SecreEducación, enredado por licitación chaleco de la vigilancia de colegios de Ibagué

¿El contrato de vigilancia de $2.657 millones en Ibagué ya tiene ganador?. Requisitos, licencias, pólizas y tiempos de ejecución levantan sospechas sobre un millonario contrato para vigilar los colegios oficiales de Ibagué. Una empresa que ya presta el servicio aparece, según los cuestionamientos, como la única que cumpliría todas las condiciones. Sobre todo cuando existe antecedentes de la cercanía de la empresa ganadora, con la familia del exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera.

 

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Por: Editor Local y Denuncia Ciudadana. cambioin.com

 

El secretario de Educación de Ibagué Diego Guzmán, podrá explicar el contrato de vigilancia de los colegios oficiales con todas las razones técnicas que quiera. Pero hay una pregunta que difícilmente desaparecerá mientras no se despejen las dudas del proceso:

 

¿Por qué un contrato de casi $2.657 millones parece diseñado para que muy pocos puedan competir?

 

La contratación tiene un propósito que nadie cuestiona: proteger a estudiantes, profesores y las instalaciones educativas de la ciudad. El problema está en las condiciones establecidas para participar.

 

Y ahí es donde comienza la historia que tiene bajo la lupa al secretario de Educación de Ibagué Diego Fernando Guzmán García, cuota del exalcalde Jesús María Chucho Botero.

 

Uno de los requisitos más polémicos exige que los interesados tengan sede principal en Ibagué con 15 años de antigüedad, además de una agencia registrada en la ciudad con mínimo dos años.

 

En términos prácticos, una empresa nacional que tenga experiencia, capacidad financiera y tecnológica, pero que no tenga esa antigüedad específica en Ibagué, queda prácticamente mirando desde la barrera.

 

¿Es una condición necesaria para prestar seguridad?

 

¿O es una condición que termina cerrando la puerta a buena parte del mercado?

 

Una de las empresas interesadas puso precisamente esa inquietud sobre la mesa a través del SECOP II. La respuesta del Comité evaluador fue contundente: según la administración, el requisito no constituye una barrera geográfica ni restringe la libre competencia, sino que busca garantizar una capacidad logística inmediata en el territorio.

 

Una explicación jurídicamente defendible, quizás.

 

Pero políticamente deja una pregunta mucho más sencilla:

 

¿Cuántas empresas realmente pueden cumplirla?

 

Porque en contratación pública no basta con escribir “libre competencia” en el estudio previo. La verdadera competencia se demuestra cuando existen varios oferentes en condiciones reales de disputar el contrato.

 

Y aquí aparecen más requisitos.

 

El proceso también contempla que los proponentes tengan licencias específicas del Ministerio TIC con frecuencias asignadas para Tolima e Ibagué.

 

La Secretaría de Educación de Ibagué sostiene que necesita garantizar canales de comunicación propios, seguros, cerrados, encriptados y disponibles las 24 horas para atender las necesidades de las instituciones educativas.

 

El argumento puede sonar técnicamente impecable.

 

Pero los críticos del proceso consideran que esa condición reduce todavía más el número de empresas capaces de participar, especialmente porque existen compañías que operan sistemas de comunicación de alcance nacional y tecnologías diferentes.

 

Y cuando se van acumulando requisitos, aparece la pregunta inevitable:

 

¿Estamos frente a un proceso abierto o frente a una lista de condiciones que solamente unos pocos pueden cumplir? Es decir una licitación Chaleco, traje de torero, o hecho para un proponente específico.

 

Pero todavía falta más.

 

El pliego también ha generado cuestionamientos por el monto de las pólizas exigidas, que, según las observaciones presentadas, superarían ampliamente los mínimos establecidos en la regulación general.

 

Traducido al lenguaje de la calle: participar no solamente sería difícil, sino costoso.

 

Y si a eso se agregan determinados perfiles laborales, vehículos y motocicletas con modelo 2024, el filtro se vuelve todavía más estrecho.

 

Una condición. Luego otra. Después otra. Y otra.

 

Hasta que llega la pregunta que nadie quiere formular públicamente:

 

¿Quién queda parado después de pasar todos los filtros?

 

Según los cuestionamientos recogidos en torno al proceso, la respuesta apuntaría hacia Seguridad Trébol, empresa que durante los últimos años ha obtenido contratos millonarios con la Administración Municipal y que, según las denuncias conocidas, sería la compañía que estaría en capacidad de cumplir integralmente las exigencias. Pero también que tiene mucha cercanía con la familia del polémico y cuestionado exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera.

 

Eso, por supuesto, no demuestra por sí mismo que exista direccionamiento.

 

Pero sí explica por qué el proceso merece ser observado con lupa.

 

Porque una cosa es que una empresa termine ganando después de competir limpiamente.

 

Y otra muy distinta sería que los requisitos hayan sido construidos de tal manera que, antes de comenzar la competencia, ya se conozca quién tiene las mejores posibilidades.

 

La diferencia entre ambas situaciones se llama selección objetiva.

 

Y justamente por eso el proceso debe ser transparente de principio a fin.

 

Hay otro elemento que tampoco puede pasar inadvertido.

 

El contrato contempla la instalación de un sistema de alarmas con 760 sensores alámbricos y 156 inalámbricos, además de un circuito cerrado de televisión con 16 cámaras.

 

Todo esto tendría que quedar funcionando en un plazo de 132 días.

 

Un experto consultado por el medio citado considera que solamente la instalación de los equipos tecnológicos podría requerir cerca de 60 días.

 

Entonces aparece otro interrogante:

 

¿Quién tiene la infraestructura instalada, el conocimiento del territorio y la capacidad operativa para comenzar prácticamente desde el primer día?

 

Si la respuesta termina siendo la empresa que ya presta el servicio, el asunto adquiere todavía más interés.

 

No porque eso sea ilegal.

 

Sino porque la contratación pública no puede convertirse en una carrera donde un competidor comienza en la línea de partida y otro ya lleva diez kilómetros recorridos.

 

Y hay una señal que resulta todavía más incómoda.

 

Varias empresas de seguridad consultadas habrían manifestado que no tienen intención de participar en el proceso.

 

¿La razón?

 

Según lo recogido en la información publicada, la respuesta de algunas habría sido, en esencia:

 

“¿Para qué, si ya se sabe quién va a ganar?”

 

Esa frase no es una prueba judicial de direccionamiento.

 

Pero sí es una alarma política.

 

Y una administración responsable debería querer apagarla con información pública.

 

No con indignación.

 

No con comunicados.

 

No atacando a quienes preguntan.

 

Con documentos.

 

Que se conozca cuántas empresas fueron consultadas para estructurar el proceso.

 

¿Cuántas cumplen cada requisito?.

 

¿Por qué se establecieron 15 años de antigüedad?.

 

¿Por qué se exige la infraestructura local?.

 

¿Por qué determinadas licencias son indispensables?.

 

¿Por qué los vehículos deben ser modelo 2024?.

 

¿Cómo se calcularon las pólizas?.

 

Y, sobre todo, cuántas empresas pueden cumplir simultáneamente todas las condiciones.

 

Porque ahí está el verdadero corazón del asunto.

 

Si son muchas, perfecto. Que compita. Si son pocas, ¿expliquen por qué?.

 

Y si solamente una logra superar todos los filtros, la Secretaría de Educación de Ibagué, tendrá que ofrecer una explicación mucho más convincente que la simple frase de que “no se restringe la competencia”.

 

Porque la competencia no se presume: se demuestra.

 

Mientras tanto, un contrato de $2.657 millones para vigilar los colegios de Ibagué sigue caminando hacia su adjudicación.

 

Y la ciudad tiene derecho a saber si está frente a una contratación técnicamente sofisticada para garantizar la seguridad de sus estudiantes o frente a un proceso cuyas condiciones terminaron dejando el camino despejado para un ganador previamente favorecido.

 

Nadie está diciendo que Seguridad Trébol ya sea el ganador.

 

Nadie está diciendo que exista un delito.

 

Lo que se está diciendo es mucho más elemental:

 

Hay preguntas que deben ser respondidas antes de entregar $2.657 millones del bolsillo de los ibaguereños.

 

Porque si todo está limpio, la transparencia debería ser la mejor defensa.

 

Y si no lo está, más vale que alguien encienda las alarmas antes de que sean las alarmas de los colegios las que terminan sonando.

 

Ibagué merece competencia real, no contratos con nombre propio. Pero sobre todo que se aclare si el secretario de Educación de Ibagué Diego Fernando Guzmán García, le está haciendo un favor a su jefe Jesús María Chucho Botero, quién pretende conservar una amistad con el exalcalde Andrés Hurtado, inclusive encontraría de la misma alcaldesa de la capital del Tolima.

 

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