Soberanía tecnológica. El vacío en los programas presidenciales.

Por: Johan Sebastián Gutiérrez Mosquera. Columnista invitado cambioin.com

 

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Los programas presidenciales dicen mucho sobre el país que imaginan los candidatos, pero también revelan —con mayor precisión— lo que no están viendo. En esta campaña, entre promesas de seguridad, crecimiento económico, justicia social y reformas institucionales, hay una ausencia que atraviesa todas las propuestas sin distinción ideológica: la falta de una visión estructural sobre la inteligencia artificial como infraestructura tecnológica que transforma y re configura el Estado.

 

El análisis comparado de los programas de gobierno de los principales candidatos presidenciales resulta revelador. No tanto por lo que dicen sobre inteligencia artificial, sino por lo que omiten sobre el poder que la hace posible.

 

La inteligencia artificial reorganiza a escala planetaria el trabajo, la economía, la seguridad, la educación, el ambiente y la democracia a una velocidad que desborda a los Estados, las comunidades y los individuos. Quienes aspiran a gobernar Colombia hasta la fecha han demostrado que carecen de una lectura sistémica del fenómeno. No logran entenderlo como una transformación estructural del poder que exige integrar actores, sectores, recursos y decisiones hoy fragmentados.

 

Gobernar la inteligencia artificial con soberanía real excede lo técnico de ingenieros o programadores, y tampoco se resuelve con regulación aislada. Es un problema de arquitectura de poder estatal que involucra, al menos, seis dimensiones simultáneas. Sin ellas, cualquier política pública resulta parcial, incompleta o fragmentaria: control soberano de los datos; infraestructura computacional y energética propia (centros de datos soberanos); capacidad nacional de generar conocimiento tecnológico de frontera (revolución educativa de la IA); marcos jurídicos regulatorios y vinculantes; gestión soberana y ambientalmente responsable de los minerales críticos y el agua del territorio; y mecanismos de articulación entre el Estado, la academia, las fuerzas militares, el sector empresarial, las finanzas públicas, la administración tributaria y las comunidades. Cuando alguna de esas dimensiones falla o se ignora, la cadena se rompe entera. Cuando todas se ignoran al mismo tiempo, el resultado ya no se puede llamar simple atraso: emerge una dependencia sistemática, voluntaria y casi irreversible.

 

La lógica que opera en ausencia de esa integración resulta simple y devastadora. Sin infraestructura propia, se importa la ajena. Sin conocimiento propio, se contrata el externo. Sin plataformas soberanas de defensa tecnológica, se arriendan las de otros. Así, paso a paso, sin que nadie lo declare formalmente, un país termina arrendando su democracia, su seguridad, su administración pública, su soberanía fiscal y, finalmente, su capacidad de decidir sobre su propio territorio. La dependencia comienza en lo técnico, se consolida en lo económico y acaba instalándose en lo político. Esto no funciona como metáfora. Es el mecanismo concreto por el cual las asimetrías tecnológicas se convierten en asimetrías de poder.

 

Lo más revelador del panorama político colombiano frente a la inteligencia artificial es que su fragilidad no obedece a una tendencia ideológica particular. Atraviesa por igual a la izquierda y a la derecha, al progresismo y al conservadurismo. Es una carencia estructural que afecta a todos los liderazgos: la incapacidad de hacer análisis integrador de un fenómeno sistémico. La inteligencia artificial no se percibe como una transformación del poder político, del Estado y de la democracia, sino como un instrumento útil para objetivos acotados: la gestión, la vigilancia, el trámite, la eficiencia operativa. Esa percepción reduccionista constituye, en sí misma, una forma de renuncia. Con esos criterios analizamos los programas de los cuatro candidatos con mayor intención de voto en la coyuntura electoral. El resultado se repite en los cuatro casos, aunque cada uno lo expresa de manera distinta.

 

El programa de Iván Cepeda, "El Poder de la Verdad", es el más político de los cuatro. Defiende la soberanía frente a Estados Unidos desde una interpretación explícitamente decolonial, critica la Doctrina Monroe, las bases militares, la guerra contra las drogas. Pero cuando se busca qué dice sobre inteligencia artificial, el silencio resulta casi total. La inteligencia artificial aparece como un apoyo instrumental a la lucha contra la corrupción. No encuentra propuesta de centros de datos bajo control público, ni de infraestructura energética soberana para alimentarlos, ni de marcos que regulen lo que las plataformas transnacionales hacen con los datos de los colombianos, ni de articulación con la academia o con sectores productivos nacionales en un proyecto de país de largo aliento junto a la IA. La paradoja resulta política en el sentido más preciso: se denuncia el colonialismo de las bases militares, pero se desconoce o no se señala la discusión del colonialismo de los datos, del capitalismo de vigilancia y del capitalismo de plataformas. Es menos visible, pero está en todos lados y a toda hora presente.

 

El plan "Colombia Más Grande 2026" de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo propone un "Estado plataforma", uso de inteligencia artificial para descongestionar juzgados, blockchain para contratación pública, cooperación tecnológica militar ampliada con Estados Unidos. Sobre el papel suena moderno. Tres preguntas quedan sin respuesta: ¿en qué servidores corre todo esto?, ¿quién escribe el código?, ¿quién puede auditar los modelos? No aparece mención de soberanía energética para sostener la infraestructura, ni de los minerales críticos que esa infraestructura requiere, ni de qué sector académico o empresarial nacional participará en el diseño. Se digitalizan trámites, se automatizan decisiones, pero la infraestructura sigue siendo ajena. Es la lógica del outsourcing aplicada al Estado: rentar capacidad tecnológica para gobernar un país. El riesgo principal no radica en el atraso, sino en una dependencia que se presenta como modernización.

 

Sergio Fajardo insiste en "Pobreza Digital Cero", fibra óptica para colegios, computadores para estudiantes y centros de investigación sectoriales. Resulta coherente con su trayectoria pedagógica. Pero la propuesta arrastra una fragilidad estructural que no resuelve: apuesta por capital humano sin asegurar capital tecnológico propio. Se formarán colombianos para la inteligencia artificial sin garantizar que ese talento opere sobre infraestructura soberana, sin asegurar que el conocimiento generado en universidades públicas no termine en manos privadas extranjeras, sin vincular a las fuerzas militares, a las finanzas públicas ni a los sectores productivos en una estrategia articulada. El resultado probable es el de siempre: se producirán ingenieros de inteligencia artificial para economías que capturan el valor. Es la paradoja de la ilustración sin soberanía, la educación como exportación de valor en lugar de acumulación. Formar capital humano sin asegurar capital tecnológico propio reproduce lo que la historia ya ha demostrado. Los mejores ingenieros emigran o trabajan para las plataformas que deberían regular, el conocimiento generado en universidades públicas termina en patentes privadas extranjeras, y el país que invirtió en la formación no retiene el valor que esa formación produce. La educación tecnológica sin soberanía tecnológica no constituye una política de desarrollo. Se convierte en una política de exportación de talento con subsidio público. Un Estado que financia esa exportación sin advertirlo no construye futuro. Externaliza su propio potencial.

 

Por último, Abelardo de la Espriella presenta la inteligencia artificial como instrumento de disciplina y control. Modelos predictivos para la DIAN, cruces de datos SISBÉN–DIAN para depurar subsidios, blockchain para contratación pública. La tecnología al servicio de la persecución interna. La eficiencia fiscal resulta un objetivo legítimo. Lo problemático es que en su propuesta no existe ningún capítulo sobre derechos digitales, ningún límite a la vigilancia, ningún mecanismo de control ciudadano sobre esos sistemas, ninguna articulación con la academia ni con organismos técnicos independientes. Cuando la inteligencia artificial se celebra exclusivamente como instrumento de castigo rápido y no como espacio de debate democrático, lo que se normaliza no es la eficiencia sino el autoritarismo algorítmico. Un Estado que arrienda sus plataformas de control a proveedores externos no disciplina a los evasores. Subcontrata su propio poder coercitivo.

 

A diferencia de sus antecesores inmediatos, el gobierno de Gustavo Petro reconoció el fenómeno. El CONPES 4144 (2024) constituye el primer esfuerzo institucional articulado por estructurar una política pública de inteligencia artificial en Colombia, y su formulación representa un avance real frente al silencio previo. Pero aplicando el mismo marco analítico que se aplica a los candidatos, el balance resulta severo. El documento no establece soberanía de datos, no construye infraestructura computacional propia, no asegura gestión soberana de los minerales críticos del territorio, no crea marcos jurídicos vinculantes y no resuelve el problema energético que toda infraestructura de inteligencia artificial implica. No hay mecanismo robusto que articule al Estado, la academia, las fuerzas militares, el sector empresarial y la ciudadanía en torno a un proyecto común de largo plazo. Lo que se formula es una política de reconocimiento del problema, no de resolución estructural. El avance existe, pero la arquitectura soberana que el problema exige sigue ausente.

 

La dependencia tecnológica no produce una factura visible ni un dolor político inmediato. Arrendar servidores en Virginia no aparece en ningún presupuesto como pérdida de soberanía; aparece como eficiencia operativa. Un Estado que nunca tuvo infraestructura propia no experimenta su ausencia como pérdida, sino como normalidad. La dependencia no se siente porque funciona como punto de partida, no como punto de llegada.

 

La soberanía tecnológica exige integrar, exactamente, las dimensiones que los candidatos colombianos tratan por separado o ignoran: infraestructura energética, cadena de suministro de minerales, formación de talento nacional, marcos jurídicos vinculantes y articulación entre Estado, academia, industria y defensa. Ninguno de ellos habla en sus programas de reconversión laboral ante los despidos masivos por automatización, ni menciona el establecimiento de centros de datos soberanos, la transformación tecnológica de las fuerzas militares, la desaparición masiva de carreras en el mercado laboral ni la reconfiguración de los perfiles profesionales. Son dimensiones que debieron integrarse al marco analítico central.

 

Si Colombia no desarrolla soberanía tecnológica integrada, el resultado ya no puede llamarse simple atraso. Emergerá una estructura de dependencia que alimenta más pobreza, más desempleo y mayor concentración de la riqueza y el poder en pocas manos, con menor capacidad de decisión sobre el territorio, los recursos y las instituciones propias. La desigualdad se exacerba, el derecho resulta insuficiente frente a la velocidad de los hechos técnicos, y termina imponiéndose la lógica de quienes controlan la infraestructura. El papel del Estado se desequilibra hacia abajo, pierde gobernanza sobre sus propios sistemas, sus propios datos, sus propias decisiones. Y los políticos que pretenden administrarlo no están en esta discusión de manera integral. Permanecen en sus parcelas ideológicas, tranquilos en sus pequeñas peleas nacionales, sin ver el sistema.

 

Hay una forma de nombrar lo que está ocurriendo. No se reduce a ignorancia técnica, aunque la hay. Tampoco se agota en incompetencia política, aunque también existe. Es algo peor: la normalización del arriendo como categoría de gobierno. Un país que arrienda su infraestructura tecnológica, su conocimiento, sus plataformas de defensa, su administración tributaria y su democracia digital termina administrando la dependencia en lugar de ejercer el gobierno. Esa administración, por más eficiente que resulte en términos operativos, produce más transferencia de valor hacia el centro, menos acumulación propia, menos autonomía en las decisiones que importan. Entonces ¿quién decide, sobre qué, con qué medios propios? Cuando la respuesta sigue siendo nadie, nada y ninguno, la discusión electoral sobre inteligencia artificial en Colombia deja de ser un debate sobre el futuro. Se convierte en síntoma del problema.

 

Lo que está en juego no se limita a la eficiencia administrativa ni a la competitividad económica. Se trata de la condición técnica de la democracia misma. Cuando el algoritmo que decide quién recibe un subsidio corre en servidores que el Estado no controla, cuando los datos electorales se procesan en plataformas que ningún organismo nacional puede auditar, cuando la opinión pública se forma en infraestructuras cuya lógica resulta opaca para cualquier institución colombiana, la democracia conserva su fachada procedimental, pero pierde su sustrato real. Queda el voto. Desaparece la posibilidad continua de que el poder responda ante quien lo delega. La soberanía tecnológica trasciende entonces los objetivos de política sectorial. Se convierte en la pregunta sobre si la democracia colombiana tiene las condiciones materiales para sobrevivir en las próximas décadas. Esa pregunta no está en ningún programa de gobierno. Su ausencia equivale al síntoma más preciso de lo que se está perdiendo.

 

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