Foto: José Baruth Tafur Gutiérrez, abogado, Columnista cambioin.com
Por: Editor en Jefe - Publicado en agosto 03, 2025
Por: Jose Baruth Tafur Gutierrez
Abogado-Especialista Univ. Externado Maestrante Comunicación Politica Univ. Externado. Columnista invitado cambioin.com
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Ciego y cargado de odio, quien sin importar su inclinación política no ve con preocupación el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se trata simplemente de un proceso judicial más; se trata de un hito que pondrá a prueba y podría demostrar la fragilidad de la división de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo o tal vez, la madurez institucional del país, el carácter de nuestra democracia y, sobre todo, el equilibrio entre justicia y política.
Es un momento peligrosamente frágil; Porque si bien ningún ciudadano debe estar por encima de la ley, también es cierto que la justicia, cuando se convierte en arma política, deja de ser justicia. En ese punto crítico es donde se encuentra Colombia. Y basta mirar hacia otros países latinoamericanos para saber lo que está en juego.
En Bolivia, el caso de Evo Morales muestra lo volátil que puede ser un sistema cuando la justicia responde al vaivén de las mayorías políticas. Morales fue acusado de fraude electoral, se exilió, y luego fue rehabilitado políticamente por el mismo sistema que antes lo persiguió. La justicia boliviana no supo mantenerse firme: fue un péndulo de intereses. El daño a la credibilidad del Estado ha sido profundo y duradero.
Colombia, con el caso Uribe, corre el riesgo de replicar estos patrones. La judicialización de la política, o peor aún, la politización de la justicia, puede producir una ruptura en la frágil arquitectura democrática. Si la Fiscalía, los jueces o los medios se convierten en actores políticos disfrazados de árbitros imparciales, el juicio pierde legitimidad, sea cual sea su desenlace. y es en este punto cuando surge la inquietud ¿existió objetividad frente a la valoración de los interrogatorios?
El peligro no está en que Uribe sea declarado inocente o culpable. El verdadero peligro es la duda de la división de poderes, es que una parte del país sienta que el fallo fue dictado desde una Tablet ideológica de turno, y no desde el debido proceso. En ese escenario, la justicia se convierte en un campo de batalla y no en un refugio de garantías.
El caso también puede tener un efecto dominó: abrir la puerta para que futuros presidentes ya sean de izquierda o de derecha para este 2026 teman ejercer su cargo por miedo a represalias judiciales lo que paralizaría O peor, motivaría a los líderes a modificar las reglas del juego para blindarse, como lo han hecho Ortega en Nicaragua o Bukele en El Salvador, donde la justicia terminó subordinada al poder político.
Este juicio a Uribe, más allá del personaje, es un juicio al modelo de Estado de derecho que queremos para Colombia. La pregunta es clara: ¿queremos una justicia independiente que investigue sin miedo, pero también sin odio? ¿O queremos una justicia utilizada como garrote para saldar cuentas políticas?
La línea es delgada. Y si no tenemos cuidado, podemos cruzarla sin darnos cuenta… hasta que sea demasiado tarde.
José Baruth Tafur Gutiérrez, Abogado Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña
Maestrante Comunicación Política
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