Espejito, Espejito...Los millones qué paga rector de la UT, para que hablen bien de él

El Rector de los Reportajes, los millones de la Universidad y una Rectoría que no encuentra el Norte

cambioin polémica | Segunda Entrega del Especial: Las Cuentas, los contratos y el poder en la Universidad del Tolima.

 

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Por: Redacción de cambioin. Denuncia e investigación. cambioin.com

 

Más de $42.102 millones en contratación durante 2025, $533 millones en anticipos de viáticos pendientes de legalización, una reserva presupuestal superior a $11.431 millones y nuevos presupuestos para publicidad, impresión y difusión. Mientras tanto, la rectoría de Jhon Jairo Méndez intenta construir una narrativa de transformación institucional en medio de las críticas, las tensiones políticas y las dificultades para encontrar interlocutores en una comunidad universitaria cada vez más dividida.

 

Hay rectores que llegan a una universidad y comienzan por recorrer sus facultades, escuchar a los profesores, reunirse con los estudiantes, revisar las cuentas y conocer de primera mano las necesidades de quienes sostienen la institución. Otros parecen descubrir, con el paso de los días, que administrar una universidad pública es bastante más complicado que conseguir los votos necesarios para llegar al despacho principal. Y en la Universidad del Tolima, donde las cifras de la Contraloría todavía producen más preguntas que respuestas, Jhon Jairo Méndez parece estar descubriendo que la rectoría no es una oficina para administrar fotografías, amistades y comunicados, sino una responsabilidad que exige carácter, conocimiento administrativo y capacidad de enfrentar las contradicciones.

 

La Universidad del Tolima atraviesa una coyuntura que merece ser examinada sin anestesia política. La Contraloría Departamental del Tolima dejó documentadas observaciones financieras y presupuestales correspondientes a 2025. Hay un déficit presupuestal de $5.436.818.603,18, anticipos de viáticos y gastos de viaje por $533.165.763,70 pendientes de legalización al cierre de la vigencia, incorrecciones contables y cuestionamientos sobre la planeación de la contratación. No estamos hablando de rumores de cafetería ni de una discusión entre dos profesores enfrentados. Estamos hablando de cifras incorporadas a un informe de auditoría oficial.

 

Y antes de que alguien salga a interpretar esta publicación como una condena, conviene precisar que la Contraloría no declaró que esos recursos hubieran sido robados ni estableció un detrimento patrimonial por las cuantías mencionadas. Lo que hizo fue formular observaciones y hallazgos administrativos que requieren explicación y correctivos. La diferencia es fundamental. Pero también es fundamental entender que una universidad pública no puede acostumbrarse a que sus cuentas tengan más interrogantes que respuestas.

 

El problema de Méndez es que recibió una institución con dificultades administrativas y financieras, pero también una comunidad universitaria que no está dispuesta a entregarle un cheque en blanco. Llegó con una votación importante y con el respaldo de seis integrantes del Consejo Superior, pero gobernar no es lo mismo que ganar. Una consulta universitaria puede otorgar legitimidad política; no entrega automáticamente capacidad para resolver conflictos, administrar presupuestos, construir consensos y mantener una relación institucional saludable con quienes piensan diferente.

Los $42.102 millones que pasaron por la contratación universitaria

Uno de los datos más importantes de la auditoría es el volumen de contratación reportado por la Universidad durante 2025. Según el informe, se registraron 1.022 contratos por un valor total de $42.102.540.773.

 

La distribución merece atención. Se reportaron 386 contratos de apoyo a la gestión por aproximadamente $7.179 millones; 274 contratos de prestación de servicios por $14.159 millones, y 265 contratos de compraventa por $10.626 millones. Se trata de modalidades y objetos diferentes, pero que en conjunto permiten dimensionar el movimiento económico de una institución que administra recursos públicos y debe garantizar que cada contratación responda a una necesidad demostrable.

 

La Contraloría también examinó la clasificación de los procesos y observó que $36.965 millones, equivalentes al 87,70 % del valor reportado, aparecían en la categoría denominada «sin ofertas», mientras que $5.136 millones correspondían al régimen especial, según la clasificación consignada en el informe. Ese registro no significa automáticamente que los procesos carecieran de competencia o que se hubieran cometido irregularidades. Es indispensable revisar la modalidad de selección, la naturaleza de cada contratación y la metodología utilizada para construir la clasificación.

 

Pero hay otra observación que no debería pasar inadvertida: las deficiencias en la documentación de algunos expedientes. La auditoría señaló problemas relacionados con comprobantes de pago, registros de almacén, actas de entrega y publicación de información contractual en SECOP. Es decir, no basta con que la Universidad diga que contrató correctamente. Debe estar en capacidad de demostrar qué compró, quién lo suministró, cuándo se entregó y quién certificó el cumplimiento.

 

La pregunta para la nueva rectoría es sencilla: ¿qué encontró al recibir la institución y qué está haciendo para corregir esas debilidades? ¿Se revisaron los contratos heredados? ¿Se fortalecieron las dependencias de contratación y supervisión? ¿Existe una matriz de seguimiento a los hallazgos? ¿Cuáles son los resultados concretos?

 

La Universidad necesita respuestas, no una nueva campaña de buenas intenciones.

Los $533 millones de viáticos: el dinero también necesita regresar con sus soportes

Si existe un capítulo que merece una explicación particularmente detallada es el de los anticipos para viáticos.

 

La Contraloría encontró $533.165.763,70 pendientes de legalización al cierre de 2025. Una cifra que obliga a revisar las comisiones, los desplazamientos, los funcionarios que recibieron anticipos, los documentos presentados y los saldos que continúan pendientes de aclaración.

 

No se puede afirmar que todo ese dinero corresponde a viajes injustificados. Tampoco que todos los anticipos permanezcan sin legalizar en la actualidad. Para conocer la situación real se necesita una actualización certificada de la Universidad.

 

Pero sí hay una pregunta que no admite evasivas: ¿cuánto dinero fue legalizado después de la auditoría y cuánto continúa pendiente?

 

La expedición de una circular sobre viáticos en febrero de 2026 demuestra que la institución estableció reglas para el trámite de estos gastos, incluyendo tarifas por distancias en kilómetros, requisitos presupuestales y plazos de presentación de solicitudes. El documento contempla porcentajes del salario mínimo según el trayecto recorrido.

 

La discusión sobre el llamado cambio de millas a kilómetros también merece una explicación técnica. La circular de 2026 presenta una tabla basada en kilómetros, pero para afirmar que hubo una modificación del sistema anterior es indispensable comparar la Resolución 1019 de 2025 con las disposiciones precedentes. Tampoco se puede asegurar que el cambio haya encarecido los desplazamientos sin comparar tarifas y gastos efectivamente pagados.

 

Lo que sí resulta necesario es publicar un balance de los viajes institucionales: cuántas comisiones se autorizaron, cuánto costaron, quiénes viajaron, qué actividades desarrollaron y cuáles fueron los resultados para la Universidad.

 

Los viáticos no son un premio por ocupar un cargo. Son recursos públicos destinados a cumplir actividades institucionales. Y cada desplazamiento debe poder justificarse.

Los $151,5 millones de publicidad: ¿comunicación institucional o posicionamiento de la rectoría?

Aquí aparece uno de los asuntos que merece mayor seguimiento durante la nueva administración.

 

El 29 de abril de 2026, la Universidad del Tolima publicó la invitación de menor cuantía 153, cuyo objeto es contratar servicios de edición, impresión y difusión de material publicitario para actividades académicas, administrativas y de bienestar. El presupuesto oficial asciende a $151.500.000, con respaldo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1512 del 9 de abril de 2026.

 

Cinco meses de plazo y más de ciento cincuenta millones de pesos destinados a servicios publicitarios. Una cuantía que obliga a preguntar qué se va a difundir, en qué medios, con qué alcance y bajo cuáles criterios se seleccionarán los proveedores.

 

La Universidad tiene derecho a comunicar sus actividades. Necesita divulgar investigaciones, convocatorias, programas académicos, resultados científicos, eventos culturales y servicios para sus estudiantes. Nadie está proponiendo que una institución pública permanezca escondida. Lo que debe establecerse es si los recursos se destinan a una estrategia de comunicación institucional o si terminan favoreciendo la imagen personal de quienes ocupan los cargos directivos.

 

La diferencia no es pequeña. Una universidad puede financiar la difusión de sus programas y resultados, siempre que exista una necesidad institucional y una contratación justificada. Lo que no debe hacer es convertir el presupuesto público en una plataforma de promoción personal.

 

Por eso, la rectoría debería publicar la relación de medios, proveedores, productos, tarifas, órdenes de servicio, facturas y pagos relacionados con esta contratación. También debería explicar si hubo espacios de pauta, contenidos patrocinados, publicaciones especiales, producción audiovisual o campañas digitales.

 

El presupuesto oficial de $151,5 millones no demuestra que todo ese dinero se haya contratado ni pagado. Es necesario conocer la adjudicación definitiva y la ejecución.

Semana, los perfiles y la pregunta que nadie debería considerar incómoda

El 29 de octubre de 2026, la revista Semana publicó un perfil de Jhon Jairo Méndez titulado De mesero a rector: Jonh Jairo Méndez y su apuesta por transformar la educación desde el Tolima. El contenido presenta su trayectoria personal y académica, sus iniciativas de inteligencia artificial y su visión de transformación de la Universidad. Al cierre de la publicación aparece una mención expresa: contenido elaborado con el apoyo de la Universidad del Tolima.

 

Al día siguiente, CambioIn planteó interrogantes sobre la estrategia de comunicaciones de la rectoría.

 

La publicación en Semana es un hecho verificable. Lo que todavía no está acreditado es que la Universidad haya pagado directamente por ese perfil, cuánto habría costado o mediante qué contrato se habría financiado. La mención de apoyo institucional no permite establecer por sí sola la existencia de un pago.

 

Pero precisamente por eso hay que preguntar.

 

¿Existió una contratación con Semana? ¿Se trató de una colaboración editorial sin contraprestación económica? ¿Hubo un contrato con una agencia intermediaria? ¿La publicación hizo parte de una estrategia institucional de divulgación? ¿Qué recursos se comprometieron y cuál fue el producto recibido?

 

Son preguntas normales en cualquier entidad pública. No constituyen un ataque contra el periodista, el medio ni el rector.

 

Y hay una cuestión adicional: ¿cuántas publicaciones similares se han realizado durante la nueva rectoría y qué relación económica existe entre ellas y la Universidad?

 

El rector puede explicar su trayectoria, presentar sus proyectos y conceder entrevistas. Lo que debe quedar claro es si la institución está pagando por divulgar sus resultados o si está financiando una operación de posicionamiento personal.

 

Una cosa es que la Universidad sea protagonista de una noticia porque desarrolla una investigación importante. Otra es que el rector se convierta en el producto principal de una estrategia de comunicaciones pagada con recursos de la institución.

Los $32 millones de la Editorial y los antecedentes de $84,5 millones

Otro expediente que merece seguimiento es el proceso 195 de 2026, promovido desde la Vicerrectoría de Investigación-Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social. El estudio previo del 15 de abril contempló $32.000.000 para servicios editoriales, con un plazo de seis meses.

 

El objeto incluye corrección de estilo, diseño y diagramación de 21 libros vinculados a la convocatoria 09-2024. La exigencia de experiencia mínima de diez años para la persona jurídica que prestara el servicio también debe ser revisada junto con los demás requisitos del procedimiento, para establecer su justificación y proporcionalidad.

 

Aquí no hay que inventar controversias. La producción editorial universitaria es una actividad legítima y necesaria. Publicar investigaciones, libros y resultados académicos es parte de la misión de una institución de educación superior.

 

Lo importante es saber qué empresa fue seleccionada, cuánto recibió, cuáles fueron los libros entregados y qué derechos de publicación quedaron en manos de la Universidad.

 

El estudio previo también recoge antecedentes de contratación editorial de 2025. Entre ellos aparecen los contratos 372, 382, 390 y 394, por valores de $7.600.000, $6.400.000, $2.600.000 y $2.000.000, respectivamente. Se suma el contrato 987 de 2025, por $65.920.000, relacionado con publicación y divulgación de producción intelectual.

 

Los cinco antecedentes suman $84.520.000.

 

La cifra debe entenderse como un conjunto de contratos anteriores citados en el estudio de 2026, no como dinero nuevo de la administración de Méndez. Su utilidad periodística consiste en mostrar que existe una línea de contratación editorial que puede seguirse mediante los proveedores, los productos y los pagos.

 

La Universidad debe estar en capacidad de mostrar cada libro, cada publicación y cada servicio recibido. Si los productos están disponibles y cumplen los contratos, los documentos hablarán por sí mismos.

Otros $63 millones para contactabilidad: comunicar también cuesta

El proceso 045 de 2026 contempló $63.000.000 para servicios de contactabilidad y sistemas de comunicación conversacional dirigidos a los Centros de Atención Tutorial.

 

El objeto está relacionado con herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación con los estudiantes y facilitar la atención de las necesidades de los centros regionales. No corresponde, por su descripción, a una contratación de pauta periodística.

 

Sin embargo, debe incorporarse al balance general de los recursos destinados a comunicación institucional.

 

La rectoría debe explicar cuántos estudiantes se beneficiarán, qué plataforma se implementará, qué servicios incluye, cuánto dura la contratación y cuáles son los indicadores para determinar si la inversión cumplió su objetivo.

 

Una universidad con miles de estudiantes en distintas regiones necesita herramientas de comunicación. Pero la tecnología no puede convertirse en otra factura sin resultados medibles.

Méndez y el problema de gobernar una universidad dividida

Hasta aquí los números. Ahora viene la política, que en la Universidad del Tolima parece estar ocupando demasiados espacios que deberían reservarse para la academia.

 

Jhon Jairo Méndez llegó a la rectoría con 9.739 apoyos en la consulta universitaria y seis votos favorables de los nueve integrantes del Consejo Superior. Su designación fue anunciada el 28 de mayo de 2026, después de una sesión que estuvo rodeada de controversia por una solicitud del delegado del Ministerio de Educación para suspender el procedimiento debido a una recusación pendiente.

 

Méndez obtuvo la rectoría. Pero ganar la elección no significaba que la Universidad hubiera quedado políticamente unificada.

 

Los profesores que no lo respaldaron siguen allí. Los estudiantes que cuestionan sus decisiones siguen allí. Los sindicatos mantienen sus propias posiciones. Los sectores políticos que participaron en la disputa también continúan observando los movimientos de la nueva administración.

 

El rector debe entender que no gobierna solamente para quienes le dieron su voto. Gobierna para toda una comunidad.

 

Y es precisamente en la capacidad de mediar donde aparecen las preguntas más difíciles. ¿Tiene la rectoría una estrategia para resolver los conflictos internos? ¿Existen mesas de concertación permanentes? ¿Se escuchan las observaciones de los sectores críticos? ¿Se responde a las denuncias con documentos o se permite que las diferencias terminen convertidas en disputas personales?

 

Un rector no necesita ganar todas las discusiones. Necesita impedir que las discusiones destruyan la institución.

 

La Universidad no puede convertirse en un escenario donde cada funcionario interpreta la crítica como una amenaza, cada oposición es considerada una conspiración y cada diferencia termina resolviéndose mediante versiones de pasillo.

El discurso contra los chismes y el problema de gobernar a partir de versiones

En los debates universitarios se ha mencionado el llamado de Méndez a no prestar atención a los chismes. La recomendación, en principio, parece razonable. Una institución pública no puede dirigir sus decisiones con rumores.

 

Pero hay una pregunta que debe hacerse: ¿cómo está verificando la rectoría la información que recibe de su propio equipo de trabajo?

 

En una administración compleja, el rector escucha diariamente a directores, asesores, funcionarios y representantes de diferentes sectores. Cada uno puede tener una interpretación distinta de lo que sucede. El problema aparece cuando las versiones reemplazan a los documentos y cuando los comentarios internos terminan condicionando la relación con los contradictores.

 

No tenemos elementos suficientes para afirmar que el equipo de Méndez promueva deliberadamente campañas de rumores contra determinados funcionarios o dirigentes. Esa sería una acusación que exigiría testimonios identificables y evidencia.

 

Pero sí puede exigirse que la rectoría establezca procedimientos transparentes para recibir denuncias, verificar información y responder a las críticas.

 

No se puede pedir que nadie haga caso a los chismes y, al mismo tiempo, permitir que los rumores se conviertan en una herramienta de administración.

 

La Universidad necesita menos mensajeros políticos y más funcionarios capaces de presentar informes, actas, decisiones y resultados.

Renzo García, el Pacto Histórico y una amistad que debe traducirse en hechos verificables

La cercanía política entre Méndez y Renzo García es otro de los asuntos que alimentan la discusión regional.

 

García tiene antecedentes de vinculación con la Universidad del Tolima y ha participado en debates sobre su situación institucional. También ha desarrollado actividades relacionadas con asuntos ambientales y académicos. En 2026, manifestó públicamente expectativas sobre la nueva rectoría y su apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación.

 

Es legítimo que un representante político dialogue con un rector. También es legítimo que una universidad pública construya proyectos con representantes de diferentes corrientes políticas.

 

Lo que debe aclararse es si esa interlocución ha producido compromisos administrativos concretos.

 

¿Se han firmado convenios? ¿Existen proyectos de extensión financiados con recursos universitarios? ¿Hay acuerdos de cooperación? ¿Qué entidades participan? ¿Qué cuantías se comprometieron? ¿Quién supervisa esos proyectos?

 

Las versiones sobre una amistad de larga data o una cercanía política estrecha no prueban por sí mismas la existencia de un acuerdo burocrático. Tampoco una fotografía o una declaración pública permiten concluir que se hayan negociado cargos.

 

Pero si existen convenios, contratos o compromisos institucionales, deben conocerse.

 

La pregunta no es por qué Méndez conversa con Renzo García. La pregunta es qué decisiones se han tomado después de esas conversaciones y si pueden justificarse por el interés académico de la Universidad.

 

Lo mismo debe preguntarse respecto de Marco Emilio Hincapié y los demás dirigentes que mantienen interlocución con la rectoría.

El barretismo, el matizismo y la dificultad de quedar bien con todos

En los círculos políticos del Tolima circulan versiones de inconformidad de sectores vinculados al barretismo frente a determinados movimientos de Méndez y sus acercamientos con la izquierda del Pacto Histórico.

 

No hay que convertir esas versiones en una ruptura formal ni afirmar que existió un acuerdo de cargos sin documentos que lo demuestren.

 

Pero el asunto tiene una dimensión política que merece atención.

 

Si sectores que participaron en la construcción de su llegada a la rectoría consideran que Méndez está tomando decisiones contrarias a sus expectativas, deben explicar públicamente cuáles son esas decisiones. Si el rector considera que sus acercamientos responden a la necesidad de construir una Universidad plural, debe demostrar que esas relaciones no comprometen su autonomía administrativa.

 

El problema no es conversar con la izquierda. Tampoco es mantener interlocución con el conservatismo o con la Gobernación. El problema sería intentar mantener expectativas incompatibles con todos los sectores y no explicar cuáles son los compromisos reales de la rectoría.

 

La gobernadora Adriana Magali Matiz también tiene una responsabilidad política en este escenario: preservar una relación institucional respetuosa con la Universidad, sin pretender sustituir su autonomía. Si existen diferencias con Méndez, deben tramitarse mediante conversaciones claras y no mediante mensajes indirectos.

 

Y si la gobernadora considera que los sectores críticos tienen propuestas constructivas, debería facilitar que sean escuchados. Una Universidad no se estabiliza silenciando a quienes cuestionan sus decisiones.

 

Méndez, por su formación como biólogo, debería comprender que un ecosistema no se mantiene en equilibrio eliminando todas las diferencias. Se mantiene mediante relaciones que permiten procesar las tensiones. En la Universidad ocurre algo parecido: si la rectoría no escucha a los sectores que cuestionan sus decisiones, la inconformidad puede crecer hasta convertirse en una crisis de gobernabilidad.

La incapacidad de mediar también tiene consecuencias administrativas

Un conflicto universitario que se prolonga puede terminar afectando la contratación, la ejecución presupuestal, la investigación y el desarrollo de los programas académicos.

 

Por eso, la capacidad de diálogo no es una cuestión de simpatía personal. Es una competencia de gestión.

 

Un rector debe ser capaz de sentarse con sus contradictores sin exigirles adhesión previa. Debe escuchar las críticas sin convertirlas automáticamente en ataques. Debe explicar por qué adopta determinadas decisiones y aceptar que otras pueden ser cuestionadas.

 

La rectoría necesita construir un mecanismo permanente de interlocución con profesores, estudiantes, trabajadores, sindicatos y representantes de los sectores políticos y académicos. No una reunión para tomarse fotografías, sino un espacio con agenda, compromisos, responsables y seguimiento.

 

La Universidad no puede depender del humor de sus aliados ni de la interpretación que un funcionario haga de una conversación privada.

 

Y mucho menos puede permitir que la agenda política termine desplazando las discusiones sobre calidad académica, investigación, bienestar y sostenibilidad financiera.

La segunda entrega deja una pregunta incómoda

Los documentos consultados permiten identificar un presupuesto oficial de $151,5 millones para publicidad, impresión y difusión en 2026; $32 millones para servicios editoriales; $63 millones para sistemas de contactabilidad; y antecedentes editoriales de 2025 por $84,52 millones.

 

Son cifras que deben examinarse individualmente. No todas corresponden a publicidad periodística y no se ha acreditado que los perfiles publicados sobre Méndez hayan sido pagados por la Universidad.

 

Precisamente por eso, CambioIn Polémica solicita que se conozcan los contratos definitivos, los proveedores, las facturas y los productos entregados.

 

La pregunta es si la estrategia de comunicación está al servicio de la Universidad o si existe una operación de posicionamiento personal que deba ser aclarada.

 

También debe conocerse el gasto total en comunicaciones de 2025 y 2026, incluyendo producción audiovisual, pauta digital, impresión, publicaciones editoriales, servicios de prensa, agencias y cualquier contrato de divulgación.

 

Si la contratación fue institucional y está debidamente justificada, la documentación permitirá demostrarlo. Si existen pagos destinados a contenidos de promoción personal, también debe conocerse su fundamento jurídico y presupuestal.

 

La transparencia no debería incomodar a quien tiene las cuentas en orden.

La rectoría necesita demostrar que sabe hacia dónde va

Méndez todavía tiene la posibilidad de convertir esta coyuntura en una oportunidad para demostrar que puede dirigir una institución compleja. Pero para hacerlo tendrá que abandonar la comodidad de las explicaciones generales y entrar en el terreno de los resultados.

 

Debe responder por los correctivos frente a las observaciones de la Contraloría, presentar un balance de la contratación, aclarar los recursos destinados a comunicación, explicar los convenios suscritos y construir escenarios de diálogo con los sectores críticos.

 

Debe demostrar, además, que sus relaciones políticas no condicionan la administración universitaria.

 

La Gobernación tiene que respetar la autonomía de la Universidad. Los congresistas deben explicar sus iniciativas cuando involucren recursos institucionales. El barretismo debe precisar sus inconformidades. El Pacto Histórico debe hacer transparentes sus relaciones con la rectoría. Y los sectores críticos deben tener garantías para ejercer su derecho a cuestionar.

 

Nadie está obligado a aplaudir al rector. Pero todos tienen derecho a exigirle cuentas.

 

La Universidad del Tolima no necesita un rector convertido en protagonista permanente de reportajes, sino una administración que produzca resultados académicos, financieros y administrativos verificables. La comunicación institucional puede mostrar esos resultados, pero nunca reemplazarlos.

 

Porque al final los estudiantes no se gradúan con fotografías, los profesores no investigan con titulares y las cuentas públicas no se equilibran con entrevistas.

 

La Universidad del Tolima necesita un rector que gobierne, escuche, explique y responda. Lo demás es escenografía.

 

Y esta segunda entrega deja planteada la pregunta que deberá responder la rectoría: ¿cuánto cuesta realmente comunicar la gestión de la Universidad, quién recibe esos recursos y qué resultados concretos obtiene la comunidad universitaria?

 

CambioIn Polémica continuará siguiendo la ruta de los contratos, los convenios, las decisiones políticas y los recursos públicos. Porque en la Universidad del Tolima no basta con contar la historia de quien ocupa la rectoría. Hay que contar también la historia del dinero que administra.

 

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