40 años de cárcel para los papás que cometieron abuso contra su hija

Por Michael Steven Mejía Ospina

Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado cambioin.com

 

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Casó en Ibagué: Niña encadenada 10 años por su madre y su padrastro; condenados a 40 Años de Cárcel

 

Introducción

 

En la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, se ha presentado uno de los casos más conmovedores, graves y vergonzosos de violencia contra la infancia y la adolescencia que ha sacudido a toda Colombia en los últimos años. Se trata de una menor de edad que permaneció sometida a condiciones de esclavitud moderna, abuso sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante un periodo de diez años, bajo la complicidad y la acción directa de su propia madre y de su padrastro. Este hecho no solo representa una violación extrema de los derechos humanos fundamentales, sino que también expone las fallas que en ocasiones pueden presentarse en los sistemas de protección, aunque también demuestra cómo la justicia colombiana actúa con firmeza para castigar a quienes atentan contra la integridad de los más vulnerables.

 

Los hechos se remontan al año 2016, cuando la niña contaba con apenas 8 años de edad. En ese momento, bajo la autoridad y el control de sus padres, comenzó una etapa de sufrimiento que se prolongará hasta el año 2025, cuando la adolescente logró escapar de la vivienda donde estaba recluida y dar a conocer lo que había vivido durante toda su niñez. Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las entidades de protección del Estado, la menor fue sometida a un ciclo sistemático de violencia que incluyó abusos sexuales múltiples, encadenamiento permanente, aislamiento social, privación de libertad, tratos degradantes y obligación de someterse a procedimientos médicos sin su consentimiento, que tuvieron consecuencias devastadoras para su salud física, emocional y psicológica.

 

Durante estos diez años, el padrastro de la menor abusó de ella en múltiples ocasiones, lo que provocó que quedara embarazada en dos oportunidades. Al darse cuenta de esta situación, los agresores decidieron ocultar la verdad a toda costa y evitar que la menor recibiera atención médica adecuada. Por ello, la obligaron a practicar dos abortos en condiciones insalubres, sin contar con personal especializado ni garantías de seguridad, lo que puso en riesgo grave su vida y le generó daños permanentes en su organismo y en su salud mental. Además, para evitar que la menor denunciara los hechos o buscara ayuda, fue retirada de la escuela, se le prohibió cualquier contacto con familiares, vecinos o autoridades, y se utilizaron métodos de coerción y amenazas para obligarla a guardar silencio. Incluso se registraron y grabaron las agresiones y los abusos, con el fin de chantajearla y asegurarse de que no revelara lo que sucedía dentro de la vivienda.

 

La fuga de la adolescente fue el punto de inflexión que permitió que la justicia actuara. Al ser encontrada por las autoridades, se inició una investigación penal rigurosa que permitió recopilar todas las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad de sus agresores. Tras el proceso judicial correspondiente, tanto la madre como el padrastro fueron declarados responsables de múltiples delitos y condenados a una pena total de 40 años de prisión, una sanción que se impuso teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la duración de la violencia, el daño causado a la víctima y las circunstancias de agravación que rodearon la comisión de los delitos.

 

Delitos por los que fueron condenados

 

Los jueces que conocieron el caso imputaron y declararon probada la responsabilidad de los acusados por la comisión de los siguientes delitos, tipificados y sancionados en la legislación colombiana:

 

1. Acceso carnal violento agravado

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2. Actos sexuales con persona menor de catorce años

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3. Tortura agravada y tratos crueles, inhumanos y degradantes

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4. Violencia intrafamiliar agravada

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5. Aborto sin consentimiento y cometido con violencia, engaño o abuso de poder

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6. Producción, posesión y difusión de material pornográfico con menores de edad

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7. Privación ilegal de la libertad agravada

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8. Inducción a la locura o al suicidio

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9. Omisión de deberes de protección y cuidado

 

Cada uno de estos delitos se encuentra regulado en normas legales específicas, y su sanción se agravó en este caso por tratarse de víctimas menores de edad, por ser los responsables personas que tenían la obligación legal y moral de protegerla, por la duración prolongada de los hechos y por el daño irreversible causado a la integridad física y psicológica de la menor.

 

Normativa Legal, Decretos y Sentencias que Aplican en este Caso

 

La respuesta judicial y la sanción impuesta se fundamentan en un conjunto de normas legales, decretos reglamentarios y precedentes jurisprudenciales que protegen los derechos de la infancia, sancionan los delitos contra las personas y establecen las responsabilidades de quienes incumplen sus deberes. A continuación se detallan las disposiciones que sirvieron de base para la decisión judicial:

 

1. Código de Infancia y Adolescencia – LEY 1098 DE 2006

 

Es la norma rectora en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Esta ley establece que todos los menores tienen derecho a vivir libre de violencia, maltrato, abuso, explotación y discriminación, y que las personas que tengan la responsabilidad de su cuidado, educación y protección deben garantizar su integridad y bienestar.

 

Disposiciones aplicables:

 

- Artículo 6: Define los derechos fundamentales de la infancia, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad y a la educación.

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- Artículo 43: Establece que se considera maltrato cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico o sexual al menor, incluidos los tratos crueles, la privación de libertad y el abandono de sus deberes de cuidado.

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- Artículo 183: Establece las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los padres, madres, tutores o encargados que incumplan sus obligaciones o cometan actos de violencia contra los menores.

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- Artículo 184: Señala que los delitos cometidos contra los menores se sancionarán con penas más severas que las aplicables cuando la víctima sea una persona mayor de edad, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de la víctima.

 

2. Código Penal – LEY 599 DE 2000, MODIFICADA POR LA LEY 2197 DE 2022

 

Esta norma establece los tipos penales, las definiciones de los delitos y las sanciones correspondientes. En este caso se aplicaron los siguientes artículos:

 

- Artículo 205 (Acceso carnal violento): Se sanciona con pena de prisión de 12 a 20 años. Cuando el delito se cometa contra una persona menor de 14 años, o por parte de un familiar o persona encargada de su cuidado, la pena se agrava de 18 a 35 años de prisión.

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- Artículo 206 (Actos sexuales con persona menor de catorce años): Sanción de 8 a 15 años de prisión, que se incrementa en una mitad cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad o cuando el autor tiene autoridad sobre ella.

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- Artículo 171 (Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes): Pena de 12 a 25 años de prisión, que se agrava cuando el hecho se comete contra menores de edad o cuando se prolonga en el tiempo.

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- Artículo 168 (Privación ilegal de la libertad): Sanción de 6 a 15 años de prisión, que se aumenta en una mitad cuando la víctima es menor de edad o cuando el delito se comete por parte de un familiar.

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- Artículo 140 (Violencia intrafamiliar): Se sanciona con pena de 1 a 6 años de prisión, y se agrava cuando la víctima es menor de edad, cuando se comete con abuso de poder o cuando causa daños graves a la salud.

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- Artículo 123 (Aborto sin consentimiento): Sanción de 4 a 10 años de prisión, que se incrementa cuando el hecho se comete con violencia, engaño o abuso de autoridad, o cuando se causa daños graves a la salud de la mujer.

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- Artículo 209 (Pornografía con menores): Pena de 6 a 15 años de prisión, que se agrava si se realiza con fines de lucro o si se utiliza la fuerza o la coerción.

 

3. Decretos Reglamentarios

 

Decreto 4627 DE 2008: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1098 de 2006, y se establecen las medidas de protección y atención integral para las víctimas de violencia contra la infancia. Este decreto define las funciones de las entidades del Estado en materia de protección, establece los procedimientos para la atención a las víctimas y establece las medidas que se deben adoptar para garantizar su seguridad y bienestar.

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Decreto 1382 DE 2011: Reglamenta las disposiciones del Código Penal relacionadas con los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, y establece los criterios para la determinación de las penas en casos de violencia sexual contra menores de edad.

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Decreto 1069 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se establecen las normas relacionadas con el proceso penal, la prueba y la imposición de sanciones, así como los lineamientos para la aplicación de las normas de protección de derechos humanos.

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Decreto 1412 DE 2018: Establece los lineamientos para la atención integral a las víctimas de delitos, con énfasis en las víctimas de violencia sexual y violencia contra la infancia, y define las responsabilidades de las entidades del Estado en la atención, reparación y protección de estas personas.

 

4. Sentencias Jurisprudenciales que sirvieron de precedente

 

Las decisiones judiciales en Colombia se basan también en los precedentes establecidos por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que interpretan las normas legales y establecen criterios para su aplicación. En este caso, se tuvieron en cuenta los siguientes pronunciamientos:

 

Sentencia C-097 DE 2013 de la Corte Constitucional: Declara que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos fundamentales de carácter preferente, y que cualquier medida o norma que afecte sus derechos debe ser interpretada de manera que garantice su bienestar y desarrollo integral. Además, establece que los delitos contra la infancia son delitos de lesa humanidad cuando se cometen de manera sistemática y generalizada.

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Sentencia T-025 DE 2016 de la Corte Constitucional: Se refiere a la protección de las víctimas de violencia sexual y establece que el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso a la justicia, a la atención médica y psicológica, y a la reparación integral de los daños causados.

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Sentencia C-577 DE 2019 de la Corte Constitucional: Define los criterios para la agravación de las penas en casos de delitos contra menores de edad, y establece que la duración de los hechos, la posición de poder del autor y el daño causado a la víctima son elementos fundamentales para determinar la sanción adecuada.

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Sentencia SP101 DE 2020 de la Corte Suprema de Justicia: Establece que la privación de libertad de menores de edad por parte de sus padres o tutores, sin cumplir con los requisitos legales y sin causa justificada, constituye un delito de privación ilegal de la libertad que se sanciona con penas severas, especialmente cuando se combina con otros delitos como el abuso sexual o los tratos crueles.

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Sentencia SP156 DE 2022 de la corte suprema de Justicia: Se refiere al delito de aborto sin consentimiento y establece que cualquier intervención médica que provoque la interrupción del embarazo sin el acuerdo de la mujer, especialmente cuando se comete con violencia o abuso de poder, constituye un delito que debe ser sancionado con penas adecuadas a la gravedad de los hechos.

 

Análisis Jurídico y conclusiones

 

El caso presentado en Ibagué pone de manifiesto la importancia de contar con un marco legal sólido que proteja a los más vulnerables y de una administración de justicia que actúe con firmeza y prontitud ante los delitos contra la infancia. Las normas legales, los decretos reglamentarios y los precedentes jurisprudenciales aplicados en este caso demuestran que en Colombia no existe impunidad para quienes atentan contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando estas acciones son cometidas por personas que tienen la obligación legal y moral de protegerlos.

 

La condena de 40 años de prisión impuesta a la madre y al padrastro es una respuesta adecuada y proporcional a la gravedad de los hechos. Esta sanción se obtuvo por la acumulación de delitos, por la duración prolongada de la violencia, por el daño irreversible causado a la salud física y psicológica de la víctima y por las circunstancias de agravación que rodearon la comisión de los hechos. Además, demuestra que la justicia colombiana tiene como objetivo no solo castigar los delitos, sino también garantizar que las víctimas reciban la atención, la protección y la reparación integral que necesitan para reconstruir sus vidas.

 

Es importante destacar que, más allá de la sanción impuesta a los agresores, el Estado colombiano tiene la obligación de seguir brindando apoyo integral a la víctima. Esto incluye atención médica especializada, tratamiento psicológico y psiquiátrico, apoyo educativo, asistencia social y cualquier otra medida que sea necesaria para ayudarla a superar el sufrimiento vivido y desarrollarse de manera plena y digna.

 

Este caso también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vigilancia ciudadana y la participación de la sociedad en la protección de los derechos de la infancia. Muchos casos de violencia contra menores permanecen ocultos durante mucho tiempo porque las víctimas no tienen la posibilidad de denunciar los hechos o porque las personas que conocen lo que sucede no actúan para ayudar. Por ello, es fundamental que todos estemos atentos a cualquier señal de maltrato, abuso o violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y que denunciemos inmediatamente estos hechos a las autoridades correspondientes.

 

La defensa de los derechos humanos, y especialmente de los derechos de la infancia, es una responsabilidad que compete a toda la sociedad y al Estado. Los avances legales y jurisprudenciales que se han producido en Colombia en las últimas décadas demuestran que se ha avanzado mucho en la protección de estos derechos, pero también queda mucho por hacer para garantizar que todos los menores vivan en un entorno seguro, libre de violencia y con las condiciones necesarias para desarrollarse y cumplir sus sueños.

 

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