De acusado por acoso, y contratista millonario, a directivo de la UT

¿La UT premia el silencio? El caso Tafur exige la lupa de la Procuraduría. Denuncia ciudadana: sectores feministas de la Universidad del Tolima. Hay casos que no se pueden seguir administrando con voz baja, con carpetas cerradas y con frases de cajón sobre el “debido proceso”. El caso de Jorge Andrés Tafur Villarreal, ya no es solo una incomodidad interna de la Universidad del Tolima. Es una prueba pública sobre cómo se manejan el poder, las denuncias de género, los contratos, los nombramientos y los favores institucionales dentro de una universidad que hoy habla de democracia, transparencia y cambio, mientras arrastra sombras que nadie parece querer mirar de frente.

 

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Por: Editor General, Denuncia Ciudadana. cambioin.com

 

La pregunta no es menor: ¿quién protege a quién en la Universidad del Tolima? Porque Tafur no fue un funcionario marginal. La propia Universidad lo ha presentado como director del Centro de Estudios Regionales, CERE, con trayectoria en docencia, consultoría e investigación social; además, en la página de contactos del CERE aparece como “Profesional Universitario” y “Director de la Oficina del Centro de Estudios Regionales CERE”. Es decir, no estamos hablando de alguien sin poder institucional, sino de una persona ubicada en una dependencia estratégica, con capacidad de incidencia, manejo de proyectos y visibilidad pública dentro de la UT.

 

También hay datos concretos sobre su vinculación administrativa. En el documento de “Nombramientos vigencia 2023” de la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Universidad del Tolima, Jorge Andrés Tafur Villarreal aparece con nombramiento de libre nombramiento y remoción, mediante Resolución 2130 del 21 de diciembre de 2023, adscrito a la Vicerrectoría de Docencia – Centro de Estudios Regionales, CERE, en el cargo de Profesional Universitario, nivel profesional, grado 15, con fecha de posesión del 21 de diciembre de 2023. Ese dato obliga a una revisión seria: ¿se verificó la legalidad del nombramiento?, ¿se revisaron antecedentes?, ¿se certificó la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades?, ¿se valoraron las denuncias públicas que ya existían?, ¿hubo análisis de riesgo institucional frente a violencias basadas en género?

 

Y hay otro punto todavía más delicado. En la convocatoria pública de méritos para profesores de planta 2024, la Universidad del Tolima publicó la Resolución 0184 del 21 de febrero de 2025, mediante la cual conformó y adoptó la lista de elegibles. Allí aparece Jorge Andrés Tafur Villarreal en el perfil IDEAD-07-2024, del Instituto de Educación a Distancia, con puntaje 85,84 y posición 1. Aquí hay que ser precisos: en las fuentes abiertas revisadas aparece la lista de elegibles, no necesariamente el acto final de nombramiento como profesor de planta. Pero justamente por eso la UT debe aclararlo: si fue nombrado, que publique el acto; si no ha sido nombrado, que explique qué filtros aplicará antes de hacerlo.

 

No se trata de negar el derecho de una persona a concursar o a defenderse. Se trata de algo más elemental: una universidad pública no puede actuar como si las denuncias de género fueran un ruido incómodo que desaparece con el tiempo. Medios regionales registraron señalamientos contra Tafur por presunto acoso sexual cuando era directivo del CERE. El Nuevo Día publicó en junio de 2020 una nota titulada “Denuncian a directivo del Cere por presunto acoso sexual”, el caso venía de un testimonio difundido en mayo de 2020 contra el entonces director del CERE. Eso no equivale a una condena judicial, pero sí obliga a la institución a explicar qué hizo.

 

La Universidad del Tolima tiene protocolo de atención a violencias basadas en género. Ese protocolo no puede ser una decoración institucional. La propia UT dice que su ruta busca prevenir, atender, sancionar, restablecer derechos y reparar a las personas victimizadas por violencias basadas en género, discriminación por identidad de género u orientación sexual diversa. Entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿ese protocolo se aplicó en el caso Tafur?, ¿se abrió investigación?, ¿se protegió a la denunciante?, ¿se evitó la revictimización?, ¿se archivó el caso?, ¿quién tomó esa decisión?, ¿con qué argumentos?

 

Aquí no basta con decir “no hay condena”. Esa frase, usada de manera cómoda, muchas veces termina funcionando como escudo del poder. La presunción de inocencia es sagrada, sí. Pero también lo son el deber de prevención, la protección de las víctimas, la transparencia administrativa y la responsabilidad institucional. Una universidad pública no puede pedirles a las mujeres que denuncien y luego actuar como si denunciar no tuviera ninguna consecuencia institucional.

 

La Procuraduría debe revisar este caso con lupa. No para fabricar culpables, sino para hacer lo que la universidad parece incapaz de hacer con claridad: cruzar fechas, actos administrativos, denuncias, nombramientos, contratos, conceptos jurídicos, hojas de vida, evaluaciones, comisiones, viajes y soportes. La Procuraduría tiene poder disciplinario preferente y funciones de vigilancia superior sobre quienes desempeñan funciones públicas. Si hay un caso que amerita esa mirada, es este.

 

La revisión no debe quedarse en las denuncias de género. También debe entrar al corazón del CERE. En mayo de 2022, por ejemplo, aparece la Invitación Pública de Menor Cuantía No. 102 de 2022, cuyo objeto fue “prestar servicios profesionales para la investigación, generación y transferencia de conocimiento en materia de gobernabilidad local, la paz, los Derechos Humanos y la seguridad” para el CERE-UT. El presupuesto oficial fue de $18.000.000, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1898 del 6 de mayo de 2022. La evaluación recomendó contratar a Cristhian Camilo Salinas Silva por ese mismo valor, y el acta aparece firmada el 20 de mayo de 2022 por Andrés Tafur Villarreal como director del Centro de Estudios Regionales.

 

Ese contrato puede estar perfectamente en regla. Pero la transparencia no consiste en repetir que todo está bien. Consiste en mostrarlo. ¿Cuál fue el producto entregado? ¿Quién supervisó? ¿Qué informe final existe? ¿Cómo se midió el cumplimiento? ¿Por qué ese contratista? ¿Qué relación tenía con los proyectos del CERE? ¿Hubo pluralidad real o simplemente cumplimiento formal? Esas preguntas no son ataques: son control ciudadano.

 

El caso se vuelve más sensible con la contratación de 2024. En el proceso de Menor Cuantía 028 de 2024, los documentos oficiales hablan de la prestación de servicios logísticos en el marco del Convenio Interadministrativo No. 04 de 2024, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, para implementar la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz mediante circuitos asociativos solidarios en el suroccidente y el Pacífico. El valor estimado fue de $350.000.000, bajo modalidad de monto agotable, y el documento señala territorios como Valle del Cauca, Buenaventura, Guapi, Cauca, Nariño y Tumaco. En la necesidad contractual aparece Andrés Tafur Villarreal como quien elaboró, con cargo de director del CERE.

 

Además, la evaluación preliminar de ese proceso 028 de 2024 muestra que el presupuesto oficial fue de $350.000.000, respaldado por el CDP No. 4826 del 6 de diciembre de 2024. Allí también aparece una verificación de requisitos jurídicos, incluida la casilla de inhabilidades e incompatibilidades del proponente, reportada como “cumple”. Pero la Procuraduría no debería quedarse solo en la revisión del contratista. Debe mirar también la cadena interna: quién elaboró, quién aprobó, quién supervisó, quién ejecutó, quién recibió, quién certificó y quién se benefició política o académicamente de esos proyectos.

 

Porque en una universidad pública los contratos no son solo papeles. Los contratos crean redes. Crean lealtades. Crean equipos. Crean visibilidad. Crean poder. Y cuando ese poder coincide con denuncias de género, concursos docentes, nombramientos, viajes y elecciones internas, lo mínimo que debe exigir la comunidad universitaria es luz completa.

 

También debe revisarse si el CERE fue usado, directa o indirectamente, como plataforma de proyección personal. Tafur afirma en su sitio personal que entre 2019 y 2025 dirigió el CERE-UT y que coordinó proyectos de investigación aplicada y consultoría pública. En ese mismo perfil menciona formación con cursos especializados como becario de la University of Kassel, Alemania, además de otras instituciones. Eso no prueba ninguna irregularidad. Pero abre una pregunta legítima: ¿hubo viajes, contactos, comisiones, permisos, viáticos o uso de proyectos institucionales del CERE que hayan servido para avanzar intereses académicos personales, incluido su proyecto doctoral o actividades en Alemania? Si no ocurrió, la UT debería demostrarlo con documentos. Si ocurre, debe explicar bajo qué autorización, con qué recursos, con qué productos y con qué beneficio institucional.

 

La legalidad no puede revisarse a medias. Hay que revisar la legalidad del nombramiento de 2023, la transparencia del paso por el CERE, la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades en sus actuaciones, la lista de elegibles de 2025, la eventual vinculación como profesor de planta, los contratos que elaboró o firmó, los convenios que coordinó y la manera en que la UT tramita las denuncias de género. Todo junto. Porque cuando se fragmentan los casos, el poder siempre encuentra dónde esconderse.

 

Y el contexto electoral agrava la situación. En plena discusión sobre el futuro de la Universidad del Tolima, con rectoría en juego, grupos internos moviéndose, sectores sindicales calculando y bloques políticos midiendo fuerzas, este caso no puede tratarse como una anécdota. La UT no puede hablar de democracia universitaria mientras deja sin respuesta preguntas tan elementales sobre género, contratación y nombramientos.

 

La comunidad universitaria merece saber si las reglas se aplican para todos o solo para quienes no tienen padrinos. Merece saber si los protocolos de género son herramientas reales o simples adornos de página web. Merece saber si los concursos de mérito revisan únicamente puntajes o también condiciones éticas, disciplinarias e institucionales. Merece saber si el CERE fue una plataforma académica al servicio de la región o una estructura de poder manejada sin suficiente control público.

 

Que Tafur explique. Que la Universidad publique. Que la Procuraduría revise. Que el Consejo Superior no se haga el distraído. Que se abran los contratos. Que se revisen los viajes. Que aparezcan los informes. Que se diga si hubo o no impedimentos. Que se certifique si hubo o no incompatibilidades. Que se aclare si la denuncia de género fue atendida, archivada, ignorada o dejada morir en silencio.

 

Porque si todo está limpio, no debería tener miedo a la revisión.

 

Y si no todo está limpio, la Universidad del Tolima tiene un problema mucho más grave que una columna incómoda. Tiene un problema de poder, de género, de contratación y de confianza pública.

 

La UT no puede seguir pidiéndole paciencia a las víctimas, fe a los estudiantes y silencio a la ciudadanía. Ya es hora de que alguien responda.

 

¿Hasta cuándo la Universidad del Tolima va a tratar las denuncias como ruido y los contratos como propiedad privada?

 

¿Hasta cuándo la Procuraduría va a mirar desde lejos?

 

¿Hasta cuándo el poder universitario va a seguir escondido detrás de resoluciones, actas y discursos de transparencia?

 

Que se investigue todo. Sin espectáculo, pero sin miedo. Sin linchamiento, pero sin encubrimiento. Sin cálculos electorales, pero con verdad.

 

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