Crece escándalo, por pérdida de ayudas recogidas por la UT, para damnificados de incendios

Universidad del Tolima: las preguntas que crecen alrededor de las ayudas, el poder y la falta de respuestas

 

La crisis ambiental que golpea al departamento del Tolima puso a prueba la capacidad institucional de responder frente a las comunidades afectadas. Sin embargo, mientras estudiantes, colectivos y organizaciones sociales salieron a los territorios a recoger ayudas y acompañar familias damnificadas, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el manejo, la distribución y la transparencia alrededor de esos apoyos.

 

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Por: Editor Local. cambioin.com

 

Las denuncias difundidas por cambioin.com abrieron un debate que ya no puede cerrarse con comunicados institucionales ni con explicaciones generales. La discusión de fondo es una sola: ¿las ayudas destinadas a quienes enfrentan la emergencia están llegando realmente a las comunidades que las necesitan?

 

El pronunciamiento de ASPU-Tolima se sumó a este escenario al manifestar respaldo a los estudiantes y colectivos que vienen acompañando comunidades afectadas por las emergencias y al insistir en que las ayudas deben llegar efectivamente a las personas damnificadas, mediante una articulación transparente con organizaciones sociales y comunitarias.

 

Pero la controversia tomó otra dimensión cuando sectores críticos de la administración universitaria comenzaron a cuestionar la relación entre la dirección institucional y los movimientos estudiantiles que han participado en estas jornadas.

 

Algunos sectores señalan que existe una relación deteriorada entre la administración del rector John Jairo Méndez y organizaciones estudiantiles que han expresado posiciones críticas frente al manejo de la universidad. Desde esas voces se cuestiona lo que consideran una actitud de confrontación hacia sectores universitarios que reclaman mayor participación, transparencia y acompañamiento institucional.

 

La pregunta que queda sobre la mesa es si la administración universitaria está entendiendo el papel de una universidad pública en momentos de crisis: una institución que no solamente administra recursos, sino que debe construir confianza con estudiantes, profesores, trabajadores y comunidades.

 

Quienes cuestionan la gestión del rector sostienen que la respuesta institucional frente a las críticas ha sido insuficiente y que la falta de diálogo ha profundizado las tensiones internas. Para esos sectores, la universidad atraviesa un momento donde la capacidad de liderazgo se mide no solamente por decisiones administrativas, sino por la habilidad de escuchar, conciliar y garantizar espacios de participación.

 

Desde la otra orilla, la administración universitaria tendría la responsabilidad de explicar públicamente los procedimientos utilizados para recibir, almacenar, distribuir y supervisar las ayudas humanitarias, así como aclarar cualquier señalamiento que pueda afectar la confianza institucional.

 

Porque en una universidad pública la transparencia no puede depender de la presión mediática. Debe ser una práctica permanente.

 

Si existen documentos, registros, videos o testimonios que respalden denuncias sobre irregularidades, corresponde a los organismos de control realizar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades. Si, por el contrario, las actuaciones institucionales se ajustaron a la normativa, la administración tiene la obligación de mostrarlo con información verificable.

 

El rector John Jairo Méndez enfrenta ahora un escenario que exige algo más que defensa política: exige una respuesta institucional amplia, con datos, documentos y apertura al escrutinio público.

 

La pregunta no es solamente quién tiene la razón en esta disputa.

 

La verdadera pregunta es si la Universidad del Tolima logrará superar esta confrontación interna y recuperar la confianza de una comunidad universitaria que reclama respuestas.

 

Porque cuando una institución pública pierde la capacidad de conversar con sus propios estudiantes, la crisis deja de ser solamente administrativa.

 

Se convierte en una crisis de legitimidad.

 

Copia: comunicado de ASPU. cambioin.com

 

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