El enigmático asesor del rector de la UT, que está para hacer el trabajo sucio

¿Del semillero al despacho del rector? Kevin Quintero, los contratos y las preguntas sobre el poder digital en la Universidad del Tolima. La trayectoria de Kevin Andrés Quintero Lozano, hoy identificado oficialmente como asesor de Rectoría, abre preguntas sobre su relación profesional con Jonh Jairo Méndez Arteaga, la evolución de sus responsabilidades y los límites entre la comunicación institucional y la defensa personal de una administración.

 

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Por: Denuncia, Opinión. cambioin.com

 

En las universidades públicas también se aprende a hacer política. A veces, con mayor habilidad que en los partidos tradicionales. Allí, donde deberían gobernar las ideas, los argumentos y el conocimiento, también se construyen círculos de confianza, se disputan espacios burocráticos y se administran las lealtades.

 

La Universidad del Tolima no es ajena a esa realidad.

Y en medio de esa discusión aparece un nombre que merece atención: Kevin Andrés Quintero Lozano. Una versión que realiza una alta funcionaria es que " Kevin es quien hace el trabajo sucio y administra las redes sociales y las bodegas a favor de la administración de Méndez, tanto qué su amistad es casi íntima con el actual rector".

 

¿cómo se construye el poder de los asesores que acompañan a quienes gobiernan una universidad pública?

 

De un contrato de ocho millones al despacho de Rectoría

 

Hay un documento que resulta revelador.

 

En un informe histórico de contratación de la Universidad del Tolima, Quintero Lozano aparece relacionado con un contrato de prestación de servicios por 8 millones de pesos, con una duración de cuatro meses.

 

Su objeto comprendía la divulgación de avances y resultados de semilleros y grupos de investigación, además del apoyo al manejo de la plataforma Scienti-GrupLac.

 

Pero hay un detalle que merece atención: el supervisor registrado era Jonh Jairo Méndez Arteaga. Aquí se teje la amistad íntima dice la fuente entre el asesor y Méndez al punto que le maneja su celular y agenda personal.

 

La cifra, por sí sola, no tiene nada de extraordinario. Lo significativo es el antecedente institucional: ambos nombres aparecen vinculados en una relación contractual que precede al actual periodo rectoral.

 

El documento registra recursos externos como fuente de financiación. No permite establecer, sin consultar el expediente completo, la remuneración actual de Quintero ni todos los contratos que pudo haber celebrado posteriormente.

 

La contratación es legal cuando cumple las exigencias aplicables. Pero su publicidad y la posibilidad de examinar los resultados son obligaciones fundamentales de cualquier entidad pública.

 

La escalera burocrática

 

El recorrido documental no termina allí.

 

En una publicación académica de 2023, impulsada por la Misión de Observación Electoral, Quintero aparece entre los investigadores de la Universidad del Tolima que participaron en el análisis del cubrimiento mediático de las elecciones nacionales de 2022.

 

El título de su trabajo resulta particularmente llamativo para esta discusión: «¿Pautas disfrazadas?».

 

En 2025, su nombre completo figura como profesional del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los documentos de organización del VI Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. En esa misma estructura aparece Jonh Jairo Méndez como vicerrector.

 

Y el dato más reciente está en el propio directorio oficial de la Universidad del Tolima: Quintero figura como profesional y asesor de Rectoría.

 

Es decir, los registros públicos permiten observar su participación en actividades de investigación, divulgación científica y, finalmente, asesoría al despacho rectoral.

 

¿Fue una evolución profesional respaldada por nuevas competencias, evaluaciones y resultados? ¿Qué responsabilidades específicas asumió al llegar a Rectoría? ¿Qué acto administrativo o contrato formalizó esa función? ¿Qué honorarios o asignación salarial le corresponden?

 

Las respuestas deberían estar disponibles sin necesidad de recurrir al rumor.

 

El debate sobre las llamadas bodegas digitales

 

Hay otro asunto que exige especial cuidado y una investigación independiente: los señalamientos anónimos que atribuyen a Quintero y a un supuesto equipo de comunicaciones la promoción de apoyos digitales coordinados en Facebook a favor de la actual administración.

 

Hasta el momento, no contamos con evidencia independiente que permita acreditar esa acusación.

 

Pero la pregunta de fondo sigue siendo legítima: ¿cómo distingue la Universidad del Tolima sus campañas institucionales de las estrategias destinadas a promover a un directivo o defender sus decisiones personales?

 

Lo que se sabe es que Kevin, tiene todas las funciones de administrar las bodegas de la UT con el fin de cerrar y contraatacar con boots bodegueros la oposición de la UT...

 

Lo cuestionable sería utilizar recursos públicos, contratos institucionales o personal remunerado por la universidad para actividades ajenas a los fines autorizados, particularmente si estuvieran destinadas a intervenir de manera encubierta en disputas políticas internas.

 

Esa hipótesis tendría que demostrarse mediante registros de publicaciones, administración de cuentas, instrucciones verificables, pagos y testimonios corroborados.

 

En Facebook no basta con contar los aplausos. También hay que preguntarse quién organiza la conversación, quién decide los mensajes y quién paga por ellos.

 

¿Asesor de la institución o defensor del rector?

 

La llegada de Quintero a Rectoría plantea una discusión más profunda.

 

Un asesor debe servir al cumplimiento de las funciones de su despacho. Pero la lealtad profesional no equivale a obediencia incondicional, ni la comunicación institucional debe confundirse con la protección de la imagen personal del superior.

 

¿Tiene Quintero funciones de asesoría estratégica? ¿Participa en el diseño de mensajes institucionales? ¿Interviene en el manejo de controversias públicas? ¿Existe una separación entre las actividades de comunicación universitaria y las eventuales comunicaciones políticas de personas cercanas al rector?

 

Estas preguntas no presuponen una respuesta.

 

Lo que sí muestran los registros es que Quintero y Méndez han coincidido profesionalmente durante diferentes etapas de la administración universitaria.

 

Su cercanía institucional es documentable. Una supuesta subordinación política o participación en operaciones digitales encubiertas, en cambio, no puede darse por demostrada.

 

Los honorarios que faltan por conocer

 

El contrato histórico por ocho millones de pesos es apenas una pieza del rompecabezas.

 

La actual condición de asesor de Rectoría exige identificar el régimen jurídico de su vinculación y, a partir de ello, establecer la remuneración correspondiente.

 

La universidad debería facilitar la relación íntegra de los contratos suscritos con Quintero, sus modificaciones, objetos, valores, obligaciones, informes de supervisión y productos entregados, cuando correspondan.

 

También convendría conocer las funciones específicas de su posición actual y los criterios utilizados para su selección o designación.

 

No se trata de cuestionar que alguien progrese profesionalmente. Se trata de comprobar que las responsabilidades públicas estén sustentadas en requisitos, necesidades institucionales y resultados verificables.

 

Las respuestas que debe conocer la comunidad universitaria

 

Jonh Jairo Méndez Arteaga asumió la Rectoría para el periodo 2026-2030 después de ser designado por el Consejo Superior Universitario el 28 de mayo de 2026.

 

Su administración tiene, por tanto, la responsabilidad de ofrecer claridad sobre el funcionamiento del despacho y sus equipos de apoyo.

 

Kevin Andrés Quintero Lozano tiene derecho a explicar el alcance de sus funciones, defender su trayectoria y responder a los interrogantes que considere pertinentes.

 

La universidad pública no puede gobernarse desde el anonimato, pero tampoco debe quedar blindada frente al escrutinio ciudadano.

 

La pregunta final es sencilla:

 

¿Dónde termina la asesoría institucional y dónde comienza la defensa política de quienes ocupan el poder?

 

La respuesta no está en las especulaciones sobre relaciones personales, ni en los comentarios de pasillo.

 

Está en los contratos, las funciones, las publicaciones, los recursos utilizados y la rendición de cuentas.

 

Porque en una universidad pública, la confianza de un rector nunca debería sustituir la obligación de explicar cómo se ejerce el poder al interior de las redes sociales.

 

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