Procuradora que investiga rector de la UT, resultó ser su amiga de toda la vida: Denuncia

Procuraduría en Tolima: entre la toga, las afinidades políticas, amiguismo y el deber de la  transparencia. El ministerio público no está diseñada para caer bien. Está diseñada para ser confiable. Y en los territorios, la confianza no se hereda ni se presume: se construye con hechos, cifras y explicaciones públicas. En el Tolima, esa confianza hoy atraviesa una zona gris que no se despeja con hojas de vida impecables ni con silencios estratégicos, sino con informes claros, verificables y oportunos.

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Por: Editor Local. cambioin.com

El caso del rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía, remitido a la Procuraduría en Bogotá para investigación disciplinaria, hoy las redes de derechos humanos esperan sanciones radicales que demuestren el poder disciplinario y preferente de esta entidad —tal como ha sido informado públicamente frente al caso por presunta violencias basadas en género contra su ex-esposa la Dra. Inés Yohanna Pinzón Marín—, activó un debate inevitable cuando se conoció que la Procuradora Regional del Tolima, Dra. Constanza Vargas Sanmiguel, comparte con el investigado antecedentes académicos y laborales: ambos trabajaron años atrás en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué.

Ese dato, por sí solo, no configura una falta. En regiones con circuitos académicos pequeños, los cruces profesionales son frecuentes. El punto no es conocerse; el punto es cómo se gestiona la imparcialidad cuando existen vínculos previos, incluso si fueron estrictamente académicos. En política institucional, lo que no se explica se interpreta, y lo que se interpreta sin datos se convierte en sospecha.

La Dra. Constanza Vargas Sanmiguel no es una funcionaria menor ni improvisada. Su formación es sólida y pública: magíster en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas (Universidad Externado de Colombia), máster en Derecho Penal Internacional (Universidad de Granada, España), conferencista y académica disciplinada. Ha participado en investigaciones de alto impacto, como los estudios jurídicos sobre la mina La Colosa en Cajamarca, uno de los conflictos socioambientales más relevantes del país.

Su producción intelectual incluye trabajos de peso en criminalidad económica. Fue coautora del libro “La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia”, junto al jurista Hernando Hernández —doctor honoris causa en educación por la Universidad del Tolima— y Tatiana Vargas Nieto. Ese recorrido habla de rigor. Y precisamente por eso, la exigencia pública es mayor.

En comunicación política hay una regla elemental: a mayor poder, mayor obligación de explicarse. Cuando una investigación disciplinaria de alto impacto institucional —como la que involucra al rector de la principal universidad pública del departamento— recae en una Procuraduría regional cuya titular tuvo vínculos previos con el investigado, la carga de la prueba ética se invierte. No es la ciudadanía la que debe confiar a ciegas; es la institución la que debe demostrar independencia con hechos.

Hoy, organizaciones estudiantiles, colectivos profesorales, redes de derechos humanos y veedurías ciudadanas formulan una solicitud concreta y razonable: que la Procuraduría Regional del Tolima publique informes claros, precisos y objetivos sobre su actuación frente a la Universidad del Tolima. No comunicados genéricos. Datos.

Las preguntas no son caprichosas; son institucionales:

¿Cuántas quejas disciplinarias contra directivos y funcionarios de la UT ha recibido la Procuraduría Regional en los últimos años?

¿Cuántas indagaciones preliminares se han abierto y en qué estados se encuentran?

¿Cuántas aperturas formales y decisiones de fondo se han producido?

¿Cuántas archivadas y con qué criterios jurídicos?

En los pasillos de la Universidad del Tolima —ese termómetro que suele anticipar las crisis— circula una expresión dura: “procuraduría de bolsillo”. No es una afirmación verificable; es un síntoma político. Y los síntomas no se reprimen: se diagnostican. La desconfianza no se combate con desmentidos; se disuelve con información pública.

También se escucha que la Procuraduría regional sería afín a intereses políticos hoy en crisis de gobernabilidad en el departamento. Reiteremos: son versiones, no hechos probados. Pero cuando las versiones se repiten en estudiantes, docentes, trabajadores y defensores de derechos humanos, el deber institucional no es ignorarlas, sino despejarlas con transparencia activa.

Este contexto no es menor. La Universidad del Tolima atraviesa un proceso electoral interno marcado por denuncias de concursos “chaleco”, presiones políticas y disputas burocráticas documentadas por organizaciones sindicales como ASPU–Tolima. En ese tablero, la Procuraduría no puede parecer selectiva, lenta o tímida cuando se trata de poder universitario. Debe parecer —y ser— árbitro.

Aquí no se piden condenas anticipadas ni sanciones ejemplarizantes. Se pide confianza pública. Y la confianza se construye con transparencia medible. Un informe detallado de la gestión disciplinaria sobre la UT no debilitaría a la Procuraduría Regional del Tolima; la fortalecería frente a una opinión pública exigente y cansada de zonas grises.

La pregunta de fondo no es personal; es institucional:
¿puede la Procuraduría Regional del Tolima garantizar —y demostrar— independencia real cuando investiga a actores con los que tuvo vínculos académicos previos?

La respuesta no debe ser retórica.
Debe ser documental.

Si la Dra. Constanza Vargas Sanmiguel —con su trayectoria académica, su formación penal y su experiencia investigativa— decide despejar esta sombra con datos verificables, cronogramas y decisiones motivadas, dará una lección de institucionalidad. Si no, el silencio seguirá alimentando la sospecha. Y en política, la sospecha es un hecho comunicacional, incluso cuando no hay sentencia.

En tiempos de crisis universitaria y recomposición política regional, la Procuraduría no puede ser espectadora. Debe ser visible, autónoma y creíble. Porque cuando la justicia parece cercana al poder, la ciudadanía se aleja de la justicia. Y cuando la ciudadanía se aleja, el poder gana sin control.

1) Universidad del Tolima y Procuraduría General de la Nación
2016–2018 | Consolidación del rectorado de Omar A. Mejía Patiño
✓ La UT registra que Omar A. Mejía Patiño fue designado rector encargado el 12 de septiembre de 2016 y nombrado en propiedad el 13 de junio de 2018.
26 nov 2024 | Primera gran alerta pública por “concurso chaleco” (ASPU)
✓ Medios regionales reportan comunicado de ASPU alertando presunto direccionamiento e irregularidades en concurso de méritos para profesores de planta (“concurso chaleco”).
13 may 2025 | Escalada de la crisis y solicitud de apartarse temporalmente
✓ Se registra que el rector pidió al Consejo Superior apartarse temporalmente (en medio de acusaciones y tensión institucional).
2025 | Denuncias de violencia basada en género y remisión del proceso a Bogotá
✓ La Procuraduría Regional del Tolima remitió a Bogotá el proceso disciplinario contra el rector, y el caso sería asumido por la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos.
24 sep 2025 | Cambio formal en Vicerrectoría de Docencia
✓ UT publica a Nancy Gómez Torres como Vicerrectora de Docencia (en propiedad).
✓ En el directorio institucional aparece como Vicerrectora de Docencia (y en un momento como (E) según el listado).
Sep–Nov 2025 | Choques judiciales/disciplinarios y exposición mediática
✓ Reportes periodísticos señalan sanciones por desacato que involucran al rector y al Vicerrector Administrativo y Financiero Mario Ricardo López Ramírez (Ojo: fuente periodística, no acto oficial publicado por UT).
✓ También aparece reporte de sanción a Diego Alberto Polo Paredes (Vicerrector de Desarrollo Humano) por incumplimiento de orden judicial de protección a docente.
26 dic 2025 | Se abre oficialmente la convocatoria rectoral 2026–2030
✓ UT publica el Acuerdo 047 de 2025 (26 dic) que abre la convocatoria y cronograma del proceso de elección de rector 2026–2030.
Dic 2025 | Renuncia de Jonh Jairo Méndez Arteaga a Vicerrectoría de Investigación
✓ Medios reportan renuncia formal de Jonh Jairo Méndez Arteaga como Vicerrector de Investigación-Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social, abriendo la puerta a aspiración rectoral.  Un candidato que no tiene carisma su única virtud según fuentes de esta redacción en su visión funcional, continuista y sumisa de la administración del Dr. Omar Mejía.
Ene 2026 | Apertura de nuevas convocatorias de catedráticos (flujo contractual)
✓ UT muestra listado de convocatorias catedráticos con aperturas y cierres (enero 2026, etc.). Esto importa porque en periodos electorales la contratación suele ser leída como termómetro político, diversas fuentes aseguran que los últimos concursos el 80% ha sido desierto y se está utilizado la figura de comisión de garantes para poner fichas claves en posiciones burocráticas y afines a sectores barretistas.
29 ene 2026 | (Según comunicado difundido por ASPU)
✓ Denuncia de “nuevos concursos chaleco” en Facultad de Educación, el Dr. Eduardo Augusto López Ramírez (actual decano), es hermano del vicerrector Mario Ricardo López Ramírez, ambos allegados al barretismo y que demuestra el nepotismo burocrático y clientelar en la Universidad del Tolima.

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