Estudiar en buseta, un lujo que Ibagué ya no puede pagar.

Por: Jovanny Albeiro Bonilla Gualteros, Docente e investigador. Columnista invitado cambioin.com

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Desde los primeros días de 2026 ha crecido, y con justa razón, la inconformidad por el excesivo aumento del pasaje en Ibagué; pero creer que es un asunto exclusivo de la movilidad es un error que deja de lado un problema tanto social como educativo. Cuando el transporte público se encarece de forma desproporcionada, se crea un flagelo que afecta directamente a las familias de menores ingresos, para quienes ir al colegio o a la universidad depende de una buseta.

El incremento cercano al 13,6% es el más alto del país, y contrasta en comparación con un IPC del 5,1 %. La diferencia no es solo será en balances financieros, se traduce en ausencias escolares, llegadas tarde, agotamiento económico en los hogares y, en los casos más graves, deserción educativa. En la última década, el número de usuarios del transporte público en la ciudad ha venido disminuyendo de manera constante. Pero lejos de analizar las causas, la respuesta ha sido subir la tarifa, como si castigar al usuario fuera la solución. La realidad es otra: la gente no deja de usar el transporte público por capricho, sino porque es caro, deficiente y poco confiable. Para muchas familias, especialmente de estratos bajos, el aumento del pasaje significa elegir entre pagar el transporte de sus hijos o cubrir necesidades básicas entre alimentación y útiles escolares. Cuando en un hogar dos o tres estudiantes deben movilizarse a diario, el costo mensual del transporte se vuelve insostenible. Así, el derecho a la educación comienza a depender del bolsillo y no del hacer. 

A esto se suma un problema estructural: la deteriorada malla vial. Las vías en mal estado incrementa el desgaste de los vehículos, alargan los tiempos de viaje y empeoran la calidad del servicio, no siendo esto una excusa para trasladar todos los costos al usuario, menos aún cuando los estudios técnicos que justifican el alza presentan valores inflados y poco realistas, como el consumo anual de 10 llantas por buseta o la supuesta reparación de un motor cada año. Mientras el transporte público se encarece y empeora, el número de motocicletas en la ciudad crece de manera acelerada. Para muchos jóvenes y padres de familia, comprar una moto se ha convertido en la única alternativa “económica” frente a un sistema de transporte público costoso e ineficiente. Esta decisión, forzada por las circunstancias, trae consigo más accidentes, mayor congestión y un problema de seguridad vial que la ciudad aún no logra controlar.

El servicio, además, dista mucho de ser digno: busetas viejas, rutas que no cumplen horarios, vehículos que salen tarde, se recogen antes de tiempo o tardan demasiado en pasar. Para un estudiante significa llegar tarde o perder evaluaciones, para un padre angustia e incertidumbre; pero en Ibagué, se exige pagar más. Resulta aún más preocupante que al pasaje se le carguen costos tecnológicos que, según los documentos conpes, deben ser asumidos con recursos del Gobierno Nacional y por el operador tecnológico, no por el usuario. Trasladar esos gastos a la tarifa es, en la práctica, trasladarlos a los sectores más vulnerables de la ciudad.

El mensaje que se envía es peligroso: estudiar cuesta más, movilizarse cuesta más y vivir en la ciudad cuesta más, pero el servicio no mejora. Así, el transporte público deja de ser una herramienta de equidad y se convierte en un factor que profundiza la desigualdad social y educativa. Si el modelo de transporte cambió, también debe cambiar la forma en que se calculan sus costos. Pero, sobre todo, debe cambiar la lógica: no se puede financiar la ineficiencia sacrificando la educación de los más pobres.

Porque cuando el pasaje sube sin justificación clara, no solo se vacían las busetas: se vacían las aulas y se compromete el futuro de Ibagué.

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