falló la respuesta frente a las violencias basadas en género. Falló el Consejo Superior. Falló la administración.

 

Y ahora quieren que los estudiantes sonrían y voten.

 

La UT no puede celebrar una elección rectoral como si estuviera en normalidad mientras por debajo arden las denuncias, las sospechas, los silencios sindicales, los concursos cuestionados y la rabia estudiantil. No puede pedir confianza cuando no entrega verdad. No puede pedir gobernabilidad cuando administra la opacidad. No puede pedir calma cuando ha convertido el cansancio de la comunidad en paisaje.

 

Hay una frase que en política siempre se cumple: el poder no se entrega; se camufla.

 

En la Universidad del Tolima el poder parece estar intentando camuflarse otra vez. Ayer fue Mejía. Hoy podría ser Méndez. Mañana será cualquier otro nombre si la estructura sigue intacta. Por eso la discusión no es solamente sobre candidatos. Es sobre redes. Sobre los favores. Sobre silencios. Sobre sindicatos. Sobre directivos. Sobre consejeros. Sobre delegados nacionales. Sobre un barretismo que, según múltiples voces universitarias, no necesita aparecer en cada documento para sentirse en cada decisión.

 

La universidad pública no se captura de un solo golpe. Se captura por turnos. Un contrato. Un concurso. Un silencio. Una dirección. Un convenio. Un viático. Una comisión. Una omisión frente a una denuncia. Una votación previsible. Un sindicato domesticado. Un Consejo Superior permisivo.

 

Así se pudre una institución: lentamente, con membrete oficial.

 

Por eso hay que destapar todo. Las denuncias de violencias basadas en género. Los expedientes internos. Los concursos docentes. Los contratos del IDEAD. Los convenios del CERE. Los viáticos. Los viajes. Las comisiones. Las actas del Consejo Superior. Las votaciones. Los apoyos sindicales. Las reuniones con candidatos. Las cartas ocultas de ASPU y Sintraunicol. Las relaciones políticas del continuismo.

 

Y, sobre todo, hay que destacar una verdad incómoda: la Universidad del Tolima no está en crisis porque los estudiantes protesten. Está en crisis porque demasiados adultos con poder aprendieron a vivir en la universidad sin rendirle cuentas.

 

Que Omar Mejía responda. Que Jonh Jairo Méndez explique. Que Andrés Tafur aclare. Que Carlos Gamboa rinda cuentas políticas por el IDEAD. Que ASPU y Sintraunicol revelen su postura. Que el Consejo Superior deje de actuar como notario del poder. Que Presidencia y Ministerio asuman su silla. Que la Procuraduría competente revise contratos, convenios y actuaciones. Que el barretismo diga si quiere universidad o quiere botín.

 

Porque la UT no necesita otro rector obediente. Necesita una ruptura.

 

Y si esa ruptura no viene desde arriba, vendrá desde abajo. Desde las asambleas. Desde las mujeres que denuncian. Desde los estudiantes que ya no creen. Desde los profesores que no se venden. Desde los trabajadores que no tragan entero. Desde una comunidad que empieza a entender que la autonomía no se mendiga ante el poder: se defiende contra él.

 

La Universidad del Tolima todavía puede salvarse. Pero no con más silencio. No con más cinismo sindical. No con más concursos opacos. No con más comunicados. No con más candidatos fáciles de manejar.

 

Se salva con verdad.

 

Y la verdad, en la UT, ya no puede seguir esperando permiso.

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