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Los manejos oscuros para nombrar docentes de planta en la Universidad del Tolima
Foto: Rafael Eduardo González Pardo, profesor implicado, y Jhon Jairo Méndez, Rector electo de la Universidad del Tolima. cambioin.com
Por: Editor en Jefe - Publicado en junio 17, 2026
Una delicada denuncia llegó a la redacción de este medio de comunicación digital en donde desnudan el manejo poco transparente, y más bien politiquero qué le están dando al nombramiento de docentes de planta en la universidad del Tolima. Al punto de señalar que los mismos están hecho como el traje de torero hecho a la medida del que se lo a a ganar.
A continuación se transcribe la denuncia pública en su totalidad:
¿Concurso público, o la demostración de los manejos torcidos al interior de la UT? Las sombras politiqueras y oscuras de Rafael Eduardo González en la Universidad del Tolima.
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Por: Editor General. cambioin.com
En la Universidad del Tolima hay un concurso docente que ya no puede leerse como un simple trámite académico. El perfil CHA-03-2026 del ex – decano Rafael Eduardo González Pardo, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, terminó convertido en una pregunta pública incómoda: ¿estamos ante una convocatoria abierta o ante una plaza diseñada con nombre propio?, según fuentes internas de la facultad el decano cuadro todo los procesos administrativos, técnicos, jurados y evaluadores, tanto que les había pagado hasta $30.000.000 millones de pesos a cada una de las personas, para que fallaran a su favor y lo convirtieran en el futuro profesor de planta de la Universidad del Tolima.
La Universidad publicó una convocatoria para docentes de planta. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando se revisa el perfil, la normalidad empieza a oler raro. Se exige profesional en comunicación, maestría o doctorado, experiencia profesional en comunicación organizacional, experiencia docente universitaria en comunicación organizacional y producción académica en comunicación organizacional durante los últimos cinco años. Un perfil estrecho, milimétrico, quirúrgico acomodado para su propio beneficio.
Tan específico que la comunidad universitaria tiene derecho a preguntar si fue construido para resolver una necesidad académica o para ajustarse a una hoja de vida previamente conocida.
La inquietud aumenta cuando el listado oficial de preseleccionados muestra un solo aspirante. Uno solo. Formulario 17993. Identificación 5824069. Puntaje 38,86. Preseleccionado: sí. En una universidad pública, cuando una convocatoria termina con una sola persona en carrera, no basta con decir que “cumplió requisitos”.
Hay que explicar cómo se diseñó el perfil, quién lo propuso, quién lo aprobó, quién lo evaluó, quién respondió reclamaciones y si existieron conflictos de interés. Las fuentes consultadas, mencionara que el ex – decano había hablado con el actual rector ganador John Jairo Méndez, para que ajustara toda la burocracia desde arriba de la universidad y que el haría lo posible para que en la facultad su perfil fuera literalmente el solicitado en la convocatoria.
El nombre que aparece en el centro del debate es el de Rafael Eduardo González Pardo, figura conocida en la Facultad de Ciencias Humanas y Artes por su forma de hacer politiquería, exdirectivo universitario, comunicador del barretismo y actor visible en espacios de articulación entre universidad, empresa y Estado con un perfil uribista para hacer política, porque su forma de hacer las cosas es comprando conciencias, midiendo votos y celebrando a puerta cerrada típica práctica mafiosa de un politiquero que estuvo en la facultad. Su trayectoria quedaría en duda, pues por ser partícipe de una presunta red de mafias que articulan los contratos, diseñan los concursos y se auto-nombrar desde la gobernación y la Universidad del Tolima, todo parece ser una puerta giratoria entre contratos, amiguismos, sexo, corrupción, dineros y politiquería para ser nombrado como profesor de planta.
El problema no es que alguien tenga experiencia. El problema es que un concurso público parezca caminar por una vía sin competidores reales. A esto se suma una ruta contractual que merece revisión. En fuentes públicas aparece su participación como representante legal de AFACOM en un contrato con el ICFES en 2014. También se reportó periodísticamente un contrato con MinTIC en 2021 por 99 millones de pesos, en plena época de cuestionamientos nacionales a esa cartera. Además, archivos de transparencia de la Gobernación del Tolima registran a Rafael González Pardo en contratos de 2025 con valores de 30 millones y 17 millones de pesos, asociados a proyectos de inversión departamental.
Estos datos demuestras su cercanía con el uribismo y su actual amistad con amplios sectores del barretismo en el Tolima. No se trata de afirmar ilegalidad por contratar. Se trata de preguntar si existe una red de relaciones institucionales que debió ser declarada, evaluada y transparentada antes de competir por una plaza de planta en la universidad pública. El caso se vuelve más delicado porque González Pardo también aparece públicamente vinculado al CUEE Tolima, espacio que articula universidad, empresa y Estado un espacio en donde se encuentran actores tradicionales de la clase política barrestista en el departamento.
Otras fuentes, señalan con evidencias contundentes que el señor Rafael Pardo, habría direccionado contratos para las amigas intimas suyas de la Universidad del Tolima, estuvieran facturado con las alianzas Universidad – Estado y empresas de la región, tal como se demuestra un posible entramado de corrupción que hace años estaría gestado el exdecano que aspira hacer futuro profesor de planta de la Universidad del Tolima, lo que revela su perfil politiquero, mafioso, mañoso y mercachifle de la clase mafiosa politiquera de la región. En este espacio del CUEE, confluyen academia, gremios, cámaras de comercio, Gobernación y actores políticos regionales. Y en el Tolima, nadie puede hacerse el ingenuo: el poder no circula en abstracto. Circula con nombres, con apellidos, con alianzas y con estructuras. En el departamento se habla abiertamente del barretismo como fuerza política hegemónica, y recientemente se ha informado sobre acercamientos y alianzas entre sectores del Centro Democrático y esa estructura regional. Será que los actores del CUEE, se quedaran callados o saldrá a tomar distancia de un representante que todo lo cuadra a puertas cerradas con dinero, con sexo, contratos y tráfico de influencias tal como lo mencionan las fuentes denunciantes.
Esa realidad política no prueba por sí sola una irregularidad individual, pero sí obliga a revisar con lupa cualquier proceso donde se mezclen universidad pública, contratación, poder regional y nombramientos de carrera. La pregunta entonces no es menor: ¿el perfil CHA-03-2026 fue un concurso de méritos o un traje confeccionado en silencio? ¿Quién pidió exactamente ese perfil? ¿Por qué se exigió comunicación organizacional de forma tan precisa? ¿Cuántos aspirantes quedaron por fuera y por qué? ¿Quiénes evaluaron? ¿Hubo recusaciones? ¿Se declararon impedimentos? ¿Qué relación contractual, institucional o política tenía el aspirante con directivos, evaluadores o actores de gobierno universitario? La Universidad del Tolima no puede resolver esto con comunicados tibios, será que el rector Méndez se quedara callado, no tomara posición, firmará el nombramiento del señor Pardo o tomará posición frente a este concurso mañoso, politiquero y cerrada para la rosca del barretismo.
Se debe publicar el expediente completo: actas de construcción del perfil, estudios de necesidad, hojas de vida, criterios de evaluación, reclamaciones, respuestas, nombres de evaluadores, soportes de producción académica y trazabilidad de decisiones. La transparencia no es una consigna para discursos; es una obligación cuando hay plata pública, cargos públicos y carrera docente de por medio. También debe actuar la Procuraduría General de la Nación. No cuando el daño esté consumado, sino ahora, los estudiantes solicitan una veeduría universitaria para revisar cada perfil, jurado, evaluador y actor que esta en el actual concurso chaleco, amañado y tramposo en la UT.
Una actuación preventiva permitiría solicitar información, congelar decisiones si hay mérito, revisar conflictos de interés y proteger la confianza pública en el concurso. Lo mismo deberían hacer los órganos de control internos y externos, porque una universidad pública no puede permitir que sus concursos sean percibidos como procesos amarrados, cerrados o capturados por élites académicas y políticas. Más grave aún, sectores de la comunidad han mencionado la existencia de denuncias, chats, audios o videos sobre presuntas conductas indebidas y posibles encubrimientos de violencias basadas en género dentro de la Facultad. Esos señalamientos, por su gravedad, no pueden circular como rumor de pasillo.
Deben ser entregados formalmente a las autoridades competentes, con protección a víctimas y denunciantes, enfoque de género, reserva cuando corresponda y debido proceso. Si son falsos, que se desvirtúen. Si son ciertos, que se investiguen hasta el fondo y que sea sancionado el ex-decano por tráfico de influencia y desviación de poder teniendo en cuenta su facultad legal como ex-directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes en la UT.
La Universidad del Tolima tiene que escoger entre dos caminos: esconderse detrás del formalismo o abrir las ventanas. Puede decir que todo cumple el reglamento, o puede demostrarlo con documentos. Puede defender a sus círculos de poder, o puede defender la universidad pública. Puede permitir que el concurso avance bajo sospecha, o puede ordenar una revisión integral antes de que la plaza se convierta en otro símbolo de la captura institucional. Y aquí también queda una pregunta para quienes aspiran a conducir la universidad: ¿qué hará el rector John Jairo Méndez frente a este episodio o guardará silencio cómplice y será otro corrupto directivo de alto nivel? ¿Guardará silencio ante un concurso cuestionado? ¿O pedirá una revisión seria, pública y documentada para demostrar que la Universidad del Tolima no es una oficina de favores, ni una extensión de clanes políticos, ni un laboratorio de nombramientos previamente cocinados?
La universidad pública no puede hablar de ética mientras sus concursos generan sospechas. No puede formar ciudadanos críticos mientras sus propios procesos parecen diseñados para excluir la competencia. No puede exigir transparencia al Estado si no transparenta su propia casa. El perfil CHA-03-2026 debe revisarse. Los contratos deben revisarse. Las relaciones institucionales deben revisarse. Las reclamaciones deben revisarse. Las denuncias deben revisarse y el señor Pardo por ética debe desistir del concurso, y de su cargo de representante del CUEE, si no lo hace los empresarios, el sector del Estado y la Universidad, estarían reafirmando que para llegar a esos lugares se debe ser politiquero, tramposo, mafioso, pusilánime y un comunicador de la mafia del poder universitario.
Las fuentes consultadas, señalan que el movimiento estudiantil universitario de la UT, tomara posición frente a estas denuncias de los concursos amarrados, cerrados y cuadrados a título personal. Porque cuando un concurso público termina con un solo preseleccionado, un perfil demasiado exacto y una red de poder alrededor, la pregunta ya no es si hay mérito. La pregunta es si hubo igualdad real. Hoy el señor Rafael Pardo, debe desistir del concurso, debe ser investigado por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación ante los posibles delitos y faltas disciplinarias cometidas, el CUEE debe tomar postura y el rector John Jairo Méndez, debe pronunciarse sobre el concurso actual y sobre esta situación en particular, y esa respuesta no se da con discursos mediocres e institucionalmente cómplices de la mafia o en verdad se convertiría en el rector del barretismo, las mafias y los politiqueros de la región. Su respuesta debe darse con expedientes abiertos, órganos de control activos y una comunidad universitaria que no se deje tratar como si no entendiera lo que está viendo, hoy los estudiantes solicitan que sea un actor que verifiquen cada etapa del concurso y los resultados finales.
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En la Universidad del Tolima hay un concurso docente que ya no puede leerse como un simple trámite académico. El perfil CHA-03-2026 del ex – decano Rafael Eduardo González Pardo, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, terminó convertido en una pregunta pública incómoda: ¿estamos ante una convocatoria abierta o ante una plaza diseñada con nombre propio?, según fuentes internas de la facultad el decano cuadro todo los procesos administrativos, técnicos, jurados y evaluadores, tanto que les había pagado hasta $30.000.000 millones de pesos a cada una de las personas, para que fallaran a su favor y lo convirtieran en el futuro profesor de planta de la Universidad del Tolima.
La Universidad publicó una convocatoria para docentes de planta. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando se revisa el perfil, la normalidad empieza a oler raro. Se exige profesional en comunicación, maestría o doctorado, experiencia profesional en comunicación organizacional, experiencia docente universitaria en comunicación organizacional y producción académica en comunicación organizacional durante los últimos cinco años. Un perfil estrecho, milimétrico, quirúrgico acomodado para su propio beneficio.
Tan específico que la comunidad universitaria tiene derecho a preguntar si fue construido para resolver una necesidad académica o para ajustarse a una hoja de vida previamente conocida.
La inquietud aumenta cuando el listado oficial de preseleccionados muestra un solo aspirante. Uno solo. Formulario 17993. Identificación 5824069. Puntaje 38,86. Preseleccionado: sí. En una universidad pública, cuando una convocatoria termina con una sola persona en carrera, no basta con decir que “cumplió requisitos”.
Hay que explicar cómo se diseñó el perfil, quién lo propuso, quién lo aprobó, quién lo evaluó, quién respondió reclamaciones y si existieron conflictos de interés. Las fuentes consultadas, mencionara que el ex – decano había hablado con el actual rector ganador John Jairo Méndez, para que ajustara toda la burocracia desde arriba de la universidad y que el haría lo posible para que en la facultad su perfil fuera literalmente el solicitado en la convocatoria.
El nombre que aparece en el centro del debate es el de Rafael Eduardo González Pardo, figura conocida en la Facultad de Ciencias Humanas y Artes por su forma de hacer politiquería, exdirectivo universitario, comunicador del barretismo y actor visible en espacios de articulación entre universidad, empresa y Estado con un perfil uribista para hacer política, porque su forma de hacer las cosas es comprando conciencias, midiendo votos y celebrando a puerta cerrada típica práctica mafiosa de un politiquero que estuvo en la facultad. Su trayectoria quedaría en duda, pues por ser partícipe de una presunta red de mafias que articulan los contratos, diseñan los concursos y se auto-nombrar desde la gobernación y la Universidad del Tolima, todo parece ser una puerta giratoria entre contratos, amiguismos, sexo, corrupción, dineros y politiquería para ser nombrado como profesor de planta.
El problema no es que alguien tenga experiencia. El problema es que un concurso público parezca caminar por una vía sin competidores reales. A esto se suma una ruta contractual que merece revisión. En fuentes públicas aparece su participación como representante legal de AFACOM en un contrato con el ICFES en 2014. También se reportó periodísticamente un contrato con MinTIC en 2021 por 99 millones de pesos, en plena época de cuestionamientos nacionales a esa cartera. Además, archivos de transparencia de la Gobernación del Tolima registran a Rafael González Pardo en contratos de 2025 con valores de 30 millones y 17 millones de pesos, asociados a proyectos de inversión departamental.
Estos datos demuestras su cercanía con el uribismo y su actual amistad con amplios sectores del barretismo en el Tolima. No se trata de afirmar ilegalidad por contratar. Se trata de preguntar si existe una red de relaciones institucionales que debió ser declarada, evaluada y transparentada antes de competir por una plaza de planta en la universidad pública. El caso se vuelve más delicado porque González Pardo también aparece públicamente vinculado al CUEE Tolima, espacio que articula universidad, empresa y Estado un espacio en donde se encuentran actores tradicionales de la clase política barrestista en el departamento.
Otras fuentes, señalan con evidencias contundentes que el señor Rafael Pardo, habría direccionado contratos para las amigas intimas suyas de la Universidad del Tolima, estuvieran facturado con las alianzas Universidad – Estado y empresas de la región, tal como se demuestra un posible entramado de corrupción que hace años estaría gestado el exdecano que aspira hacer futuro profesor de planta de la Universidad del Tolima, lo que revela su perfil politiquero, mafioso, mañoso y mercachifle de la clase mafiosa politiquera de la región. En este espacio del CUEE, confluyen academia, gremios, cámaras de comercio, Gobernación y actores políticos regionales. Y en el Tolima, nadie puede hacerse el ingenuo: el poder no circula en abstracto. Circula con nombres, con apellidos, con alianzas y con estructuras. En el departamento se habla abiertamente del barretismo como fuerza política hegemónica, y recientemente se ha informado sobre acercamientos y alianzas entre sectores del Centro Democrático y esa estructura regional. Será que los actores del CUEE, se quedaran callados o saldrá a tomar distancia de un representante que todo lo cuadra a puertas cerradas con dinero, con sexo, contratos y tráfico de influencias tal como lo mencionan las fuentes denunciantes.
Esa realidad política no prueba por sí sola una irregularidad individual, pero sí obliga a revisar con lupa cualquier proceso donde se mezclen universidad pública, contratación, poder regional y nombramientos de carrera. La pregunta entonces no es menor: ¿el perfil CHA-03-2026 fue un concurso de méritos o un traje confeccionado en silencio? ¿Quién pidió exactamente ese perfil? ¿Por qué se exigió comunicación organizacional de forma tan precisa? ¿Cuántos aspirantes quedaron por fuera y por qué? ¿Quiénes evaluaron? ¿Hubo recusaciones? ¿Se declararon impedimentos? ¿Qué relación contractual, institucional o política tenía el aspirante con directivos, evaluadores o actores de gobierno universitario? La Universidad del Tolima no puede resolver esto con comunicados tibios, será que el rector Méndez se quedara callado, no tomara posición, firmará el nombramiento del señor Pardo o tomará posición frente a este concurso mañoso, politiquero y cerrada para la rosca del barretismo.
Se debe publicar el expediente completo: actas de construcción del perfil, estudios de necesidad, hojas de vida, criterios de evaluación, reclamaciones, respuestas, nombres de evaluadores, soportes de producción académica y trazabilidad de decisiones. La transparencia no es una consigna para discursos; es una obligación cuando hay plata pública, cargos públicos y carrera docente de por medio. También debe actuar la Procuraduría General de la Nación. No cuando el daño esté consumado, sino ahora, los estudiantes solicitan una veeduría universitaria para revisar cada perfil, jurado, evaluador y actor que esta en el actual concurso chaleco, amañado y tramposo en la UT.
Una actuación preventiva permitiría solicitar información, congelar decisiones si hay mérito, revisar conflictos de interés y proteger la confianza pública en el concurso. Lo mismo deberían hacer los órganos de control internos y externos, porque una universidad pública no puede permitir que sus concursos sean percibidos como procesos amarrados, cerrados o capturados por élites académicas y políticas. Más grave aún, sectores de la comunidad han mencionado la existencia de denuncias, chats, audios o videos sobre presuntas conductas indebidas y posibles encubrimientos de violencias basadas en género dentro de la Facultad. Esos señalamientos, por su gravedad, no pueden circular como rumor de pasillo.
Deben ser entregados formalmente a las autoridades competentes, con protección a víctimas y denunciantes, enfoque de género, reserva cuando corresponda y debido proceso. Si son falsos, que se desvirtúen. Si son ciertos, que se investiguen hasta el fondo y que sea sancionado el ex-decano por tráfico de influencia y desviación de poder teniendo en cuenta su facultad legal como ex-directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes en la UT.
La Universidad del Tolima tiene que escoger entre dos caminos: esconderse detrás del formalismo o abrir las ventanas. Puede decir que todo cumple el reglamento, o puede demostrarlo con documentos. Puede defender a sus círculos de poder, o puede defender la universidad pública. Puede permitir que el concurso avance bajo sospecha, o puede ordenar una revisión integral antes de que la plaza se convierta en otro símbolo de la captura institucional. Y aquí también queda una pregunta para quienes aspiran a conducir la universidad: ¿qué hará el rector John Jairo Méndez frente a este episodio o guardará silencio cómplice y será otro corrupto directivo de alto nivel? ¿Guardará silencio ante un concurso cuestionado? ¿O pedirá una revisión seria, pública y documentada para demostrar que la Universidad del Tolima no es una oficina de favores, ni una extensión de clanes políticos, ni un laboratorio de nombramientos previamente cocinados?
La universidad pública no puede hablar de ética mientras sus concursos generan sospechas. No puede formar ciudadanos críticos mientras sus propios procesos parecen diseñados para excluir la competencia. No puede exigir transparencia al Estado si no transparenta su propia casa. El perfil CHA-03-2026 debe revisarse. Los contratos deben revisarse. Las relaciones institucionales deben revisarse. Las reclamaciones deben revisarse. Las denuncias deben revisarse y el señor Pardo por ética debe desistir del concurso, y de su cargo de representante del CUEE, si no lo hace los empresarios, el sector del Estado y la Universidad, estarían reafirmando que para llegar a esos lugares se debe ser politiquero, tramposo, mafioso, pusilánime y un comunicador de la mafia del poder universitario.
Las fuentes consultadas, señalan que el movimiento estudiantil universitario de la UT, tomara posición frente a estas denuncias de los concursos amarrados, cerrados y cuadrados a título personal. Porque cuando un concurso público termina con un solo preseleccionado, un perfil demasiado exacto y una red de poder alrededor, la pregunta ya no es si hay mérito. La pregunta es si hubo igualdad real. Hoy el señor Rafael Pardo, debe desistir del concurso, debe ser investigado por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación ante los posibles delitos y faltas disciplinarias cometidas, el CUEE debe tomar postura y el rector John Jairo Méndez, debe pronunciarse sobre el concurso actual y sobre esta situación en particular, y esa respuesta no se da con discursos mediocres e institucionalmente cómplices de la mafia o en verdad se convertiría en el rector del barretismo, las mafias y los politiqueros de la región. Su respuesta debe darse con expedientes abiertos, órganos de control activos y una comunidad universitaria que no se deje tratar como si no entendiera lo que está viendo, hoy los estudiantes solicitan que sea un actor que verifiquen cada etapa del concurso y los resultados finales.
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