138 millones pagó la UT por alarmas de prevención, y hoy no sonaron

¡Tembló en Ibagué y las sirenas no sonaron! ¿Dónde está el rector John Jairo Méndez y quién responde por los sistemas de alerta de la Universidad del Tolima?

 

Un sismo de magnitud preliminar 5,3 registrado este 3 de noviembre, a las 4:13 de la madrugada, volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿están funcionando los sistemas de alarma y prevención de la Universidad del Tolima? Residentes y vecinos denuncian que las sirenas no se activaron. Las veedurías ciudadanas piden revisar los contratos y el dinero destinado a estos sistemas.

 

La madrugada de este martes 3 de noviembre, un movimiento sísmico reportado preliminarmente con magnitud 5,3 y profundidad superficial generó preocupación entre los ciudadanos. En medio de la incertidumbre, una denuncia de residentes y vecinos de la Universidad del Tolima encendió otra alerta, esta vez sobre la capacidad de respuesta de los sistemas de emergencia de la institución.

 

Según los testimonios ciudadanos, las sirenas de la Universidad del Tolima no se activaron durante el evento sísmico. La denuncia es directa: los equipos no suenan, no sirven o, por lo menos, no responden cuando la comunidad esperaba una señal de alerta. Una situación que, de confirmarse mediante una inspección técnica, podría dejar en evidencia una falla preocupante en los mecanismos de comunicación y atención de emergencias.

 

La pregunta es sencilla, pero tiene implicaciones serias: ¿para qué se instalan sistemas de alarma si, cuando ocurre una emergencia, no cumplen su función? ¿Quién verifica periódicamente que estén operativos? ¿Cuándo se hicieron las últimas pruebas? ¿Dónde están las actas de mantenimiento y los certificados que demuestren que estos equipos funcionan?

 

Más de 138 millones en un expediente de mantenimiento: ¿qué se contrató y qué se está entregando?

 

Una revisión de la documentación contractual publicada por la propia Universidad del Tolima permite identificar un proceso de 2026 relacionado con el mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica. El expediente contempla actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para sistemas de control de acceso, cámaras de vigilancia y sistemas de detección y alarma de incendios.

 

En el estudio de necesidad aparece un presupuesto oficial estimado de $163.362.000. Sin embargo, en el certificado presupuestal incorporado al expediente figura un valor de $138.156.025. Son cifras de documentos presupuestales distintos y no deben confundirse con el monto finalmente contratado o efectivamente pagado. La diferencia exige revisar el expediente contractual completo y establecer cuál fue el valor definitivo de la contratación.

 

El documento también señala que el mantenimiento debía incluir inspecciones, pruebas funcionales, revisión de baterías, verificación de señales de alarma, diagnóstico de fallas y certificaciones de operatividad. Incluso contempla la revisión de sirenas, estrobos y otros dispositivos de notificación audiovisual.

 

Aquí aparece una cuestión que merece una explicación pública: si la Universidad ha identificado la seguridad de su comunidad como una necesidad que requiere inversión y mantenimiento especializado, ¿cuál es el estado real de los equipos? ¿Se realizaron las pruebas previstas? ¿Se entregaron los informes técnicos? ¿Quién certificó su funcionamiento?

 

Es importante aclarar que el expediente consultado se refiere principalmente a sistemas de detección y alarma de incendios en dependencias específicas. No demuestra, por sí solo, que corresponda a las sirenas externas de alerta sísmica denunciadas por los vecinos. Precisamente por eso, la Universidad debe aclarar si se trata del mismo sistema, qué equipos están instalados, dónde funcionan y qué contratos cubren su mantenimiento.

 

JOHN JAIRO MÉNDEZ: ¿DÓNDE ESTÁ EL RECTOR Y CUÁL ES SU PRIORIDAD?

 

John Jairo Méndez Arteaga asumió la rectoría de la Universidad del Tolima para el periodo 2026-2030. Su llegada estuvo acompañada de un discurso de transformación institucional, acercamiento al territorio, fortalecimiento de la investigación, transformación digital y sostenibilidad financiera.

 

En sus anuncios públicos también se han presentado compromisos con la ciudadanía, entre ellos la creación de un tablero público de seguimiento con informes trimestrales y el fortalecimiento de la presencia de la Universidad en los municipios y las comunidades.

 

Pero hoy, frente a una denuncia que toca directamente la seguridad de quienes estudian, trabajan, viven o transitan cerca de la institución, hay una pregunta que no puede quedarse sin respuesta: ¿dónde está el rector John Jairo Méndez y cuál es su prioridad frente a las preocupaciones de la comunidad?

 

No se trata de desconocer que una rectoría tiene múltiples responsabilidades. Se trata de recordar que la seguridad de las personas no puede quedar relegada detrás de los anuncios administrativos, los proyectos académicos o las estrategias de transformación institucional. La protección de la vida también debe ser una prioridad del gobierno universitario.

 

Rector Méndez, la comunidad está preguntando por las sirenas. Los vecinos dicen que no sonaron durante el temblor. Las veedurías piden revisar los contratos. Y la documentación contractual muestra que la Universidad ha previsto recursos para el mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica. ¿Qué respuesta tiene su administración?

 

¿Ordenará una revisión técnica inmediata de las sirenas? ¿Publicará los informes de mantenimiento y las pruebas de funcionamiento? ¿Explicará si los equipos denunciados por los residentes están incluidos en el contrato de 2026? ¿Informará quién es el responsable de verificar que estos mecanismos estén operativos?

 

Hasta el momento de esta publicación no se ha identificado una respuesta pública del rector frente a esta denuncia ciudadana específica. Por eso, la comunidad espera que la Rectoría se pronuncie y que no se limite a una explicación general sobre los protocolos institucionales.

 

LAS VEEDURÍAS PIDEN QUE SE REVISE EL CONTRATO

 

Ante esta denuncia, las veedurías ciudadanas solicitan que los organismos de control y las dependencias responsables revisen la contratación relacionada con los sistemas de alarma y gestión del riesgo de la Universidad del Tolima.

 

No se trata de cuestionar una inversión por el simple hecho de existir. Se trata de establecer si los recursos públicos se tradujeron en equipos funcionales, mantenimiento efectivo y garantías reales para la comunidad universitaria y los habitantes del sector.

 

La Universidad debe poner a disposición de la ciudadanía el contrato definitivo, sus modificaciones, el nombre del contratista, el supervisor responsable, las actas de ejecución, los informes de mantenimiento y las pruebas técnicas realizadas. También debe informar si las sirenas denunciadas por los vecinos forman parte de ese contrato o si corresponden a otro sistema financiado mediante recursos diferentes.

 

La ciudadanía no puede quedarse solamente con cifras presupuestales y documentos que describen lo que debería funcionar. Tiene derecho a saber qué funciona realmente.

 

¿QUIÉN RESPONDE SI OCURRE UNA EMERGENCIA?

 

Un sistema de alarma no puede ser un elemento decorativo ni una compra que se justifique únicamente en el papel. Su razón de ser es advertir oportunamente a las personas para que puedan reaccionar y proteger su vida.

 

Por eso, la Universidad del Tolima debe responder públicamente: ¿las sirenas están operativas?, ¿cuándo fue la última prueba general?, ¿qué protocolos se activan ante un sismo?, ¿quién tiene la responsabilidad de activar las alarmas?, ¿existe un sistema alternativo de comunicación si los dispositivos fallan?

 

La Oficina de Gestión del Riesgo, la Dirección de Servicios Institucionales, la Rectoría y la supervisión contractual tienen información que puede ayudar a esclarecer lo ocurrido. La Procuraduría y la Contraloría, dentro de sus competencias, también podrían revisar los aspectos administrativos, contractuales y fiscales si se identifican posibles irregularidades.

 

La prevención no comienza cuando ocurre una tragedia. Comienza mucho antes, con mantenimiento, pruebas, protocolos claros y responsables que respondan por el funcionamiento de los equipos.

 

Hoy la comunidad no está pidiendo explicaciones técnicas interminables. Está preguntando algo elemental: si la Universidad destinó recursos al mantenimiento de sus sistemas de seguridad, ¿por qué los vecinos denuncian que las sirenas no sonaron cuando se produjo el temblor?

 

Rector John Jairo Méndez: la comunidad espera respuestas, no solamente anuncios de transformación institucional. Que se publiquen los contratos. Que se conozcan los informes. Que se hagan pruebas públicas. Y que se establezca quién responde. Porque en una emergencia, una alarma que no funciona puede marcar la diferencia entre estar prevenidos y quedar completamente desprotegidos.

 

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