Al mejor estilo del Cartel de las Marionetas, se hacen los contratos en la UT

El Cartel de las Marionetas en la UT: ¿Quién mueve los hilos de la contratación masiva en la Universidad del Tolima?. Los nombres de Omar Mejía, Carlos Arturo Gamboa, Fabián Mauricio Lautero y Luis Ernesto Londoño aparecen en distintos documentos de contratación del IDEAD. Las solicitudes, las adjudicaciones y los millonarios presupuestos abren preguntas sobre los controles internos de la Universidad del Tolima. Una fuente, además, señala presuntas cercanías políticas que deben ser esclarecidas.

 

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Por: cambioin.com Unidad de investigación y Denuncia Ciudadana. cambioin.com

 

Hay instituciones públicas donde el poder cambia de oficina, de escritorio y hasta de discurso, pero quienes conocen los procedimientos administrativos permanecen allí, silenciosos, rodeados de expedientes, certificados de disponibilidad presupuestal y formatos que pocas veces despiertan el interés de la ciudadanía. La Universidad del Tolima no puede ser ajena a ese escrutinio. La contratación del Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, merece una revisión que vaya mucho más allá de las explicaciones protocolarias y los comunicados institucionales. Porque detrás de una solicitud de contratación existe un funcionario que identifica la necesidad, otro que prepara los documentos, una instancia que evalúa las propuestas y alguien que finalmente autoriza el gasto. Todos cumplen funciones legítimas, pero todos deben responder por sus actuaciones dentro de los límites de sus competencias. Por eso, cuando aparecen nombres que coinciden en distintos expedientes a lo largo de varios años, la pregunta no consiste en condenarlos por trabajar juntos, sino en establecer quién decidió, qué decidió, con qué criterios y cuáles fueron los resultados.

 

La documentación revisada por cambioin.com permite identificar la participación de cuatro funcionarios en diferentes etapas administrativas: Omar Albeiro Mejía Patiño, exrector de la Universidad del Tolima; Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, antiguo director del IDEAD; Fabián Mauricio Lautero Bernal, director de Centros Regionales, y Luis Ernesto Londoño Martínez, profesional universitario vinculado a la gestión contractual y presupuestal del Instituto. No estamos hablando de cuatro desconocidos reunidos accidentalmente en un organigrama, sino de funcionarios cuyas actuaciones aparecen relacionadas en solicitudes, estudios previos, certificados presupuestales y evaluaciones contractuales. En 2022, por ejemplo, documentos relacionados con infraestructura y conectividad de los Centros de Atención Tutorial muestran intervenciones de varios de ellos. La coincidencia administrativa está documentada. Lo que todavía falta determinar es si los mecanismos de control, supervisión y selección contractual funcionaron conforme a las reglas exigibles en cada proceso. Ese es el asunto que debe explicar la Universidad, sin convertir las preguntas periodísticas en una supuesta ofensa personal contra sus directivos.

 

Los funcionarios que permanecen y los expedientes que hablan

 

Particular atención merecen Fabián Mauricio Lautero Bernal y Luis Ernesto Londoño Martínez, cuyos nombres continúan apareciendo en documentación institucional reciente. El directorio oficial de la Universidad identifica a Londoño dentro del área de Centros Regionales, con funciones relacionadas con contratos, presupuestos y plan de acción del IDEAD. Lautero, por su parte, figura como director de Centros Regionales y ha participado en la identificación de necesidades y en comités técnicos de evaluación. Una fuente que ha puesto estos asuntos en conocimiento de la investigación se refiere a ambos como los funcionarios que realizan buena parte de los trámites administrativos. Conviene precisar que tramitar contratos hace parte de las labores institucionales no constituye por sí mismo una conducta reprochable. Lo relevante es establecer cuáles fueron sus facultades, hasta dónde llegó su intervención y qué controles independientes revisaron sus actuaciones. El hecho de que un funcionario no firme la adjudicación definitiva no elimina sus responsabilidades sobre los estudios, evaluaciones o documentos que haya suscrito.

 

Uno de los casos que permite entender esta estructura es la Invitación Pública 119 de 2022, destinada a la adquisición de mobiliario para los Centros de Atención Tutorial del IDEAD. La Universidad estableció un presupuesto oficial de $150.726.590 y recibió ocho propuestas, según el acta de adjudicación. Finalmente, el contrato fue adjudicado a Luz Ángela Rubio de Pedroza por $107.695.000, mediante documento suscrito por Carlos Arturo Gamboa Bobadilla como ordenador del gasto. La misma proveedora aparece posteriormente como adjudicataria de la Invitación 035 de 2023, relacionada con mobiliario institucional de la Universidad, por $383.102.650. Entre ambos procesos se registran adjudicaciones que suman $490.797.650. La cifra merece atención, aunque debe aclararse que el segundo proceso no ha sido acreditado como contratación exclusiva del IDEAD. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos que permitieron seleccionar a esta proveedora en cada convocatoria? ¿Qué controles se aplicaron para comparar sus propuestas con las de los demás participantes? ¿Se verificó oportunamente la entrega de los bienes y su correspondencia con las especificaciones contratadas? No basta con publicar un acta y considerar agotada la rendición de cuentas.

 

Los $280 Millones de la logística y las preguntas que siguen abiertas

 

La contratación del IDEAD no terminó con la salida de Carlos Arturo Gamboa de su dirección. En 2025, el proceso 024 contempló un presupuesto de $280 millones para servicios de apoyo logístico en actividades académicas, administrativas, culturales, artísticas y deportivas, así como otros eventos realizados por los Centros de Atención Tutorial del país. Se presentaron dos oferentes: JC & JB Producciones S.A.S. y Grupo de Servicios Logísticos S.A.S. Según el informe de evaluación, la primera obtuvo 750 puntos y la segunda alcanzó 1.000. El comité técnico, integrado en esta evaluación por Fabián Mauricio Lautero Bernal y Luis Ernesto Londoño Martínez, recomendó contratar con Grupo de Servicios Logísticos S.A.S. El documento registra una oferta económica de $25.024.748 y un valor a contratar de $280 millones, cifras cuya diferencia debe explicarse a partir de las condiciones de la convocatoria, el listado de precios unitarios y el mecanismo de ejecución presupuestal. No sería correcto afirmar que constituyen un sobrecosto sin efectuar esa revisión. Sin embargo, tampoco sería aceptable que una institución pública se limite a publicar cifras sin facilitar su comprensión. La transparencia no consiste únicamente en permitir que los documentos sean descargados: también exige que cualquier ciudadano pueda reconstruir cómo se calcularon los valores y qué recibió efectivamente la Universidad.

 

El examen de 2026, ofrece otro ejemplo de la importancia de revisar los documentos completos. En el expediente de contratación de infraestructura para el CAT Suba, los estudios registran una necesidad estimada en $143.598.000, relacionada con espacios académicos para aproximadamente 450 estudiantes. Luis Ernesto Londoño Martínez figura como profesional que elaboró la necesidad, mientras que Marien Alexandra Gil Serna  aparece como ordenadora del gasto, hoy actual directora del IDEAD. No obstante, en uno de los formatos incorporados al expediente la representación numérica del valor aparece como $143.598.000.000, aunque las letras y otros apartados corresponden a $143.598.000. La diferencia parece obedecer a un error material de digitación, pero merece corrección oficial. El mismo expediente presenta una diferencia en la definición del perfil del contratista: un apartado se refiere a instituciones educativas públicas y otro admite instituciones públicas o privadas. ¿Qué condición regía realmente para los interesados? ¿Se corrigieron oportunamente esas diferencias y quedaron unificadas las reglas antes de recibir y evaluar las ofertas? Estas preguntas no prueban una contratación irregular, pero sí ponen de relieve la necesidad de controles documentales rigurosos.

 

La fuente, las cercanías políticas y el nombre de Pierre García

 

A esta revisión se suma una información que requiere especial cautela. Una fuente que ha planteado inquietudes sobre el funcionamiento administrativo del IDEAD sostiene que Fabián Mauricio Lautero Bernal habría mantenido cercanía con sectores del Centro Democrático y con Pierre Eugenio García Jacquier, exrepresentante a la Cámara por el Tolima y antiguo directivo del Departamento de Prosperidad Social. El señalamiento debe ser investigado, al acreditar esa relación personal o política, se evidencia la red político- clientelar, mafiosa - burocrática y electoral que ha influido en una decisión contractual de la Universidad del Tolima. La eventual afinidad política de un servidor público constituye por sí misma una infracción ante la imparcialidad de los servidores públicos. La pregunta periodísticamente relevante es distinta: ¿existieron gestiones, recomendaciones, intervenciones o comunicaciones relacionadas con contratos universitarios en las que hubieran participado actores políticos externos? Si la respuesta es afirmativa, corresponde conocer su naturaleza y alcance. Si no existe tal intervención, también debe quedar establecido con claridad. Una universidad pública no puede ser escenario de sospechas permanentes, pero tampoco puede pretender que las inquietudes ciudadanas desaparezcan simplemente porque resulten incómodas.

 

El nombre de Pierre García exige, además, diferenciar la investigación judicial conocida como Las Marionetas 2 de los asuntos contractuales propios del IDEAD. García fue congresista del Centro Democrático por el Tolima y posteriormente ocupó cargos directivos en Prosperidad Social. La Fiscalía lo vinculó a una investigación por presuntas irregularidades en contratación estatal, y en enero de 2024 solicitó una orden de captura y una circular roja de Interpol. Sin embargo, en febrero de ese mismo año, una jueza negó la medida y permitió que continuará afrontando el proceso en libertad. No se ha identificado una sentencia condenatoria en su contra que permita presentarlo actualmente como condenado. Quien sí recibió una condena de primera instancia de 23 años de prisión, anunciada por la Corte Suprema el 25 de marzo de 2026, fue el exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, por delitos relacionados con la contratación estatal dentro del caso de Las Marionetas 2. La sentencia examina actuaciones vinculadas a Prosperidad Social y a la empresa Proyecta. Se trata de un antecedente judicial grave y de indiscutible interés público, sin embargo, una de las fuentes del medio señalan que operan bajo la misma lógica de las marionetas los contratos del IDEAD, auspiciados por Lautero, Londoño, Gamboa o Mejía con aquella organización criminal.

 

¿Quién mueve los hilos del poder, y quién responde por el Dinero?

 

La metáfora del cartel de las marionetas plantea una pregunta sobre el poder administrativo: ¿quién mueve realmente los hilos de las decisiones contractuales cuando cambian los directores y permanecen los funcionarios que conocen los procedimientos? No constituye la afirmación de que exista dentro de la Universidad una organización criminal. Los expedientes permiten observar una continuidad funcional entre las solicitudes, la elaboración de documentos técnicos, las evaluaciones y la ordenación del gasto, pero esa estructura también puede corresponder al funcionamiento ordinario de una institución. Lo que necesita la ciudadanía es conocer si hubo ofertas competitivas, criterios objetivos, estudios de mercado suficientes, supervisión efectiva y ejecución conforme a lo contratado. También es necesario establecer el resultado de las contrataciones destinadas a infraestructura, conectividad, mobiliario, intérpretes y servicios logísticos de los CAT. Detrás de esas necesidades están los estudiantes de educación a distancia, muchos de ellos residentes en municipios donde acceder a la universidad supone enormes esfuerzos económicos y familiares. Cada peso invertido debe traducirse en servicios verificables y no solamente en expedientes debidamente foliados.

 

cambioin.com considera necesario que la Universidad del Tolima entregue una relación consolidada de los contratos y convenios del IDEAD correspondientes a las vigencias examinadas, con identificación de oferentes, adjudicatarios, valores iniciales, adiciones, certificados de disponibilidad y registro presupuestal, informes de supervisión, facturas, pagos y liquidaciones. Asimismo, deben conocerse los actos de delegación de las funciones de ordenación del gasto, los memorandos de designación de comités evaluadores y las declaraciones de conflictos de intereses cuando corresponda. Se solicita a la Oficina de Control Interno y a los organismos competentes que determinen si las diferencias documentales identificadas fueron corregidas, si existió adecuada trazabilidad de los procedimientos y si los recursos se ejecutaron conforme a sus finalidades. Esta petición no equivale a solicitar sanciones anticipadas, sino a exigir una revisión verificable e independiente.

 

Finalmente, cambioin.com deja abiertos sus canales para que Omar Albeiro Mejía Patiño, Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, Fabián Mauricio Lautero Bernal, Luis Ernesto Londoño Martínez y las autoridades universitarias expliquen sus intervenciones dentro de las competencias que les correspondieron. También resulta indispensable que cualquier persona que suministre información sobre supuestas relaciones políticas o actuaciones indebidas aporte documentos susceptibles de contraste. El periodismo no está para reemplazar a los jueces ni para construir culpables mediante insinuaciones, pero tampoco para rendirse ante la opacidad administrativa. Una Universidad que forme ciudadanos, abogados, administradores y profesionales comprometidos con lo público tiene la obligación de ofrecer un ejemplo de transparencia. Y esa transparencia comienza por algo elemental: que los expedientes hablen, que los responsables expliquen y que el destino de los recursos pueda seguirse hasta el último peso.

 

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