Captura de "Violeta" debe resolver interrogantes del porqué era gestora de Paz

Capturada Alias 6 “Violeta”: de Gestora de Paz a presunta Autora del atentado Centro Comercial Andino En una historia que sacude las fibras más sensibles del país, la justicia colombiana ha reactivado la orden de captura contra Violeta Arandoo Ramírez, conocida como alias “Violeta”, presunta integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) vinculada al atentado terrorista que estremeció al país en el Centro Comercial Andino en Bogotá, el 17 de junio de 2017, ataque que dejó tres mujeres muertas y decenas de heridos .

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Por: Editor Local. cambioin.com

A casi nueve años de ese hecho que marcó un antes y un después en la percepción de seguridad en Colombia, el sistema de justicia ha decidido reanudar la medida de aseguramiento en contra de esta mujer, tras perder ella el beneficio procesal que durante un tiempo la mantuvo por fuera de prisión . Esa reapertura se da luego de que se retirara oficialmente su designación como gestora de paz en los diálogos entre el Gobierno nacional y el ELN, figura que, hasta hace poco, había impedido que la detención fuera ejecutada .

Pero lo que ha provocado una ola de cuestionamientos no es solo la reactivación de la captura. Es la pregunta que muchos sectores de la opinión pública ya se hacen en voz alta: ¿cómo es posible que una presunta responsable de uno de los atentados más recordados de la historia reciente haya gozado de una figura de protección vinculada a un proceso del Estado?

No es teoría conspirativa: en 2022, la Fiscalía la acusó formalmente por delitos como concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión, precisamente por su presunta participación en la planeación y ejecución del atentado en el Andino . También se conoció que fue imaginada dentro de la delegación del ELN como parte de los diálogos de paz con el Gobierno, lo cual significó su liberación temporal para esa misión .

Esa doble condición —víctima procesal de la justicia penal y protagonista de un diálogo nacional con protección de Estado— ha generado una mezcla de indignación, incredulidad y rabia en distintos sectores de la sociedad colombiana.

Los interrogantes que hoy circulan con fuerza son ineludibles:

¿Fue un error del Estado incluir bajo figura de gestora de paz a alguien presuntamente implicado en un ataque mortal contra civiles?
¿Hubo un exceso de confianza al otorgar protección o fue una decisión política consciente y negociada?
¿Hasta qué punto el llamado proceso de “paz total” empata con la exigencia de justicia y reparación integral para las víctimas?

Para muchos, ver a “Violeta” transitando entre la judicialización y la diplomacia guerrillera fue una ofensa al dolor de quienes perdieron a sus seres queridos, y una señal de que el equilibrio entre paz y justicia sigue siendo un tema incómodo y conflictivo en Colombia.

Ahora, con la orden de captura reactivada y sin el paraguas de Gestora de Paz que la protegía, el país vuelve a enfrentar este caso bajo el escrutinio de la justicia penal y la mirada crítica de la ciudadanía .

Este revés no solo invita a revisar los fallos del pasado, sino a preguntarse si el Estado cometió una torpeza histórica al permitir que alguien señalado de un acto terrorista tan brutal se sentara en una mesa de negociación con el Gobierno.
La política y la justicia, en Colombia, siempre parecen disputarse el mismo campo de juego.
Pero cuando la seguridad ciudadana y la memoria de las víctimas están en la cancha, la tolerancia por lo inexplicable se agota.

Y mientras las instituciones callan, la opinión pública ya ha escogido su postura.

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