Polémica por designación de Jaramillista triple A, en intervención de la USI

Controversia, no por la intervención de la Unidad de Salud de Ibagué o USI por su sigla, sino por la persona que la Superintendencia de Salud designó para que ocupara el cargo de agente interventor, se trata de la exsecretaria de salud de Ibagué y el Tolima, Edilma Isabel Hurtado Cardona, enfermera de profesión, quien siempre ha pertenecido a las filas del ex senador Mauricio Jaramillo Martínez. Un punto polémico teniendo en cuenta que en estos momentos está andando la jornada electoral para la Cámara de representantes. En el pasado la señora Hurtado Cardona, tuvo investigación por parte de la Contraloría General de la República, cuando fue Secretaria de Salud del Tolima, por malos manejos en los recursos por medicamentos de alto costo, cuando estaba de Gobernador el liberal Jaramillista Luis Carlos Delgado Peñon

 

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Por: Editor General, y Oficina de prensa de la Superintendencia de salud de Colombia. cambioin.com

 

Qué dijo la Superintendencia de Salud sobre la intervención de la USI:

 

Supersalud ordena intervención forzosa administrativa para administrar por un año a la Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

 

Tras varios ciclos de auditorías y seguimientos y ante la persistencia de graves deficiencias asistenciales, administrativas, jurídicas y financieras que ponen en riesgo la seguridad del paciente y la adecuada prestación del servicio de salud, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata y la intervención forzosa administrativa para administrar, por el término de un (1) año, a la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado.

 

La medida se adopta luego de verificarse reiteradas vulneraciones a las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, fallas que no fueron subsanadas pese a los requerimientos, auditorías ordenados y planes de mejoramiento aprobados por esta Superintendencia, las visitas realizadas durante las vigencias 2023, 2024 y 2025 demostraron un deterioro progresivo en la operación institucional, afectando la oportunidad, continuidad, accesibilidad y seguridad de la atención en salud.

 

En consecuencia, la Supersalud adoptó las siguientes decisiones:

 

La remoción inmediata de la gerente y de todos los miembros de la Junta Directiva.

La designación de la doctora Edilma Isabel Hurtado Cardona como agente especial interventora, quien asume desde hoy las funciones de representante legal y administradora de la entidad.

La ejecución de acciones inmediatas para garantizar la prestación segura y continua de los servicios de salud.

Por lo que la doctora Edilma Isabel Hurtado Cardona deberá presentar en un plazo máximo de treinta (30) días un plan de acción integral, orientado a superar entre otras las siguientes fallas identificadas:

 

Restablecer la calidad y seguridad en la atención, especialmente en urgencias, consulta externa, farmacia, atención materno-infantil y manejo de desnutrición.

Corregir fallas en prácticas seguras, fortaleciendo procedimientos de esterilización, gestión de eventos adversos, almacenamiento de medicamentos y control de inventarios.

Garantizar talento humano suficiente y competente, así como el pago oportuno de salarios y prestaciones.

Regularizar la información del REPS y eliminar barreras de acceso para los usuarios.

Ejecutar el mantenimiento hospitalario obligatorio, asegurando infraestructura digna y segura.

Recuperar la estabilidad financiera, mediante depuración contable, mejora en la facturación y control del gasto.

Restablecer la gobernanza institucional, asegurando cumplimiento normativo y procesos de transparencia.

Durante toda la intervención, la Superintendencia Nacional de Salud realizará monitoreo estricto al cumplimiento del plan de acción y de las órdenes impartidas, con el fin de restablecer la estabilidad institucional y garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de la población de Ibagué y su área de influencia.

 

La Supersalud reitera su compromiso con la vigilancia y control del sistema de salud, la defensa de los usuarios y la protección de los recursos públicos.

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