Arresto del secretario de Educación de Ibagué, desnudo la crisis en ese sector

Arresto del secretario de Educación de Ibagué, desnudo la crisis en ese sector

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"EL GRUPO DE CHUCHO BOTERO"

Foto: Diego Fernando Guzmán García, secretario de Educación de Ibagué. cambioin.com

El arresto que desnuda el desastre: ¿Hasta cuándo la educación de Ibagué seguirá capturada por el clientelismo? Hoy en manos del grupo político el exalcalde de Ibagué Jesús María Chucho Botero.

El reciente fallo del Juzgado Sexto Penal Municipal, que ordena arresto y multa contra el Secretario de Educación de Ibagué, Diego Fernando Guzmán García, no cayó como un rayo en cielo despejado. Para muchos sectores educativos, el estruendo era solo cuestión de tiempo.

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Por: Editor General. cambioin.com

Los cinco días de arresto por desacatar una tutela que exigía resolver la pensión de un docente con múltiples necesidades reales. Un trámite elemental, casi rutinario. Y aun así, ignorado por la administración interna de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué.

La jueza habló de “mora excesiva”. La ciudadanía habla de una Secretaría que no funciona y sólo está en función de los sectores políticos.

Este episodio judicial abre una fisura por donde se asoma lo que muchos preferían no ver: un edificio administrativo corroído por la lentitud, el clientelismo y la improvisación.

La figura de Guzmán García no se sostiene en el vacío. Su nombre ha sido asociado en la opinión pública a históricos alineamientos políticos con Jesús María “Chucho” Botero, uno de los mediocres y pésimos ex- alcaldes que ha tenido la ciudad de Ibagué en su época.

No es ilegal tener padrinos políticos. Lo cuestionable ―lo que muchos docentes y funcionarios se preguntan― es si esa cercanía ha influido en: nombramientos, decisiones internas, prioridades presupuestales, desplazamientos de personal, y dinámicas de poder autoritario dentro de la Secretaría.

La duda está ahí. Crece. Y el fallo judicial no ayuda a despejarla.

Una Secretaría que vive entre el desorden y la lentitud administrativa por la incapacidad burocrática.

Aunque este fallo se refiere a un caso puntual, la crisis administrativa que revela es mucho más profunda, tal como lo han denunciado las distintas organizaciones de la sociedad civil.

En los últimos años ―y esto lo dicen sindicatos, docentes, padres y rectores― la Secretaría ha acumulado críticas por:btrámites que se demoran meses, licencias mal gestionadas, traslados que nunca llegan y cuotas politiquería, cambios de nómina inexplicables y ubicaciones estratégicas de funcionarios índoles ante la administración pública, errores en pagos y tardanzas en las nóminas., retardos en ascensos y reconocimientos, respuestas tardías o inexistentes, y oficinas que parecen no hablar entre sí.

Son quejas cotidianas, repetidas, sistemáticas.
No hacen titulares, pero sí alimentan la percepción de que la última prioridad de la Secretaría es la eficiencia.

Por eso el fallo no sorprende: solo lo confirma. Un liderazgo que parece no entender la educación que administra La estructura educativa de un municipio capital es compleja: básica, media, articulación técnica, infraestructura, convivencia, formación docente, sistemas de información, conectividad, alimentación escolar y el cuestionado PAE.

Aun así, la Secretaría de Ibagué parece anclada en lo mínimo, en lo reactivo, en lo urgente negarle la pensión a un docente.

Mientras otros territorios lanzan planes de transformación educativa, aquí las discusiones siguen atrapadas en: quién firma un oficio, quién responde un correo, quién tiene la llave de una oficina, quién aprueba un traslado.

No hay visión, no hay estrategia, no hay gestión sistémica.
Solo administración de incendios. Y ahora, incendios judiciales. El clientelismo educativo: el secreto peor guardado
Aunque no existen pruebas judiciales que comprometan al Secretario directamente, lo que sí existe ―y en abundancia― es la percepción de que: el Sistema Maestro no siempre se mueve por mérito, sino por padrinos.

Es una idea instalada en la opinión pública: docentes que sienten que los nombramientos se “arreglan”, cargos que se retrasan extrañamente, listas de elegibles que se mueven sin claridad, traslados que coinciden sospechosamente con ciclos electorales, presiones políticas que nadie reconoce pero todos comentan.

El fallo judicial demuestra la ambigüedad legal y administrativa de la secretaría de educación.
Pero sí alimenta la sospecha principal: si, ni siquiera cumplen una orden judicial clara, ¿qué garantías tiene un docente frente a los procesos internos en materia judicial?

Una Secretaría que se resquebraja

La jueza fue contundente: no hubo excusa, no hubo cumplimiento, no hubo diligencia. Y el mensaje que recibe la ciudad es devastador: Si así actúan en un proceso vigilado por un juez, ¿cómo será con los miles de trámites que no tienen visibilidad judicial?

El arresto ―aunque debe ser revisado por un juez de circuito― es un símbolo poderoso.
Un símbolo que marca el desplome de un liderazgo que ya estaba debilitado y una Secretaría que muchos sienten abandonada a la improvisación y que la alcaldesa Johana Aranda ofrece como pactos políticos - electorales y burocráticos.

La pregunta no es retórica, es urgente:

¿Cuántos fallos más necesita Ibagué para aceptar que su educación está secuestrada por la mediocridad administrativa?

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