Fernando Misas, el verdadero poder en la sombra. Maneja la UT, hace 17 Años

¿Conocimiento qué transforma o poder qué se atornilla en la UT?

Fernando Misas Arango, 79 años, los viáticos cuestionados y las preguntas que persiguen al Consejo Superior de la Universidad del Tolima.

 

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Por: Nota de la semana - denuncia ciudadana Opinión. cambioin.com

 

En la Universidad del Tolima anuncian una nueva etapa bajo una consigna que suena prometedora: «Conocimiento que transforma».

Nuevo equipo directivo, nuevas apuestas académicas, posibles ajustes a los posgrados y un discurso de renovación institucional.

Hasta ahí, todo parece avanzar por el camino de las buenas intenciones.

 

Pero hay una pregunta que merece salir de los pasillos universitarios y llegar a la opinión pública: ¿cómo se habla de transformación cuando uno de los integrantes históricos del máximo órgano de gobierno sigue enfrentando cuestionamientos jurídicos sobre su permanencia?

 

El nombre es Fernando Misas Arango.

 

Y el asunto no es menor.

 

Diecisiete años en el Consejo y una pregunta incómoda:

 

En mayo de 2026, medios de comunicación informaron que Fernando Misas Arango, representante de los exrectores ante el Consejo Superior, tenía 79 años y acumulaba más de 17 años de participación en ese organismo.

 

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU Tolima, promovió una acción de cumplimiento al considerar que debía aplicarse la edad de retiro forzoso.

 

Misas respondió que no era empleado público y que su condición de representante de los exrectores no lo sometía automáticamente a esa restricción.

 

El debate terminó escalando hasta el Ministerio de Educación, cuyo delegado pidió suspender la sesión de elección rectoral del 29 de mayo para tramitar una recusación.

 

No estamos hablando, entonces, de un simple chisme universitario.

 

Estamos ante una controversia institucional documentada, que exige una respuesta jurídica definitiva.

 

¿Cuál es el estado actual de esa acción judicial? ¿Existe una decisión de fondo? ¿Por qué la Universidad no publica una explicación jurídica completa y accesible para su comunidad?

 

Los Viáticos: ¿Cuánto le cuesta a la Universidad está representación?

 

Aquí aparece otro capítulo que merece lupa.

 

El abogado Wilson Leal denunció públicamente presuntos pagos superiores a 40 millones de pesos en viáticos durante tres años. También cuestionó el posible uso de vehículo oficial y conductor.

 

La cifra todavía necesita respaldo contable oficial.

 

Pero el cuestionamiento abre una discusión legítima sobre el manejo del presupuesto universitario.

 

¿Cuánto ha recibido Fernando Misas Arango por concepto de viáticos, transporte, tiquetes, gastos de representación u otros reconocimientos económicos?

¿Con qué frecuencia se autorizan esos gastos?

¿Quién los aprueba?

¿Dónde están los soportes?

La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos de una universidad pública.

 

Y conviene distinguir: que un consejero reciba gastos de desplazamiento autorizados no demuestra ninguna irregularidad. Lo que corresponde es verificar las cuantías, su justificación y el cumplimiento de las normas.

 

La transparencia no consiste en pedirle confianza a la ciudadanía. Consiste en mostrarle los documentos.

 

 

Que Fernando Misas Arango tenga 79 años no lo convierte en una persona incapaz ni demuestra que esté jurídicamente impedido.

 

La experiencia puede ser valiosa. La trayectoria académica también.

 

Pero la experiencia no reemplaza la obligación de examinar las normas.

 

La Ley 1821 de 2016 establece, como regla general, los 70 años para el retiro forzoso de quienes desempeñan funciones públicas. Su aplicación a determinadas representaciones en órganos colegiados ha sido objeto de interpretaciones jurídicas que requieren un análisis específico.

 

Por eso, el debate no debería resolverse mediante ataques personales ni declaraciones de conveniencia.

 

Debe resolverse con documentos, jurisprudencia pertinente y decisiones de las autoridades competentes.

 

¿Renovación para quién?

 

Mientras se anuncian ajustes a los programas de posgrado y se presenta el nuevo equipo directivo, la comunidad universitaria necesita conocer algo más que fotografías de reuniones.

 

¿Cuáles programas serán modificados?

¿Qué estudios académicos sustentan esos cambios?

¿Qué participación tendrán estudiantes, docentes y egresados?

 

¿Y qué garantías existen para que las decisiones respondan a criterios académicos y no a intereses ajenos a la misión universitaria?

 

El Consejo Superior no es un club social ni un escenario ceremonial.

 

Es el máximo órgano de gobierno de la Universidad del Tolima.

 

Allí se toman decisiones que afectan el presupuesto, la estructura institucional y el futuro de miles de estudiantes.

 

La transformación se demuestra

 

Fernando Misas Arango tiene derecho a defender su permanencia y a que no se le atribuyen irregularidades sin pruebas.

 

ASPU tiene derecho a acudir a los jueces.

Los periodistas tienen derecho a preguntar por los recursos públicos.

Y la Universidad del Tolima tiene la obligación institucional de ofrecer respuestas claras, dentro de las competencias que le corresponden.

 

Por eso, antes de celebrar la transformación, sería conveniente conocer tres cosas: la situación jurídica actual del representante de los exrectores, el detalle de los recursos reconocidos por su participación y las decisiones que realmente se están adoptando sobre los programas académicos.

 

Porque las universidades no se transforman únicamente cambiando consignas, equipos directivos o fotografías institucionales.

 

Se transforman cuando la transparencia deja de ser un discurso y se convierte en una práctica verificable.

 

Y mientras esas preguntas sigan abiertas, habrá una que resonará en los pasillos de la Universidad del Tolima:

¿Está cambiando la universidad o simplemente está cambiando el discurso mientras permanecen los mismos protagonistas del poder, es decir la mafia del poder?

 

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