Un nombramiento, que está a punto de causar una guerra mundial

La nota de la semana: ¿Programa de Ciencia Política sin Democracia?

En la Universidad del Tolima: hizo un nombramiento qué abrió cualquier cantidad de interrogantes sobre la autonomía universitaria

 

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Por: Denuncia Universitaria. cambioin.com

 

Hay decisiones que, aunque se adopten desde un escritorio, terminan provocando preguntas que ninguna autoridad debería ignorar. Y cuando esas decisiones ocurren en una universidad pública, donde se supone que se forman ciudadanos críticos, el asunto adquiere una dimensión política que trasciende cualquier trámite administrativo.

 

Eso es precisamente lo que ocurre con los cuestionamientos al nombramiento de María Antonia Polo en la dirección del Programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima.

 

La controversia no gira únicamente alrededor de un nombre. El verdadero debate está en el procedimiento, la legitimidad y la participación de quienes hacen parte de la comunidad académica.

 

Porque resulta paradójico que en un programa dedicado a estudiar el poder, las instituciones, la democracia y la participación ciudadana surjan denuncias sobre decisiones tomadas sin escuchar a estudiantes, profesores y egresados.

 

¿Cómo se enseña democracia cuando quienes la estudian sienten que no pueden ejercerla dentro de su propia universidad?

 

El Poder no puede confundirse con la autonomía

 

Los cuestionamientos estudiantiles describen el nombramiento como arbitrario, autoritario y burocrático. Son calificativos fuertes que merecen una respuesta institucional igualmente sería.

 

Conviene precisar que la ausencia de una consulta no demuestra, por sí sola, una irregularidad jurídica. Las competencias de nombramiento deben examinarse conforme a los estatutos universitarios. Pero una cosa es tener la facultad legal para designar y otra muy distinta construir legitimidad frente a la comunidad académica.

 

Una universidad pública no puede reducir su democracia a los discursos de bienvenida, los documentos institucionales o las ceremonias de graduación.

 

La participación debe tener consecuencias reales.

 

Sin embargo, el interrogante merece una respuesta transparente.

 

¿Qué criterios académicos, administrativos y profesionales sustentaron la designación? ¿Cómo se desarrolló el procedimiento? ¿Existieron recomendaciones o intervenciones de actores políticos externos?

 

La mejor manera de despejar las sospechas no es descalificar a quienes preguntan, sino publicar las respuestas.

 

Porque cuando la política partidista entra en discusión alrededor de una institución educativa, lo que está en juego no es solamente la reputación de una persona, sino la confianza en la independencia de sus decisiones.

 

Rector Jhon Jairo Méndez: La Palabra la tiene la Rectoría

 

El rector de la Universidad del Tolima, doctor Jhon Jairo Méndez, tiene ante sí una oportunidad para fortalecer la confianza institucional.

 

No se trata de exigirle que desconozca sus competencias ni que ceda ante presiones. Se trata de reclamar garantías de participación, claridad sobre el procedimiento y respeto por el derecho de los estudiantes a expresar sus inconformidades.

 

La Rectoría debería explicar públicamente las razones del nombramiento, precisar los mecanismos institucionales de participación y abrir un espacio de diálogo con estudiantes, docentes y egresados.

 

También corresponde garantizar que ninguna persona sufra represalias académicas o administrativas por formular críticas respetuosas.

 

La autonomía universitaria no significa ausencia de controles. Significa capacidad de gobernarse conforme a sus normas, con independencia y responsabilidad frente a su comunidad.

 

Una pregunta que no puede quedar sin respuesta

 

La Universidad del Tolima tiene una historia que merece respeto. Su carácter público representa una responsabilidad con la formación académica, el pensamiento crítico y la sociedad tolimense.

 

Por eso, la controversia sobre la dirección de Ciencia Política no debería terminar convertida en una disputa de nombres o simpatías partidistas.

 

Debe servir para discutir cómo se toman las decisiones, quiénes participan en ellas y qué mecanismos existen para exigir explicaciones.

 

María Antonia Polo tiene derecho a que su trayectoria sea valorada con objetividad y a responder los cuestionamientos sin prejuicios. Los estudiantes tienen derecho a preguntar, disentir y organizarse. Y las autoridades universitarias tienen el deber de actuar con transparencia.

 

La pregunta de fondo es sencilla: ¿queremos una universidad que forme ciudadanos capaces de cuestionar el poder o una donde cuestionar las decisiones del poder resulte incómodo?

 

La respuesta no debería encontrarse únicamente en los salones de Ciencia Política.

 

Debería demostrarse en la manera como se gobierna la Universidad del Tolima.

 

Porque la democracia que se enseña, pero no se practica, termina siendo apenas una asignatura más.

 

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