Denuncian por abuso de autoridad al Director de Justicia de Ibagué, y un contratista

Una recusación deberá resolver el secretario de Gobierno de Ibagué, contra su subalterno, (Director de Justicia) al cual señalan de abusar de su autoridad, junto a uno de los funcionarios de ese despacho, este último sería el que organiza operativos contra determinados negocios, que al parecer son competencia de unos establecimientos a los cuales él trabajador de espacio público, en sus ratos libres asesora. Una historia que podría terminar en los estrados judiciales.

 

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Por: Editor General. cambioin.com

 

Polémica en la Dirección de Justicia de Ibagué: Recusan al Director y piden exclusión de contratista por conflictos de interés.

 

En Ibagué se encienden las alarmas por posibles irregularidades al interior de la Dirección de Justicia Municipal. Dos actuaciones administrativas han generado controversia: por un lado, se ha recusado al Director de Justicia, Mauricio Gutiérrez, por extralimitación de funciones; y por el otro, se solicita la exclusión del ingeniero Mateo Flórez de los operativos de control de ruido, por evidentes conflictos de interés.

 

Según la recusación presentada por la ciudadana Mérida Sierra, el Director de Justicia participó directamente en operativos técnicos de sonometría, acción que está por fuera de sus competencias conforme al Manual Específico de Funciones de la Alcaldía de Ibagué. La normativa vigente establece que su rol debe ser de liderazgo y coordinación política, más no técnico. Esta participación, lejos de ser meramente administrativa, incluyó presencia activa en la medición de ruido en establecimientos comerciales, lo cual configura una falta disciplinaria gravísima por extralimitación de funciones, según el artículo 27 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019).

 

Por otra parte, en un documento radicado por el representante legal del establecimiento “La Clave”, antes conocido como “La Playita Salsoteca”, se denuncia que el ingeniero Mateo Flórez, hoy contratista técnico de la Dirección de Justicia había prestado servicios profesionales en el pasado al mismo establecimiento como ingeniero acústico y community manager. Esta doble vinculación, tanto económica como técnica, lo inhabilita para participar en procedimientos administrativos contra dicho local. Así lo dispone el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que contempla como causal de impedimento haber tenido interés directo, haber intervenido previamente o tener vínculos de parentesco con autoridades que participen en la decisión.

 

Más grave aún, se denuncia que las mediciones técnicas realizadas por el ingeniero Flórez se estarían utilizando como pruebas sin permitir el derecho de contradicción y defensa al propietario del establecimiento, lo cual representa una violación del debido proceso.

 

Pruebas:

 

A continuación se anexa una conversación de un contratista de la oficina de espacio público con un interés directo para realizar operativo.

 

Conversación y pantallazo del facebook del ingeniero mateo donde es comunity manager de la discoteca a la cual le hizo dos operativos y dos cierres en menos de 3 meses

 

Copia 1: Conversaciones del contratista acusado en la denuncia. cambioin.com

Ambas situaciones evidencian posibles irregularidades administrativas y disciplinarias, no solo por vulneración del principio de legalidad de la función pública, sino también por comprometer la imparcialidad que debe regir las actuaciones del Estado.

 

 

 

Solicitudes formales: Se exige la separación inmediata del Director de Justicia de cualquier actuación relacionada con los operativos de sonometría.

 

Se solicita la exclusión del ingeniero Mateo Flórez de toda participación en procesos administrativos contra establecimientos con los que haya tenido relación contractual o personal.

 

Se pide remitir estos casos a los órganos de control como la Personería y la Procuraduría para que investiguen a fondo los hechos.

 

La ciudadanía exige transparencia, legalidad y respeto por el debido proceso. Las actuaciones irregulares deben investigarse con celeridad para garantizar la confianza institucional y proteger los derechos fundamentales de los comerciantes y la comunidad ibaguereña.

 

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