Oficina de Rentas del Tolima, enterró emprendimiento, abusando de su poder

Un funcionario de rango medio de la oficina de Rentas del departamento del Tolima, abusando de su poder habría realizado exigencias a un joven empresario Ibaguereño para no dejar funcionar su emprendimiento, la denuncia la realizó el mismo afectado, y exige que la Gobernación del Tolima tome correctivos urgentes.

 

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Por: Editor General. cambioin.com

 

Está es la denuncia realizada por Julian Bobadilla, joven empresario, que se quebró por culpa de la entidad oficial:

 

Soy Julián Bobadilla, joven empresario de 29 años del Tolima.

Desde el año 2016 soñé con crear un licor que representará a nuestro departamento y al país, apoyando a caficultores tolimenses y dinamizando la economía rural.

Después de años de lucha, en el 2020 logré financiar y crear la empresa. Arrendé una bodega, compré maquinaria y comencé el proceso. Pero hacer empresa legal en Colombia no es fácil… y en el Tolima, parece ser aún más difícil.

Para producir licor de manera legal se requieren permisos adicionales:

INVIMA (sanitario) y Rentas (tributario).

 

En el caso del INVIMA: Primero, una visita de aprobación de la bodega, cumpliendo estrictos requisitos sanitarios que me obligaron a realizar una inversión significativa en adecuaciones. Segundo, el registro sanitario, con un costo cercano a $4.000.000, además de cumplir múltiples exigencias adicionales.

 

Después de todo esto, iniciamos el proceso ante la Gobernación del Tolima para obtener los permisos de producción, distribución y venta.

Un proceso que debería ser técnico y transparente… pero que terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Duró aproximadamente 14 meses, no por falta de requisitos, sino por negligencia de funcionarios que, amparados en su estabilidad laboral y el trabajo remoto durante la pandemia, simplemente no avanzaban el proceso.

 

Durante ese tiempo, tuvimos que sostener la empresa con recursos propios, sin ninguna certeza de poder operar. Solo gracias a la presión mediática y al apoyo de la ciudadanía logramos finalmente obtener los permisos. Pero el daño ya estaba hecho.

 

La financiación se agotó, las deudas crecieron y las consecuencias no solo fueron económicas… también afectaron profundamente mi salud mental.

Aun así, seguí adelante.

Porque emprender en esta tierra debería ser motivo de orgullo, no de desgaste.

 

Hoy la situación es aún más preocupante. Actualmente, un funcionario de Rentas Departamentales, ignorando la ordenanza vigente —que es la norma que define requisitos, funciones y procedimientos aprobados por la Asamblea— nos está exigiendo condiciones que no existen en dicha norma, acompañadas de sanciones económicas.

 

Lo más grave es que, al solicitarle una explicación en reunión formal, no pudo sustentar técnicamente sus decisiones. Intentó basarse en el manual, pero sin argumentos claros ni coherentes. Y aun así, estos requerimientos pasan por un filtro jurídico antes de ser enviados.

¿Cómo es posible que se avalen decisiones sin fundamento normativo?

 

Por otra parte, debido a los altos costos operativos, nos vimos obligados a cambiar de bodega.

Como empresa legal, seguimos todo el proceso nuevamente: invertimos en adecuaciones, cumplimos protocolos sanitarios y solicitamos la visita del INVIMA, un proceso que tarda meses pero que entendemos y respetamos.

Hasta ahí, todo iba dentro de lo esperado.

 

El problema volvió a aparecer en Rentas Departamentales del Tolima. Para aprobar la nueva bodega, los requisitos son claros:

Solicitud formal, Certificado de Cámara de Comercio, Uso del suelo (zona comercial o mixta) Especificaciones técnicas, Documentación legal

Visita del Invima.

 

Sin embargo, el funcionario encargado exige que la bodega está ubicada en zona industrial, algo que NO está contemplado en la ordenanza. Al hablar directamente con él, reconoce la inversión realizada y entiende el impacto económico… pero afirma que “no puede hacer nada”.

En otras palabras, nos están obligando a perder toda la inversión: adecuaciones, arriendos, trámites y tiempo… para empezar de cero en una zona industrial.

 

La realidad es aún más crítica.

En Ibagué, según el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), las zonas industriales son limitadas. Y las pocas bodegas disponibles son demasiado grandes y costosas para una empresa pequeña como la nuestra. Esto no solo es una exigencia desproporcionada… es una barrera directa para la formalidad.

 

Hoy estamos completamente bloqueados. Este funcionario, con decisiones sin sustento claro, nos está impidiendo avanzar en el proceso, solicitar estampillas y continuar con la comercialización en el departamento. Nos obliga, en la práctica, a detenernos por completo y quedarnos con los brazos cruzados. A ver cómo una empresa legal, que ha cumplido cada requisito, se apaga… no por falta de esfuerzo, sino por decisiones arbitrarias.

 

¿Ser legal en el Tolima es un castigo? ¿Emprender formalmente significa enfrentarse a barreras que hacen inviable seguir?

 

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