La Desesperanza Cotidiana: entre la edad, la experiencia y las "palancas" (y la ley que a menudo se ignora)

 

Por: Michael Steven Mejía Ospina, experto en Gestión comercial y de negocios de la UNAD, Defensor de Derechos Humanos, representante de las personas con discapacidad, personas vulnerables y de todos los colombianos. Columnista invitado cambioin.com

 

Advertencia: los comentarios escritos a continuación son responsabilidad única y exclusiva de su autor, y en nada compromete a este medio de comunicación digital.

 

Ibagué, la "Ciudad Musical" que tanto anhelamos ver prosperar, y el Tolima, nuestra tierra de paisajes y potencial inmenso, parecen estar entonando una melodía desafinada para muchos de sus habitantes. Una melodía de desesperanza, frustración y, sobre todo, de un desempleo que se ha enquistado en el corazón de nuestras familias, especialmente en aquellos grupos que, paradójicamente, deberían ser pilares de nuestro desarrollo y que, además, cuentan con un respaldo legal para su inclusión.

 

Hablar de desempleo en nuestra región es hablar de una herida abierta que se niega a cicatrizar. Pero más allá de las cifras macroeconómicas, que a menudo se maquillan o se interpretan a conveniencia, la verdadera tragedia se vive en la individualidad, en el día a día de quienes buscan una oportunidad y solo encuentran puertas cerradas, excusas veladas y una burocracia absurda. Una burocracia que, a veces, parece ignorar la propia legislación que busca garantizar la igualdad de oportunidades.

 

Pensemos en las mujeres mayores de 30 años. Un rango de edad en el que se supone que la madurez, la experiencia de vida y, en muchos casos, la capacidad de haber forjado un hogar o una carrera, deberían ser un activo invaluable. Sin embargo, para nuestro mercado laboral, las consideran "viejas". "Demasiado experimentadas", dicen algunos con un eufemismo ridículo. "Poco adaptables", susurran otros, olvidando que la adaptabilidad es una lección que la vida nos enseña con creces. Es inaceptable que la edad se convierta en una condena laboral, que la sabiduría acumulada sea un lastre en vez de una ventaja competitiva.

 

La equidad de género en el trabajo no es solo una cuestión moral, es una política pública que busca empoderar a las mujeres y reducir brechas. Iniciativas como el programa "Equipares" en Colombia, aunque con sus desafíos, buscan que las empresas implementen prácticas que promuevan la igualdad. ¿Por qué, entonces, esta visión se desvanece cuando la mujer supera cierta edad? La ley, las políticas, y la misma lógica del desarrollo territorial, promueven el trabajo digno e inclusión productiva para las mujeres, como lo enfatizan las orientaciones de equidad de género en la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial. Ignorar a las mujeres maduras es, además de discriminatorio, una pérdida de capital humano y de experiencia que el Tolima no se puede permitir.

 

Y la paradoja se agudiza al voltear la mirada hacia nuestros recién egresados universitarios. Jóvenes talentosos, llenos de ideas frescas, con un bagaje académico que ha requerido años de esfuerzo y sacrificio. Salen de las aulas con la ilusión de aplicar sus conocimientos, de contribuir, de construir un futuro. Pero el sistema los recibe con una cachetada de realidad: "Necesitamos seis meses de experiencia laboral". ¿Seis meses de experiencia? ¿Cómo se obtiene esa experiencia si nadie les da la primera oportunidad? Es un círculo vicioso perverso que ahoga el entusiasmo y empuja a muchos al subempleo, a trabajos que no corresponden con su formación, o peor aún, a la frustración de ver cómo sus sueños se desvanecen ante la inacción.

 

Aquí es donde el marco legal debería ser un aliado incondicional. La Ley 2214 de 2022, por ejemplo, busca precisamente fortalecer las medidas para promover el empleo juvenil y eliminar barreras de empleabilidad para jóvenes entre 18 y 28 años. Esta ley reglamenta que en las entidades públicas se debe dar prelación a jóvenes sin experiencia y se deben adecuar los manuales de funciones para permitir su nombramiento. Asimismo, la Ley 1780 de 2016 (Ley de Emprendimiento Juvenil) también promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, generando medidas para superar estas barreras de acceso al mercado laboral, llegando incluso a exigir que al menos el 10% de los nuevos empleos no requieren experiencia profesional. Estas leyes no son sugerencias; son mandatos que deben ser implementados y fiscalizados.

 

Y no podemos olvidar a las personas con discapacidad, un grupo que históricamente ha enfrentado barreras aún mayores. La inclusión laboral para ellos no es solo un acto de justicia social, sino un derecho fundamental. En Colombia, leyes como la Ley 2466 de 2025 (que entra en vigor en junio de 2026) establecen obligaciones e incentivos para que las empresas integren a personas con discapacidad en sus equipos de trabajo. Por ejemplo, compañías con más de 100 empleados deberán incorporar al menos dos trabajadores con discapacidad por cada 100 colaboradores. Además, existen beneficios tributarios significativos para quienes lo hagan, así como prioridad en la contratación pública. Estas son herramientas poderosas que deberían estar impulsando la inclusión y no ser pasadas por alto.

 

Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Acaso el único camino es el de las "palancas políticas"? La triste verdad es que, en nuestra Ibagué y en nuestro Tolima, el clientelismo y la influencia política siguen siendo un factor determinante para acceder a ciertas oportunidades laborales, especialmente en el sector público. Es un secreto a voces que corroe la meritocracia, desincentiva la preparación y fomenta la corrupción. Si el acceso a un empleo digno depende más de a quién conoces que de lo que sabes o de lo que puedes hacer, y si además se ignora la legislación vigente que busca nivelar el campo de juego, entonces estamos construyendo una sociedad desigual, injusta y con muy pocas posibilidades de un desarrollo sostenible.

 

Necesitamos un cambio de mentalidad, una política pública que realmente fomente la creación de empleo digno y que valore el talento sin importar la edad o la experiencia inicial, y que además haga cumplir las leyes que ya existen. Necesitamos empresas que confíen en el potencial de los jóvenes y que reconozcan la valía de las mujeres maduras, y que vean en las personas con discapacidad un valor agregado. Necesitamos, sobre todo, desterrar la idea de que la "palanca" es el único ascensor social, y en cambio, construir escaleras de oportunidades accesibles para todos, basadas en el mérito, la capacidad y la verdadera vocación de servicio, respaldadas por un Estado que garantice el cumplimiento de su propia legislación.

 

Ibagué y el Tolima merecen una sinfonía de oportunidades, no un lamento de desesperanza. Es hora de que cambiemos la letra de esta canción, y que la ley sea nuestra principal batuta.

 

Estás Leyendo cambioin.com