Procuraduría, investiga denuncias al interior de la Universidad del Tolima

Denuncia realizada por la Comunidad Universitaria. En la Universidad del Tolima hay una frase que empieza a repetirse en voz baja: si todo está tan claro, ¿por qué cuesta tanto explicarlo?

 

Encuentre contenido exclusivo en WhatsApp Channel, siganos ya:
https://whatsapp.com/channel/0029Va9kwaD1CYoZxxokC42iñ

 

Por: Editor General, Denuncia ciudadana. cambioin.com

 

Durante las últimas semanas, a la redacción de CambioIn llegaron denuncias, inconformidades y alertas de distintos sectores de la comunidad universitaria. No todas decían lo mismo, pero todas apuntaban hacia el mismo lugar: el proceso de elección de rector para el período 2026–2030 se está moviendo en medio de una nube de dudas que la administración universitaria no ha logrado disipar con suficiencia.

 

Unos hablaron de la votación exclusivamente virtual. Otros de la falta de mecanismos presenciales de verificación. Otros de la plataforma SIGEEL. Otros de la brecha digital. Otros, más directos, preguntaron por las auditorías externas, por la trazabilidad del voto, por la libertad real del sufragante y por el riesgo de presiones en entornos donde votar desde un celular o un computador no siempre significa votar en libertad.

 

Y ahora la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, ya no está mirando desde la ventana. Tocó la puerta.

 

El oficio preventivo del 8 de mayo de 2026, dirigido a la presidenta delegada de la Gobernación ante el Consejo Superior y al Secretario General de la Universidad del Tolima, no es un adorno burocrático. Es una señal política e institucional. La Procuraduría pide explicaciones jurídicas, técnicas y administrativas sobre el proceso electoral; exige soportes, actas, resoluciones, informes, cronogramas, certificaciones y documentos. En castellano simple: quiere ver papeles, no discursos.

 

La Procuraduría ya había informado públicamente desde marzo que inició seguimiento preventivo a la elección del rector de la Universidad del Tolima, solicitando información sobre el estado del proceso, el cronograma y las quejas, observaciones o reclamaciones presentadas por la comunidad universitaria o terceros interesados.

 

La pregunta incómoda es esta: ¿la Procuraduría llegó por iniciativa propia o llegó porque la presión de profesores, estudiantes, egresados, candidatos y sectores críticos ya no cabía debajo del tapete?

 

La Universidad, por supuesto, puede responder que todo está reglamentado. Y en efecto, su portal oficial presenta el proceso como un ejercicio de transparencia, legalidad y rigor normativo. Allí figuran los acuerdos, circulares, cronograma, candidatos, censos y documentos relacionados con la elección. El cronograma oficial contempla consulta los días 22 y 23 de mayo, publicación de resultados el 26 de mayo y designación de rector el 28 de mayo de 2026.

 

Pero el problema de fondo no es que exista un cronograma. El problema es si ese cronograma produce confianza. Porque en una universidad pública no basta con votar. Hay que poder creer en el voto.

 

La Secretaría General de la UT ha explicado que la plataforma SIGEEL es un sistema propio desarrollado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, utilizado en procesos electorales desde 2022, con firewall perimetral, WAF, procesos de hardening, mecanismos de trazabilidad, tablas de auditoría y separación lógica entre identificación del votante y contenido del voto. También anunció salas y equipos para quienes no tengan conectividad o medios tecnológicos.

 

Todo eso suena bien. Incluso suena técnico. Pero la democracia no se salva con lenguaje técnico. Se salva con verificación independiente.

 

Porque una cosa es que la Universidad diga “tenemos seguridad”, y otra muy distinta es que una auditoría externa, visible, documentada y entendible para la comunidad diga: “sí, el sistema resiste, el voto es secreto, el conteo es verificable y nadie puede meter la mano”.

 

Ahí está el corazón del debate.

 

La Procuraduría, en el oficio conocido por esta redacción, recoge inquietudes que ya venían circulando: votación virtual, ausencia de mecanismos presenciales o complementarios de escrutinio, dudas sobre autenticidad y libertad del voto electrónico, riesgos de constreñimiento, falta de auditorías externas suficientemente visibles, brecha digital y presunta falta de consideración de propuestas presentadas por el estamento profesoral.

 

Eso no significa que haya fraude. Decirlo sería irresponsable. Pero tampoco significa que todo esté limpio solo porque la administración lo afirme. En democracia, la transparencia no consiste en pedir confianza: consiste en permitir control.

 

Y aquí aparece otro punto que la Procuraduría Regional del Tolima debe manejar con una delicadeza quirúrgica: su propia imparcialidad.

 

La actual Procuradora Regional de Instrucción del Tolima, Constanza Vargas Sanmiguel, ha sido presentada públicamente como abogada penalista, egresada de la Universidad de Ibagué, docente de tiempo completo y ex decana de la Facultad de Derecho de esa institución.  Por su parte, la hoja institucional de la Universidad del Tolima señala que el actual rector Omar Mejía Patiño también fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué.

 

Ese dato, por sí solo, no prueba nada. No inhabilita automáticamente. No convierte a nadie en culpable. En el Tolima, como en casi todas las regiones, los círculos académicos, jurídicos y políticos suelen cruzarse más de una vez.

 

Pero precisamente por eso la Procuraduría debe ser el doble de transparente.

 

CambioIn ya había publicado una denuncia en la que se cuestionaban presuntos vínculos previos entre la Procuradora Regional y el rector Omar Mejía, señalando antecedentes académicos y laborales compartidos. La misma publicación advertía algo sensato: conocerse no es el problema; el problema es cómo se gestiona la imparcialidad cuando existen vínculos previos o percepciones públicas de cercanía.

 

Ese es el punto. La Procuraduría no solo debe actuar bien. Debe demostrar que actúa bien.

 

Si la Procuraduría Regional del Tolima quiere blindar este proceso, tiene que hacer algo más que pedir documentos. Debe dejar trazabilidad de sus actuaciones, explicar con claridad el alcance de su vigilancia preventiva, hacer público qué recibió, qué revisó, qué observó y qué recomendaciones emitió. Y, sobre todo, debe garantizar que ninguna sombra de cercanía personal, académica o institucional contamine la confianza de la comunidad universitaria.

 

Porque en este caso no se está eligiendo al administrador de un club privado. Se está definiendo la conducción de la universidad pública más importante del departamento.

 

La Universidad del Tolima no pertenece al rector saliente, ni al Consejo Superior, ni a los sindicatos, ni a los candidatos, ni a los grupos políticos que se mueven detrás del telón. La Universidad del Tolima pertenece a sus estudiantes, profesores, trabajadores, egresados y a una región que ha puesto allí buena parte de su esperanza de movilidad social.

 

Por eso resulta tan grave que un proceso de esta magnitud termine pareciéndose a una carrera administrada por unos pocos, vigilada a medias y explicada con comunicados fríos.

 

La Procuraduría debe mirar con lupa. La Universidad debe responder sin soberbia. El Consejo Superior debe entender que autonomía universitaria no significa patente de corso. Y la comunidad universitaria debe mantener la presión democrática, porque muchas veces las instituciones solo se mueven cuando la ciudadanía deja de susurrar y empieza a exigir.

 

El requerimiento preventivo no tumba la elección. No suspende el cronograma. No declara fraude. Pero sí deja una constancia que pesa: hay dudas serias, hay preguntas legítimas y hay una comunidad que no quiere votar con los ojos vendados.

 

La UT todavía está a tiempo de hacer lo correcto: abrir la caja negra, publicar los soportes, permitir auditorías externas, garantizar puntos presenciales de acompañamiento real, responder a ASPU, a los candidatos, a los estudiantes, a los egresados y a todos los sectores que han pedido garantías.

 

La Procuraduría, por su parte, tiene una oportunidad de oro: demostrar que no llegó tarde, que no llegó tibia y que no llegó a cumplir un trámite.

 

Porque cuando una elección nace con sospechas, el ganador puede posesionarse, pero la legitimidad queda herida.

 

Y una universidad pública con legitimidad herida no se gobierna: se administra entre murmullos.

​

 

Estás Leyendo cambioin.com