Millonario contrato realizado al interior de UT, no sirvió para nada

Universidad del Tolima: millones para infraestructura, pero un corte de luz pone a prueba la gestión del nuevo rector. En pleno siglo XXI, la Universidad del Tolima anuncia que varios de sus edificios estarán sin electricidad durante el fin de semana, pero asegura que las clases continuarán normalmente. La circular parece rutinaria. Lo que revela merece una discusión mucho más incómoda: ¿qué tan preparada está la institución para garantizar la continuidad de sus servicios esenciales?

 

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Por: Denuncia y control ciudadano. cambioin.com

 

Hay comunicados que informan y otros que, sin proponérselo, termina retratando las debilidades de una administración. La Circular 0014 del 9 de octubre de 2026, firmada por el vicerrector de Docencia, Enrique Alirio Ortiz Güiza, pertenece a esa segunda categoría.

 

La Universidad del Tolima anunció cortes de energía para el sábado 10 y domingo 11 de octubre en los bloques 01, 02 y 03, la Biblioteca y la entrada principal. La explicación oficial es que se realizarán trabajos de mantenimiento y reparación de instalaciones.

 

Hasta ahí, nada extraordinario. Cualquier institución responsable debe realizar mantenimientos. El problema comienza cuando una universidad pública que pretende proyectarse como moderna necesita reorganizar espacios académicos para garantizar la continuidad de sus actividades durante una intervención programada.

 

¿Dónde están los planes de contingencia? ¿Qué edificios cuentan con sistemas de respaldo? ¿Cuánto dinero se ha destinado a modernizar las instalaciones y cuáles son los resultados?

 

Esas son las preguntas que deberían ocupar al rector Jonh Jairo Méndez Arteaga y a su equipo administrativo.

 

Porque una universidad no se moderniza con discursos, ceremonias, fotografías institucionales ni frases cuidadosamente redactadas. Se moderniza cuando su infraestructura responde a las necesidades reales de quienes estudian, enseñan e investigan.

 

Y aquí aparece un asunto que merece especial atención: el dinero.

 

Los documentos de contratación de la propia Universidad permiten identificar un presupuesto oficial de 342 millones de pesos para instalación de cableado estructurado durante 2026. También registran una convocatoria de 600 millones de pesos para materiales y herramientas destinados a adecuaciones de inmuebles. En 2025 aparece un contrato por más de 224 millones de pesos para una red de alumbrado en zonas verdes.

 

Son inversiones de naturaleza diferente. Ninguna puede presentarse automáticamente como un sistema de respaldo eléctrico ni como prueba de recursos desperdiciados. Pero precisamente por eso resulta indispensable que la administración explique qué inversiones específicas se han realizado en redes eléctricas, plantas de emergencia, subestaciones y mecanismos de continuidad operativa.

 

Lo verdaderamente mediocre sería confundir la publicación de contratos con la demostración de resultados.

 

La comunidad universitaria tiene derecho a conocer qué se contrató, cuánto se pagó, qué se recibió y qué problemas fueron efectivamente solucionados.

 

No basta con anunciar proyectos millonarios mientras los estudiantes deben adaptarse a contingencias cuya preparación técnica y logística no ha sido explicada suficientemente.

 

El rector Méndez Arteaga recibió el respaldo de 9.739 integrantes de la comunidad universitaria durante el proceso de elección, según información oficial. Ese respaldo democrático no constituye un cheque en blanco. Por el contrario, representa una obligación adicional de rendir cuentas.

 

Es cierto que llegó recientemente a la rectoría y que los problemas de infraestructura pueden ser anteriores a su administración. Sería irresponsable atribuirle personalmente cada deficiencia heredada. Pero también sería complaciente permitir que el argumento de la herencia administrativa se convierta en excusa permanente para no exigir soluciones.

 

La responsabilidad del nuevo rector no consiste en haber creado todos los problemas, sino en demostrar que tiene la capacidad de resolverlos.

 

La circular promete continuidad académica y anuncia que los monitores apoyarán la asignación de salones alternos. Bien. Pero una comunidad de más de 28.000 estudiantes, según cifras institucionales divulgadas a comienzos de 2026, merece conocer algo más que la redistribución temporal de espacios.

 

Merece saber si existe un diagnóstico actualizado de la infraestructura eléctrica, cuáles son los riesgos identificados, qué respaldo tienen los servicios críticos y cuánto costaría garantizar mayor autonomía energética.

 

También merece saber si las inversiones previstas están priorizando necesidades fundamentales o si la administración continúa acumulando obras y contratos sin una explicación pública suficientemente clara sobre su impacto.

 

No estamos diciendo que el mantenimiento sea innecesario. Todo lo contrario. Estamos preguntando por qué una intervención anunciada obliga a adoptar medidas académicas extraordinarias y cuál es el verdadero estado de preparación de la institución.

 

Una gestión universitaria seria no debería temer estas preguntas. Debería responderlas con documentos, cifras, cronogramas e indicadores.

 

El rector tiene una oportunidad para demostrar liderazgo: publicar el inventario de sistemas de respaldo eléctrico, los contratos relacionados con infraestructura energética de los últimos años, sus valores ejecutados, los informes de supervisión y el plan de modernización previsto para su administración.

 

Porque la transparencia no consiste solamente en tener un portal web con documentos dispersos. Consiste en permitir que cualquier ciudadano comprenda cómo se invierte el dinero público y qué beneficios concretos producen esas inversiones.

 

Una universidad que enseña ingeniería, tecnología, administración y gestión pública debe ser capaz de explicar técnicamente cómo administra su propia infraestructura.

 

Y si existen limitaciones presupuestales, también deben conocerse. La ciudadanía puede comprender las dificultades financieras. Lo que no debería aceptar es la ausencia de respuestas.

 

En la Universidad del Tolima no está en discusión el derecho a realizar mantenimientos. Está en discusión la calidad de la planeación, la oportunidad de las inversiones y la capacidad de la nueva administración para convertir los recursos públicos en resultados verificables.

 

El rector Jonh Jairo Méndez Arteaga apenas comienza su periodo. Precisamente por eso, este es el momento de exigirle estándares altos de gestión, no de acostumbrarse a explicaciones administrativas que dejan más preguntas que respuestas.

 

Porque en pleno siglo XXI, la verdadera oscuridad de una universidad pública no comienza cuando se suspende la electricidad. Comienza cuando sus directivos no explican con suficiente claridad qué han hecho, cuánto han invertido y cómo piensan resolver los problemas.

 

Y esa oscuridad no se combate con una planta eléctrica. Se combate con transparencia, capacidad administrativa y resultados.

 

CAMBIOIN seguirá preguntando. Porque los recursos de una universidad pública merecen vigilancia y sus estudiantes merecen respuestas.

 

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