Foto: Michael Steven Mejía Ospina, experto en Gestión comercial y de negocios de la UNAD, y Defensor de derechos humanos. Columnista invitado cambioin.com
Por: Editor en Jefe - Publicado en mayo 13, 2026
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado cambioin.com
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La noticia de los operativos contra vendedores ambulantes en los alrededores de la Clínica Nuestra, en el barrio Varsovia de Ibagué, es el eco de una realidad que se repite dolorosamente en nuestras ciudades. La Dirección de Espacio Público se enorgullece de combinar "acciones de control con jornadas de sensibilización", argumentando la necesidad de "respetar el espacio público y fomentar su uso adecuado". Pero, ¿a qué costo? ¿Y a qué realidad se refiere esa "sensibilización" cuando la acción final es el despojo de un medio de subsistencia?
Como activista, defensor de derechos humanos y como ciudadano que ha palpado las realidades sociales, debo levantar mi voz. No se trata de desestimar la importancia del orden urbano o de una movilidad segura para peatones, adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Pero es una falacia moral pretender que la solución a este desafío pase por la mera erradicación, sin una mirada profunda y humana a las causas y consecuencias de la venta informal.
Detrás de Cada Puesto, una Familia que Lucha por Sobrevivir
Cuando la directora de Espacio Público, Martha Echeverry, declara que su propósito es "educar y generar conciencia", es imperativo preguntarse: ¿conciencia de qué? ¿De que hay personas en la calle porque no encontraron otra alternativa para alimentar a sus hijos? ¿De que la falta de empleo digno empuja a madres y padres de familia a la informalidad, exponiéndose a la intemperie y a la incertidumbre del desalojo?
Detrás de cada vendedor informal hay una historia de supervivencia. Hay familias que dependen de esa venta diaria. Hay hijos que esperan el sustento para su comida, su educación y su vestido. Hay adultos mayores que no encontraron una pensión digna y a quienes el Estado no les brindó otra opción que buscarse la vida en la calle. Hay personas con discapacidad o condiciones especiales que, excluidas del mercado laboral formal, encuentran en la venta ambulante la única forma de autonomía económica.
¿Acaso la "sensibilización" de la administración municipal incluye la comprensión de esta cruda realidad? ¿O se limita a una pedagogía unilateral que criminaliza la pobreza y la necesidad?
La Venta Informal: Síntoma, No Causa
La venta informal no es el problema en sí misma; es un síntoma flagrante de problemas estructurales mucho más profundos: la falta de oportunidades laborales, la desigualdad económica, un sistema educativo que no prepara para el mercado laboral, y la ausencia de políticas sociales que garanticen un mínimo vital para todos los ciudadanos.
Desalojar a un vendedor informal sin ofrecerle una alternativa real, viable y digna, no es solucionar un problema; es simplemente trasladarlo, o peor aún, agravarlo. Es condenar a familias enteras a una situación de mayor vulnerabilidad y desesperanza.
Exigimos Oportunidades, No Erradicación
La verdadera "sensibilización" debería venir de la Administración Municipal. Deberían "sensibilizarse" ante la necesidad de generar empleo de calidad, de fortalecer el emprendimiento formal, de ofrecer programas de reubicación que sean efectivos y sostenibles, no meros paliativos temporales.
Como miembro de Amnistía Internacional y defensor de los derechos humanos, hago un llamado contundente a la Alcaldía de Ibagué:
1. Priorizar la Reubicación Digna: Antes de cualquier operativo de desalojo, es una obligación moral y ética ofrecer alternativas de reubicación que garanticen la subsistencia de estas familias. Espacios dignos, con las condiciones básicas para vender y que no los condenen a la invisibilidad y el fracaso.
2. Programas de Formalización y Capacitación: Es imperativo invertir en programas reales de apoyo para que los vendedores informales puedan formalizar sus negocios, acceder a créditos, capacitación y herramientas que les permitan crecer y dejar la vulnerabilidad.
3. Mirada Social y de Derechos Humanos: La gestión del espacio público no puede ser puramente administrativa. Debe tener una fuerte perspectiva social y de derechos humanos, reconociendo la dignidad inherente a cada persona, independientemente de su situación laboral.
4. Diálogo Genuino y Construcción Colectiva: Los diálogos no pueden ser unilaterales. Deben incluir la voz y las propuestas de los mismos vendedores informales, quienes son los que mejor conocen sus necesidades y las dinámicas de su trabajo.
La recuperación del espacio público es importante, sí. Pero jamás debe hacerse a costa de la dignidad de nuestros ciudadanos más vulnerables. Es inaceptable que una administración celebre operativos que dejan a familias enteras sin su único sustento.
La Ibagué que soñamos es una ciudad donde el orden y la prosperidad van de la mano con la justicia social y el respeto por cada vida. Es hora de que la Administración Municipal de Ibagué se "sensibilice" de verdad, no solo con el espacio, sino con las personas que lo habitan, lo usan y lo dignifican con su esfuerzo diario. La oportunidad está ahí para demostrar que el progreso no tiene por qué ser cruel.
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