Aspu, desnuda Guerra política al interior de la UT, por elección del Rector

La Universidad del Tolima y el tablero politiquero de las elecciones. En el alma mater no suenan campanas. Se mueven fichas. No se anuncian jugadas: se deslizan perfiles. No se habla de poder: se habla de concursos. Pero nadie es ingenuo. En este tablero los peones no avanzan solos; los empujan contratos, direcciones de programa, comisiones, puntos salariales y favores administrativos. Aquí no se juega ajedrez académico, se juega política universitaria de bajo calibre.

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Por: Editor Local. cambioin.com

La UT ha entrado, sin rubor, en modo electoral. Coincide con la convocatoria oficial para la elección de rector 2026–2030, reglamentada por el Acuerdo 047 de 2025 del Consejo Superior Universitario, documento público y verificable. En este contexto, se reacomodan alianzas, se miden fuerzas y se administra el silencio como táctica. La universidad deja de debatir ideas y empieza a administrar lealtades.

El rector saliente, Omar Mejía, abandona el escenario con un prestigio deteriorado. No solo por el modelo de centralización administrativa que impuso, sino porque enfrenta una investigación disciplinaria en curso en la Procuraduría General de la Nación, trasladada a Bogotá, relacionada con presuntas situaciones de violencia de género. El dato es público y fue informado por medios regionales y nacionales en 2024 y 2025.

En los pasillos universitarios, donde la información corre más rápido que los comunicados oficiales, se repite una frase atribuida a sectores políticos internos ligados al barretismo: “Mejía ya no tiene poder; se necesita un rector fuerte para lo que viene”. Lo que viene no es menor: elecciones regionales y la disputa por el control de una de las instituciones públicas más importantes del Tolima.

La ficha que aparece en el centro del tablero es John Jairo Méndez Arteaga. No genera entusiasmo, pero sirve. Su perfil no es el del académico que convoca, sino el del administrador funcional, cercano a la actual estructura de poder y alineado con las lógicas políticas que han gobernado la UT en la última década. En el campus, incluso entre profesores moderados, se le percibe como continuidad sin debate.

Sectores docentes y administrativos que hoy resisten —y que han denunciado excesos del control interno— sostienen que los acuerdos electorales ya están cerrados. No constan en actas, pero se materializan en cátedras por comisión de garantes, en convocatorias con perfiles restrictivos y en publicaciones académicas estratégicamente valoradas para sumar puntos salariales. No es una denuncia nueva: es una práctica histórica.

En este escenario aparece el comunicado oficial de ASPU–Tolima, fechado en enero de 2026, donde se denuncian nuevos “concursos chaleco” en la Facultad de Ciencias de la Educación. El documento cuestiona la creación y perfilamiento de plazas sin sustento académico suficiente y alerta sobre decisiones tomadas desconociendo departamentos y comités curriculares, algo que ASPU ya había advertido en años anteriores.

Esta redacción consultó profesores, administrativos y funcionarios que coinciden en una afirmación preocupante: en espacios internos se estaría presionando políticamente para respaldar la candidatura de Méndez. No se trata de discursos públicos, sino de mensajes velados, advertencias y “recomendaciones” que recuerdan que en la UT la neutralidad tiene costo.

El término “concurso chaleco” no es exageración periodística. En la jerga universitaria significa perfiles diseñados para favorecer a una persona específica, práctica contraria a los principios de mérito y selección objetiva consagrados en la normativa universitaria y en la función pública. ASPU lo dice sin rodeos: no es un hecho aislado, es un patrón.

Las decisiones, según las denuncias, bajan desde arriba. Es el modelo que consolidó Omar Mejía: todo pasa por la Vicerrectoría de Docencia. Allí aparecen nombres que generan rechazo en amplios sectores académicos, como Marcelán Barragán, identificada como engranaje clave del aparato administrativo y sus movimientos clientelares con los actores políticos de la región, y Diego Alberto Polo, funcionario duramente cuestionado por el movimiento estudiantil.

Así surgen plazas sin explicación clara.
Así se imponen perfiles sin debate académico.
Así se convierte la universidad en oficina de trámites, no en espacio de pensamiento crítico.

En el centro del tablero está el Consejo de Facultad. Más arriba, el Consejo Académico. Y en la cúspide, el Consejo Superior Universitario, que según amplios sectores de la comunidad ha optado por el silencio, renunciando a su función de control político y administrativo. La omisión también gobierna.

En el horizonte electoral, el nombre ya no se susurra: John Jairo Méndez Arteaga.
No se le acusa de delitos.
Se le señala como candidato de continuidad, beneficiario de un modelo que confundió gobernanza universitaria con reparto burocrático.

En la UT el poder no grita: administra.
Las decanaturas perfilan.
Las vicerrectorías justifican.
Los consejos avalan.
Los concursos legalizan.

Mientras tanto, la academia observa cómo las decisiones epistemológicas se degradan en resoluciones administrativas. La planta docente —la columna vertebral de la universidad— empieza a verse como moneda electoral, no como proyecto académico de largo plazo.

ASPU–Tolima ha sido claro: estas prácticas son sistemáticas. Y cuando un sindicato con décadas de trayectoria hace una denuncia pública, lo mínimo exigible es investigación, no estigmatización ni silencio.

La pregunta es inevitable y legítima:
¿quién controla a quienes controlan los concursos docentes?

En los corredores circulan versiones sobre apoyos políticos, respaldos administrativos y campañas internas financiadas no con ideas, sino con expectativas futuras de poder. Son versiones, sí. Pero cuando se repiten, coinciden y persisten, obligan a la intervención de los entes de control.

La Procuraduría General de la Nación – Seccional Tolima, el Ministerio de Educación y los organismos de control interno tienen la obligación de verificar:
quién define los perfiles,
quién los propone,
quién los aprueba,
a quién favorecen
y por qué se activan justo en plena disputa electoral.

Una universidad pública no se gobierna como un partido político.
No se hereda.
No se reparte.
No se negocia.

Cuando los concursos pierden credibilidad, la academia pierde el alma.
Cuando las elecciones se mezclan con la burocracia, la autonomía se vuelve excusa.

Esta no es una acusación penal. Es una advertencia política documentada.
La Universidad del Tolima se juega su futuro institucional en medio del desgaste del barretismo y la recomposición del poder regional.
Y no merece seguir siendo un tablero donde siempre ganan los mismos.

Merece mérito, transparencia, democracia universitaria real y control efectivo. Está redacción seguirá denunciado los nexos de control político - clientelar de los altos funcionarios de la UT. Se tienen videos, audios, fotografías, informes y fuentes cercanas y confiables sobre el actual debate de la rectoría universitaria.

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