Porqué contralora de Ibagué, y su familia buscan adueñarse de varias contralorías en el país

Hoy Lunes 15 de Septiembre de 2025 se conocera el listado oficial de los aspirantes a la Contraloría de Ibagué, la misma que ya genera una serie de polémicas, entre ellas que existe un favorecido desde antes de conocer oficialmente el nombre de la Universidad qué hará la escogencia del fiscalizador. Pero otros señalan que dentro de ese listado estará el nombre del esposo de la actual contralora de Ibagué, quién estaría inhabilitado en caso tal de ser elegido. Todos los detalles de este polémico caso a continuación.

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Por: Editor General. cambioin.com

Mientras la actual contralora de Ibagué Edna Margarita Murcia Mejía, aparece preseleccionada para ganarse la Contraloría del Amazonas junto a quien han dicho podría ser su hermano o hijo. Ahora denuncian qué en Ibagué se presentará como aspirante a la contraloria el señor Antonio Fajardo Rico, esposo de la actual contralora.

La denuncia fue enviada a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, en donde se investigue toda la familia de la contralora de Ibagué saliente Edna Margarita Murcia Mejía, por actuaciones no muy claras, además de los presidentes de los concejos y asamblea donde contrataron el concurso para convocar la calificación de los aspirantes a los entes fiscalizadores donde la familia Murcia Fajardo esta presente.

A continuación cambioin.com el portal de las noticias transcribe la denuncia enviada a los entes de control contra lo que estaría pasando con el concurso para escoger el o la nueva o nuevo contralor@ de Ibagué:

Destinatarios:

Procuraduría General de la Nación

Fiscalía General de la Nación

Asunto: Intervención en concursos de contralorías territoriales 2026–2029 y apertura de investigaciones sobre el clan Fajardo–Murcia

Respetados señores:

En ejercicio del artículo 23 de la Constitución Política y de la Ley 1755 de 2015, como ciudadanos defensores de la moralidad pública (Art. 209 C.P.), me dirijo a ustedes para solicitar acción inmediata y ejemplarizante frente a los graves hechos que rodean la elección de Contralores Territoriales para el período 2026–2029, particularmente en las circunscripciones de Ibagué, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guainía y Guaviare.

1. Hechos que comprometen la transparencia

1. Según el Certificado Especial No. 280059750 expedido por la Procuraduría General de la Nación el 9 de septiembre de 2025, el ciudadano Antonio Fajardo Rico (C.C. 17.653.390) presenta inhabilidades especiales permanentes para el cargo de contralor, conforme al Art. 5, literal E de la Ley 330 de 1996.

2. Pese a esta restricción legal, Fajardo Rico es, en la práctica, quien mueve los hilos de la Contraloría Municipal de Ibagué y de la Contraloría del Caquetá, imponiendo su poder de facto mediante presiones políticas y económicas.

3. Diversas fuentes ciudadanas y mediáticas advierten que este individuo se dedica a extorsionar alcaldes, gobernadores, gerentes de entidades descentralizadas y presidentes de corporaciones públicas, exigiendo dinero, contratos y prebendas a cambio de tapar o archivar procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria.

4. El entramado de poder se fortalece con la complicidad de su círculo familiar: su esposa, Edna Margarita Murcia Mejía, actual Contralora de Ibagué, y operadores como Boris Andrés Hurtado, director de control fiscal de la misma entidad, señalado como primo del exalcalde Andrés Hurtado, hoy convertido en uno de los principales mandaderos del clan Fajardo–Murcia.

2. Fundamento jurídico

Artículo 267 C.P.: El control fiscal debe ser independiente, libre de presiones indebidas.

Artículo 277 C.P.: Corresponde a la Procuraduría vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas y sancionar las faltas.

Artículo 250 C.P.: Corresponde a la Fiscalía investigar los delitos contra la administración pública, incluyendo la concusión, el cohecho y el enriquecimiento ilícito.

Ley 330 de 1996, Art. 5 literal E: consagra la inhabilidad expresa de Fajardo Rico para ocupar cargos de contralor.

Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 412 de 1997): obliga a Colombia a tomar medidas efectivas frente al tráfico de influencias y la captura de órganos de control.

3. Solicitudes concretas

1. Que la Procuraduría General de la Nación ejerza de inmediato su función preventiva, suspendiendo o sometiendo a vigilancia especial los concursos en curso para contralorías territoriales en las regiones señaladas.

2. Que la Fiscalía General de la Nación abra investigación formal contra Antonio Fajardo Rico, Edna Margarita Murcia Mejía, Boris Andrés Hurtado y demás operadores del clan, por los delitos de concusión, cohecho, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

3. Que se investigue la conducta de presidentes de concejos municipales y asambleas departamentales que, en complicidad, estarían garantizando la elección de fichas del clan Fajardo–Murcia a cambio de cuotas políticas y económicas.

4. Que se indague la actuación del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, señalado de ser parte de este entramado y de servir de puente familiar y político con Boris Hurtado y el clan.

5. Que se expida un comunicado oficial público advirtiendo sobre estas maniobras, en cumplimiento del principio de publicidad y transparencia administrativa (Art. 209 C.P.).

4. Observación editorial

Colombia no puede permitir que los órganos de control, creados para vigilar el erario, se conviertan en feudos privados de clanes familiares con prontuarios oscuros. La situación de Ibagué y Caquetá es apenas la punta del iceberg: hoy las contralorías están en riesgo de ser convertidas en cajas registradoras de mafias burocráticas, donde se negocia impunidad a cambio de dinero en maletines, contratos amañados y coimas disfrazadas de honorarios.

Señores Procuradora y Fiscal General:

Si ustedes no intervienen ahora, quedará en evidencia que el Estado colombiano ha cedido la última trinchera del control fiscal al paramilitarismo reencauchado en trajes de tecnócratas. La omisión sería complicidad.

Atentamente,

Fermín Eduardo Carvajal Medina
Ciudadano denunciante

Fin de la denuncia

Copia: Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. cambioin.com

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