Ibagué y el Creciente Reto de los Habitantes de Calle: Un Fenómeno con Urgencia Social y Legal

Por Michael Steven Mejía Ospina

Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado cambioin.com

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La ciudad de Ibagué enfrenta una realidad cada vez más visible y compleja: el arribo constante de nuevos habitantes de calle, un fenómeno que transforma las madrugadas de su centro. Reportes recientes sugieren la llegada de un nuevo individuo diariamente. Personajes como "el rolo", proveniente de Bogotá, o Juan Manuel, con una historia de desplazamiento desde Armenia, relatan percepciones de Ibagué como un "buen vividero" o un destino forzado, lo que subraya la naturaleza multifacética de esta problemática.

Este aumento de la población en situación de calle no es solo una cuestión de orden público o asistencia social; es un profundo desafío para los derechos humanos y la implementación de políticas públicas efectivas. La Corte Constitucional de Colombia ha sido reiterativa en su jurisprudencia al establecer que los habitantes de calle constituyen un grupo poblacional vulnerable y son sujetos de especial protección constitucional. Sentencias como la T-030/25 recalcan que la exclusión de esta población de programas sociales o la falta de un método centralizado para su focalización vulnera sus derechos fundamentales.

El marco legal colombiano reconoce y busca proteger a esta población. La Ley 1641 de 2013, cuyo objeto es establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública social para habitantes de calle, busca garantizar, promocionar, proteger y restablecer sus derechos, con miras a su atención integral, rehabilitación e inclusión social. Esta ley subraya la necesidad de una caracterización demográfica y socioeconómica, como la realizada para Ibagué, que censó 523 habitantes de calle en la ciudad, mayormente concentrados en el centro.

La libre movilidad por el territorio nacional es un derecho fundamental que asiste a todos los ciudadanos, incluyendo a los habitantes de calle. Sin embargo, historias como la de Juan Manuel, quien afirma haber sido trasladado contra su voluntad por autoridades de otra ciudad, ponen de manifiesto posibles vulneraciones a este derecho y la necesidad de una actuación institucional coordinada y respetuosa de la dignidad humana, evitando prácticas que constituyen una forma de "limpieza social" territorial.

En respuesta a esta creciente problemática, el Concejo de Ibagué aprobó en noviembre de 2024 la Política Pública para Personas en Situación de Calle, un paso crucial para articular esfuerzos institucionales, establecer lineamientos y herramientas que protejan los derechos de esta población y mitiguen sus problemáticas. Esta política exige a la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario presentar informes anuales detallando las actividades realizadas y los objetivos trazados.

El reto para Ibagué y para el país es mayúsculo: equilibrar la solidaridad, el orden público y la atención social. La jurisprudencia, como la Sentencia C-062/21 de la Corte Constitucional, ha condicionado la aplicación de medidas correctivas a los habitantes de calle, reconociendo su falta de acceso a infraestructura sanitaria. Esto enfatiza la necesidad de soluciones integrales que aborden las causas estructurales de la habitabilidad en calle y garanticen el respeto a la dignidad y los derechos de estas personas. La situación de Ibagué es un llamado urgente a la acción, a la humanización de la política pública y a la búsqueda de alternativas que permitan una verdadera inclusión social.

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