En Planadas, la guerra no se ha ido, solo ha cambiado de rostro

En pleno siglo XXI, cuando Colombia debería estar discutiendo cómo cerrar definitivamente las heridas de la guerra, Planadas, en el sur del Tolima, vuelve a despertar entre explosiones, miedo, muerte y desolación. La guerra no se ha ido. Ha cambiado de rostro, de métodos y de instrumentos, pero sigue teniendo como principales víctimas a quienes menos tienen cómo defenderse: los campesinos, las comunidades indígenas, las mujeres, los niños y las familias que solamente quieren vivir en paz.

 

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Por: Editor Regional. cambioin.com

 

Lo ocurrido entre la noche del primero y la madrugada del 2 de noviembre no es un hecho menor. Un atentado con explosivos sacudió el municipio y dejó, según el balance preliminar divulgado por la Gobernación, cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses. También se reportaron heridos y graves daños en viviendas y en la infraestructura hospitalaria.

 

Y aquí comienza otra discusión que no puede quedarse en los titulares de prensa.

 

¿Dónde están las instituciones que dicen defender la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales?

 

¿Dónde está la voz permanente de la Universidad del Tolima, especialmente cuando se trata de defender los derechos humanos y acompañar a los territorios históricamente golpeados por la violencia? ¿Dónde está la Iglesia Católica, cuya misión no puede reducirse a los templos, las ceremonias y los discursos? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está ese control institucional que debe anticiparse a las tragedias y no aparecer únicamente cuando ya hay muertos?

 

No se trata de desconocer las actuaciones que algunas entidades hayan realizado. Se trata de exigir que sus respuestas sean públicas, oportunas, verificables y sostenidas. Porque una declaración después de una tragedia no reemplaza la prevención, ni devuelve la vida de quienes han sido asesinados.

 

La gobernadora Adriana Magali Matiz ha rechazado públicamente el atentado y ha exigido acciones contundentes. Pero también es legítimo preguntarle al Gobierno departamental y al Gobierno nacional: ¿qué medidas concretas se adoptaron antes de que Planadas volviera a convertirse en escenario de semejante tragedia? ¿Qué alertas existían? ¿Qué acciones de prevención se ejecutaron? ¿Quién debe responder por las fallas que eventualmente se encuentren?

 

Y si hablamos de la Iglesia, conviene recordar las palabras de Santiago 2:17:

 

«Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma».

 

¿Dónde está entonces la práctica de esa fe cuando una comunidad entierra a sus muertos? ¿Dónde está el compromiso cristiano cuando una bebé pierde la vida en medio de la barbarie? La solidaridad no puede quedarse en una oración pronunciada a puerta cerrada. También debe convertirse en acompañamiento, denuncia y defensa de la vida.

 

Porque los derechos humanos no pueden tener color político, conveniencia electoral ni preferencias institucionales.

 

Y hay una pregunta política que merece una respuesta sin evasivas: ¿el Gobierno nacional y el Gobierno departamental están garantizando realmente la protección de las comunidades rurales o estamos asistiendo a una nueva normalización de la violencia?

 

No basta con señalarse mutuamente. No basta con expedir comunicados. No basta con convocar consejos de seguridad cuando la tragedia ya está consumada.

 

Hay antecedentes que obligan a examinar esta situación. En agosto de 2026, la propia Procuraduría informó que había requerido a las autoridades del Tolima información sobre medidas de seguridad después de un atentado contra infraestructura eléctrica en Planadas. ¿Qué seguimiento se hizo a estos requerimientos? ¿Qué cambió desde entonces? Procuraduría General de la Nación

 

Tampoco podemos ignorar que la Defensoría había emitido alertas y pronunciamientos sobre hechos de violencia en Ataco, Tolima, el pasado 27 de octubre. El problema de seguridad del sur del departamento no apareció de la noche a la mañana. Defensoría

 

La pregunta no es solamente quién puso la bomba. La pregunta también es qué falló en la protección de la población y quién va a responder por ello.

 

Porque si los campesinos tienen que acostumbrarse a dormir con miedo, si los niños crecen escuchando explosiones, si las mujeres deben abandonar sus hogares y si las comunidades indígenas sienten que el Estado solamente aparece en los discursos, entonces tenemos un problema mucho más profundo que una crisis de orden público.

 

Tenemos una deuda institucional con la vida.

 

No afirmo que exista complicidad entre los gobiernos y los actores armados sin pruebas que lo demuestren. Pero sí exijo que se investigue cualquier omisión, negligencia o responsabilidad de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad. La afinidad política jamás puede convertirse en una excusa para renunciar al control público.

 

Planadas no puede convertirse nuevamente en una página olvidada de la historia de la violencia colombiana.

 

¿Hasta cuándo vamos a esperar para reaccionar? ¿Cuántas familias más tienen que llorar a sus muertos para que las instituciones comprendan que la paz no se defiende con discursos, sino con presencia, garantías y acciones concretas?

 

Hoy Planadas necesita más que solidaridad de redes sociales. Necesita protección, justicia, atención a las víctimas, investigación independiente y garantías de no repetición.

 

Que no tengamos que escribir mañana la historia de otra masacre anunciada.

 

Que no tengamos que contar otra vez cómo el Estado llegó tarde, cómo las instituciones guardaron silencio y cómo una comunidad entera terminó pagando el precio de la indiferencia.

 

La historia no puede repetirse mientras quienes tienen la obligación de proteger la vida se limitan a observar.

 

Planadas merece vivir. El Tolima merece vivir en paz. Y Colombia no puede seguir acostumbrándose a enterrar a sus hijos.

 

Porque cuando la guerra vuelve a los territorios, el silencio deja de ser una opción institucionalmente aceptable.

 

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