El silencio institucional, es más grave que la guerra qué se vive en Planadas

Planadas: La Guerra ha regresado, pero el silencio institucional también es parte del Problema. La Universidad del Tolima, ni un comunicado ha sacado, ni una intervención social y territorial al desplegado el silencio abunda al interior del alma mater.

 

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Por: Editor Regional. cambioin.com

 

Lo ocurrido en Planadas, Tolima, entre el 1 y el 2 de noviembre de 2026, no puede tratarse como un episodio más de violencia en las noticias, ni como una cifra que desaparece cuando termina la transmisión de los noticieros. La detonación de un vehículo cargado con explosivos dejó una tragedia que, de acuerdo con los primeros reportes periodísticos, cobró la vida de cuatro personas, entre ellas una bebé de apenas dos meses. También produjo daños en viviendas, afectaciones a la infraestructura hospitalaria y temor entre los habitantes. Detrás de cada dato hay familias destruidas, niños que han quedado expuestos a la violencia y una comunidad que vuelve a preguntarse si las instituciones realmente tienen la capacidad y la voluntad de protegerla.

 

Planadas no es un territorio desconocido para la violencia. Su historia está atravesada por el conflicto armado, el desplazamiento, las amenazas y las dificultades que han tenido que enfrentar las comunidades campesinas e indígenas. Por eso, lo sucedido no puede analizarse como un hecho aislado ni limitarse a la reacción de las autoridades después de la explosión. La pregunta de fondo es otra: ¿qué se hizo para prevenir que esta tragedia ocurriera?, ¿qué advertencias existían?, ¿qué medidas de protección se adoptaron y quién responde por las fallas que hoy tienen a la población viviendo nuevamente bajo el miedo?

 

Las redes de derechos humanos del Tolima han venido denunciando las condiciones de riesgo que enfrentan distintas comunidades del departamento y reclamando la intervención de las autoridades. Esas voces no pueden ser ignoradas ni reducidas a simples pronunciamientos. Cuando las organizaciones sociales advierten sobre amenazas, presencia de actores armados, vulneraciones a la población civil y falta de garantías, están poniendo sobre la mesa situaciones que requieren respuestas concretas. Escuchar a quienes trabajan en los territorios debería ser una obligación institucional, no un gesto de cortesía ni una reacción que solo aparece cuando la tragedia ya ocurrió.

 

También resulta necesario preguntarse por el papel de las instituciones que tienen responsabilidades de vigilancia, acompañamiento y defensa de los derechos humanos. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo deben explicar qué seguimiento han realizado a las alertas, qué acciones han exigido a las autoridades y cuáles son las garantías que hoy existen para la población de Planadas y de los municipios vecinos. No basta con emitir comunicados después de cada hecho violento. La protección de la vida exige presencia, seguimiento, prevención y resultados que puedan ser conocidos por la ciudadanía.

 

¿Dónde está la Universidad del Tolima cuando el territorio necesita respuestas?

 

Hay una institución cuya actuación merece una explicación pública: la Universidad del Tolima, particularmente su Observatorio de Paz y Derechos Humanos. No se trata de desconocer la importancia del trabajo académico ni de exigirle a una universidad que asuma funciones que corresponden a la Fuerza Pública o a las autoridades judiciales. Se trata de preguntarle por su responsabilidad social, por su compromiso con el territorio y por la distancia que puede existir entre los discursos institucionales sobre paz y derechos humanos y las realidades que viven las comunidades.

 

La Universidad del Tolima ha construido parte de su discurso institucional alrededor de la paz, la convivencia, la memoria y la defensa de los derechos humanos. Su propio Observatorio tuvo antecedentes de trabajo en municipios como Planadas, Chaparral, Ataco y Rioblanco, incluso liderando iniciativas relacionadas con la convivencia y la no repetición del desplazamiento forzado. Por eso, frente a la gravedad de lo ocurrido, es legítimo preguntar qué seguimiento se ha hecho a esos procesos, qué investigaciones se han desarrollado, qué información se ha recogido y qué acompañamiento se está brindando actualmente a las comunidades afectadas.

 

Hasta donde se conoce públicamente, no se advierte una intervención suficientemente visible y contundente de la Universidad del Tolima ni de su Observatorio frente a esta nueva escalada de violencia en Planadas. Si existen acciones, investigaciones, acompañamientos o pronunciamientos que no han sido divulgados, la institución tiene la oportunidad de presentarlos y explicar su alcance. Pero si no los hay, también debe reconocerlo. El silencio institucional no puede convertirse en una respuesta aceptable frente a una tragedia que golpea directamente a la población del departamento.

 

No es suficiente con organizar encuentros, publicar documentos, realizar conversatorios o hablar de construcción de paz en escenarios académicos si esos esfuerzos no tienen continuidad en los territorios donde la violencia sigue condicionando la vida de las personas. La paz no puede quedarse en los auditorios, en los informes ni en las fotografías de los eventos institucionales. Tiene que traducirse en investigación rigurosa, acompañamiento a las víctimas, seguimiento a las alertas, interlocución con las organizaciones sociales y exigencia pública de garantías para quienes viven en medio del conflicto.

 

Y aquí surge una pregunta que la Universidad del Tolima debería responder sin evasivas: ¿cuál es hoy el papel de su Observatorio de Paz y Derechos Humanos frente a lo que está ocurriendo en el sur del departamento? ¿Ha documentado las afectaciones a la población civil? ¿Ha escuchado a las organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿Ha establecido algún mecanismo de seguimiento con las comunidades campesinas e indígenas? ¿Ha puesto sus capacidades académicas e investigativas al servicio de quienes necesitan que su situación sea visibilizada? Son preguntas legítimas, especialmente cuando la universidad tiene una trayectoria y una responsabilidad pública que no pueden limitarse a los documentos institucionales.

 

La crítica no busca descalificar el trabajo de quienes, desde la academia, sí han contribuido a la defensa de los derechos humanos. Busca exigir coherencia institucional. Una universidad pública tiene una responsabilidad que va más allá de formar profesionales: debe contribuir a comprender los problemas de su región, investigar sus causas y poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Cuando un municipio del Tolima vuelve a vivir una tragedia de esta magnitud, la comunidad tiene derecho a esperar algo más que silencio o declaraciones generales. Tiene derecho a conocer qué está haciendo su universidad.

 

## La paz no puede ser un discurso mientras la población sigue en riesgo

 

Tampoco puede quedar por fuera la responsabilidad de los gobiernos nacional y departamental, de las autoridades municipales y de los organismos encargados de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales. Las comunidades no necesitan explicaciones que se repiten después de cada atentado. Necesitan saber qué medidas se van a adoptar para evitar nuevos ataques, cómo se protegerá a los habitantes, qué atención recibirán las familias afectadas y qué garantías tendrán quienes deben regresar a sus viviendas y continuar con sus actividades cotidianas.

 

La preocupación es todavía mayor cuando se recuerda que el departamento ha recibido advertencias sobre situaciones de riesgo en municipios del sur del Tolima. La Procuraduría había llamado la atención sobre hechos de violencia y amenazas contra población campesina e indígena, líderes sociales y comunidades de la región. Esas advertencias deben ser examinadas con seriedad para establecer qué medidas se tomaron, cuáles quedaron pendientes y si hubo fallas de coordinación o de respuesta institucional. Una alerta que no se convierte en acciones oportunas termina siendo un documento más en los archivos del Estado, mientras las comunidades siguen expuestas.

 

La Iglesia Católica, que históricamente ha tenido presencia en los territorios y ha acompañado a comunidades golpeadas por la violencia, también puede contribuir a que esta tragedia no quede en el olvido. Su voz, junto con la de las organizaciones sociales, las universidades y los organismos de derechos humanos, puede ayudar a exigir protección para la población civil y a construir espacios de diálogo que no desconozcan la gravedad de lo que está ocurriendo. En momentos como este, la defensa de la vida no debería tener cálculos ni silencios selectivos.

 

No podemos acostumbrarnos a que la muerte de una bebé, el sufrimiento de las familias y la destrucción de viviendas sean recibidos como una noticia más. Tampoco podemos aceptar que la población campesina e indígena tenga que vivir entre el temor, las amenazas y la incertidumbre, mientras las instituciones aparecen únicamente para anunciar consejos de seguridad o expresar solidaridad. La solidaridad es necesaria, pero no reemplaza la obligación de prevenir, proteger, investigar y garantizar justicia.

 

Planadas necesita respuestas verificables. Necesita presencia institucional permanente, protección para sus comunidades, atención integral a las víctimas y garantías para que los niños puedan crecer sin que el sonido de una explosión se convierta en parte de su memoria. Necesita que las organizaciones de derechos humanos sean escuchadas, que las alertas tengan consecuencias y que las instituciones públicas rindan cuentas sobre lo que han hecho y lo que han dejado de hacer.

 

La paz no se demuestra con discursos, se demuestra con decisiones y con hechos. Como recuerda Santiago 2:17: «Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma». Esa reflexión también interpela a las instituciones: hablar de derechos humanos, de paz y de dignidad pierde sentido cuando esas palabras no se convierten en acciones concretas para defender la vida.

 

Hoy la pregunta no es solamente quiénes están detrás de este atentado. También debemos preguntar quién está protegiendo a la población, quién está haciendo seguimiento a las alertas y quién está dispuesto a responder por la falta de garantías. Que nadie utilice la complejidad del conflicto como excusa para la indiferencia. Que nadie convierta el dolor de Planadas en una noticia pasajera.

 

Planadas no necesita más discursos sobre la paz pronunciados desde la distancia. Necesita instituciones presentes, organizaciones escuchadas, autoridades que respondan y garantías reales para vivir sin miedo. Porque cuando la violencia vuelve a golpear a un pueblo, el silencio de quienes tienen la responsabilidad de defender la vida también merece ser cuestionado.

 

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