Gersan, el titiritero de Jhon Jairo Méndez, maneja más poder del que todos creen

Las sirenas del poder: Nelson Germán Sánchez, los salarios y los expedientes que incomodan en la Universidad del Tolima

 

Encuentre contenido exclusivo en WhatsApp Channel, siganos ya:
https://whatsapp.com/channel/0029Va9kwaD1CYoZxxokC42iñ

 

Por: Denuncia, Opinión. cambioin.com

 

En la Universidad del Tolima hay historias que no necesitan adornarse con rumores para resultar incómodas. Basta con revisar los documentos, seguir las trayectorias administrativas y observar cómo determinadas personas pasan de los escritorios técnicos a las posiciones donde se toman las decisiones.

 

Una de esas historias tiene como protagonista a Nelson Germán Sánchez Pérez, conocido como «Gersan». Periodista, comunicador, columnista y ahora vicerrector de Desarrollo Humano, Sánchez lleva años transitando entre la academia y los escenarios del poder regional.

 

Conoce el lenguaje de la política, los mecanismos de la comunicación y las complejidades de las redes sociales. También conoce la burocracia universitaria. Lo que corresponde esclarecer es cómo se han articulado esas actividades y bajo qué condiciones ha evolucionado su vinculación institucional. Hoy tiene más poder que el propio rector Jhon Jairo Méndez más conocido como Aguapanela Méndez en el argot popular de la UT.

 

Y esta vez hay documentos concretos.

Una historia que comenzó antes de la actual Rectoría

 

De acuerdo con la hoja de vida publicada por Función Pública, Sánchez estuvo vinculado profesionalmente con la Universidad del Tolima entre agosto de 2015 y agosto de 2016.

 

Desde el 19 de octubre de 2016 aparece registrado como profesional universitario.

 

No se trata, por tanto, de una persona llegada recientemente al entorno administrativo. Su trayectoria en la institución supera una década y comprende participación editorial, actividades académicas, investigación y apoyo al relacionamiento institucional.

 

Durante ese periodo se desempeñó como co editor de publicaciones universitarias como Perspectivas Educativas y Seres y Saberes, además de participar en labores de corrección de estilo y proyectos relacionados con la comunicación. Su rol ha sido escalar y trepar al interior de la UT.

 

La Universidad del Tolima también lo identifica como integrante del grupo de investigación Comunicación y Democracia.

 

Pero los documentos no terminan en las revistas.

 

En registros de contratación de 2022 y 2023 aparece incluido como profesional universitario grado 17 en listados institucionales anexos a procesos de adquisición de servicios. Es una coincidencia documental verificable que demuestra su condición de empleado registrado, aunque no significa que esos contratos le hayan sido adjudicados.

 

La diferencia es esencial: figurar entre los servidores de una entidad no equivale a recibir directamente los recursos de un contrato.

 

Las cifras de la burocracia

 

El capítulo económico merece atención.

 

La escala salarial de la Universidad del Tolima que aparece publicada en Función Pública contiene dos cifras de referencia: $4.509.135 mensuales para un profesional universitario grado 17 y $7.949.802 mensuales para un vicerrector de universidad grado 19.

 

Porque el dinero público no se investiga inventando cifras. Se investiga contrastando nóminas, actos de nombramiento, escalas salariales, prestaciones y decisiones presupuestales.

 

Lo que sí resulta plenamente verificable es que la página oficial de la Universidad del Tolima, actualizada en septiembre de 2026, presenta a Sánchez como vicerrector de Desarrollo Humano.

 

La pregunta que surge es qué documento formalizó su llegada al despacho, qué remuneración corresponde a su nombramiento y qué responsabilidades presupuestales tiene asignadas.

 

Una respuesta oficial permitiría establecer las cifras reales, sin depender de aproximaciones ni especulaciones.

 

El expediente de 2023 que merece explicaciones

 

Hay un documento que la comunidad universitaria debería conocer.

 

Se trata del Acuerdo 103 del Consejo Académico, expedido el 31 de julio de 2023, mediante el cual se declaró desierta la convocatoria docente correspondiente al perfil CHA-05-2023.

 

Entre los aspirantes inicialmente preseleccionados estaba Nelson Germán Sánchez Pérez.

 

El perfil exigía formación en comunicación social o periodismo, título de maestría o doctorado, experiencia profesional periodística mínima de tres años en medios de comunicación y experiencia docente universitaria de al menos un año.

 

Después de una revisión adicional de las hojas de vida, la universidad examinó las certificaciones aportadas por los participantes.

 

En el caso de Sánchez, el documento señala que la certificación presentada por El Nuevo Día no precisaba claramente el tiempo de dedicación laboral exigido en la convocatoria.

 

La Universidad solicitó información complementaria mediante el oficio 101-1008 al responsable de Gestión Humana del medio de comunicación.

 

Según el acuerdo, no recibió respuesta dentro del proceso de verificación.

 

El Consejo Académico concluyó que la documentación disponible no permitía acreditar el cumplimiento del requisito de experiencia profesional y declaró desierta la convocatoria porque ninguno de los aspirantes cumplió integralmente las condiciones exigidas.

 

Pero tampoco puede ser ignorada.

 

La pregunta administrativa es pertinente: ¿qué evaluaciones y certificados respaldaron posteriormente la designación de Sánchez para dirigir la Vicerrectoría de Desarrollo Humano?

 

Los requisitos de aquel concurso docente no son necesariamente los mismos de la vicerrectoría. Precisamente por ello resulta indispensable conocer el manual de funciones aplicable, el expediente de nombramiento y la verificación correspondiente.

 

La transparencia no puede aplicarse con una intensidad cuando alguien participa en un concurso y con otra cuando llega a un cargo directivo.

 

La investigación, las publicaciones y los convenios

 

La documentación académica permite establecer otra dimensión de su trayectoria.

 

En 2019 y 2020 su nombre aparece en publicaciones vinculadas con la Facultad de Ciencias de la Educación, incluyendo una separata de la revista Seres y Saberes.

 

En esa publicación también se menciona el Convenio 2176 de 2019, relacionado con actividades académicas y pedagógicas, cuyo supervisor universitario identificado es Genisberto Pérez Díaz.

 

Sánchez figura como co-editor y corrector de estilo de la publicación.

 

El documento no permite atribuirle personalmente el valor del convenio ni afirmar que haya sido su supervisor, contratista o beneficiario directo. Para determinar una eventual vinculación remunerada se necesitan el contrato principal, las órdenes derivadas, las actas de ejecución y los documentos de pago.

 

Algo parecido ocurre con sus trabajos sobre comunicación política y elecciones.

 

En publicaciones de la Misión de Observación Electoral aparece vinculado a investigaciones desarrolladas junto con otros integrantes de la Universidad del Tolima, entre ellos Kevin Andrés Quintero Lozano.

 

Estas coincidencias acreditan la participación académica conjunta. Aquí va el hilo conductor que demuestra por sí mismo la existencia de acuerdos para promover campañas digitales ni de redes de cuentas artificiales.

 

La política que rodea la Rectoría

 

El siguiente capítulo no está en los libros, sino en el debate público.

 

El 7 de julio de 2026, los medios de comunicación publicaron una pregunta investigación sobre la trayectoria política de Sánchez y su supuesto papel como enlace entre la Universidad del Tolima y la Gobernación.

 

El reportaje le atribuyó relaciones de asesoría con sectores cercanos a Óscar Barreto, Ricardo Orozco y Adriana Magali Matiz. También presentó testimonios bajo reserva sobre su participación en estrategias comunicacionales.

 

El mismo reportaje anunció futuras revelaciones sobre eventuales conexiones con una empresa de producción audiovisual contratista de entidades públicas.

 

El 21 de septiembre, cambioin.com publicó otra versión controvertida sobre los movimientos políticos que habrían rodeado la elección del rector Jonh Jairo Méndez Arteaga.

 

La publicación atribuyó a Sánchez una presunta participación en acuerdos favorables al nuevo gobierno universitario y planteó interrogantes sobre la influencia de sectores políticos regionales.

 

Son afirmaciones periodísticas que requieren contraste independiente. La designación posterior de Sánchez como vicerrector es verificable; que haya sido una contraprestación por acuerdos políticos no está demostrado.

 

Pero el interrogante institucional permanece: ¿qué papel desempeñó Sánchez durante el proceso rectoral y cómo se diferenciaron sus actuaciones como servidor universitario de eventuales actividades políticas particulares?

 

INFORED y el debate sobre las redes sociales

 

Hay un elemento adicional que conecta su formación académica con el debate comunicacional.

 

La Facultad de Ciencias Humanas y Artes registra a Sánchez como coordinador de INFORED, un semillero dedicado al estudio de la intoxicación, la opinión y las redes sociales.

 

Pero estudiar esos fenómenos no equivale a dirigir operaciones de manipulación.

 

Si existió una estrategia institucional de comunicación, la universidad puede explicar sus responsables, contratos, presupuestos, proveedores y mecanismos de control.

 

Si hubo actividades personales o políticas ajenas a la universidad, es indispensable distinguirlas de las funciones públicas.

 

La crítica legítima consiste en llamar bodeguero a quien conoce las redes sociales. Consiste en examinar si Germán,  sale a lo público a explicar la dependencia que financió o ejecutó acciones no autorizadas de promoción política encubierta.

 

Las sirenas que no deben distraer a la universidad

 

La Universidad del Tolima atraviesa un nuevo periodo rectoral y tiene derecho a exigirle a sus directivos más que discursos.

Su actual nombramiento como vicerrector es público.

 

Porque el poder universitario no se controla con rumores ni con aplausos digitales.

 

Se controla con documentos, procedimientos, cifras y explicaciones.

 

La gran pregunta no es cuánto poder se le atribuye a Nelson Germán Sánchez, sino qué poder ejerce efectivamente, de dónde proviene y cómo responde por él.

 

Que hable la universidad. Que aparezcan las resoluciones. Que se conozcan los valores.

 

Y que las sirenas de las redes sociales no terminan ocultando lo verdaderamente importante.  No todo se queda aquí, este medio logró desenmascarar la mafia al interior de la UT y la gobernación en donde Gersan al parecer tiene mucho que decir: El Banco de los Tolimenses: un expediente que todavía exige respuestas

 

Hay un capítulo en la trayectoria pública de Nelson Germán Sánchez Pérez que merece ser revisado con especial atención: el denominado Banco de los Tolimenses, programa de créditos impulsado durante la administración de Óscar Barreto Quiroga. En septiembre de 2015, cambioin.com informó sobre actuaciones disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en el otorgamiento de préstamos, dentro de las cuales mencionó a Sánchez entre los exfuncionarios examinados. Años después, el asunto continuó generando cuestionamientos. En mayo de 2025, la entonces contralora departamental, Carolina Giraldo Velásquez, señaló públicamente que el programa registraba hallazgos fiscales cercanos a los 6.000 millones de pesos, con incidencias penales y disciplinarias. Sin embargo, no se ha verificado una decisión definitiva que establezca responsabilidad individual de Sánchez en esos hechos.

 

Lo más inquietante es que el Banco de los Tolimenses continúa apareciendo en los registros financieros del departamento. Según las notas contables de la Gobernación al cierre de diciembre de 2025, el programa presentaba $4.104.228.853 en cartera de difícil recaudo, distribuidos entre $1.619.715.892 de la primera fase y $2.484.512.961 de la segunda. Los documentos también relacionan 1.290 procesos con obligaciones pendientes. Son cifras que muestran las dificultades de recuperación de recursos públicos muchos años después de la ejecución del programa. No demuestran que ese dinero haya sido apropiado por Sánchez ni que los saldos constituyan un detrimento fiscal imputable a él. Pero sí justifican conocer quiénes participaron en las decisiones de crédito, qué controles ejercieron y cuáles fueron los resultados de las investigaciones.

 

De las controversias departamentales al poder universitario

 

El recorrido institucional de Sánchez también tiene un componente político que ha sido objeto de publicaciones periodísticas. En febrero de 2024, Cambioin difundió una denuncia anónima atribuida a trabajadores de la Universidad del Tolima, quienes cuestionaban su presunta participación en reuniones y actividades políticas mientras mantenía su vinculación como servidor universitario. La denuncia preguntaba por sus horarios, sus responsabilidades institucionales y posibles actividades de asesoría a sectores cercanos a Adriana Magali Matiz y al barretismo. En septiembre de 2026, otro artículo de Cambioin le atribuyó una supuesta intervención en acuerdos relacionados con la elección de Jonh Jairo Méndez Arteaga como rector. Son señalamientos publicados, pero no se han corroborado contratos de asesoría política, pagos por esas actividades ni decisiones oficiales que demuestren una actuación irregular.

 

Hoy Sánchez figura oficialmente como vicerrector de Desarrollo Humano de la Universidad del Tolima, después de una trayectoria institucional que se remonta a 2015. Su nueva posición vuelve especialmente relevante la reconstrucción de sus antecedentes administrativos. ¿Cuál fue el desenlace de las actuaciones relacionadas con el Banco de los Tolimenses? ¿Qué funciones desempeñó durante su paso por la Gobernación? ¿Existen contratos, autorizaciones, informes o actos administrativos que documenten su participación en las decisiones examinadas? ¿Qué criterios respaldaron su posterior designación como vicerrector? La comunidad universitaria merece respuestas documentadas, no condenas construidas a partir de rumores. Porque cuando alguien pasa de ocupar funciones administrativas a ejercer un cargo directivo, el escrutinio público no desaparece: aumenta.

 

Estás Leyendo cambioin.com