Secretario de Educación de Ibagué, pone en riesgo la vida de docentes

El Escándalo silenciado: Secretaría de Educación de Ibagué ignora un fallo judicial y pone en riesgo la salud de un docente.

 

En Ibagué está ocurriendo un caso que, por donde se mire, huele a negligencia institucional, desinterés administrativo y una peligrosa mezcla de burocracia y deshumanización que ya alcanza niveles escandalosos.

 

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Por: Editor General. cambioin.com

 

El análisis del Auto de Sustanciación No. 01192 del Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué, fechado el 19 de noviembre de 2025, no deja espacio para la duda: las autoridades educativas han fallado—gravemente—en proteger los derechos fundamentales del docente José Javier Capera Figueroa.

 

Y lo más grave: hay un fallo judicial en firme ordenando acciones urgentes, pero aun así las entidades involucradas parecen haber optado por la indiferencia, como si la salud, la estabilidad emocional y la vida de un docente fueran un trámite más para archivar.

 

Aquí el problema ya no es administrativo. Es humano.

A pesar de que el juez ordenó garantizar atención médica especializada, incluyendo salud mental, medicina laboral, atención psiquiátrica y actualización inmediata de su sede médica, el docente sigue sin acceder al tratamiento que necesita con urgencia.

 

Mientras tanto, su cuadro emocional, psicosocial y afectivo se profundiza peligrosamente.

 

Cada día que pasa sin atención no solo desacata una orden judicial: erosiona la salud emocional de un trabajador que ya está en un estado de vulnerabilidad evidente.

Ignorar eso es no solo negligencia: es crueldad burocrática.

 

El docente ha solicitado una reubicación laboral cerca de su hogar.

No es un capricho. No es comodidad.

Es supervivencia emocional y física.

 

El trayecto por la variante ha sido descrito como traumático, riesgoso y agotador. Incluso ha sentido inestabilidad en el volante durante los desplazamientos, en un contexto donde no existe transporte público directo desde su lugar de residencia.

 

El desgaste acumulado, el estrés y el riesgo permanente se convierten en una carga diaria que afecta su estabilidad psicológica.

 

Pero la Secretaría de Educación Municipal, lejos de tomar medidas, ha optado por la estrategia más peligrosa: el silencio administrativo.

Ni respuestas, ni alternativas, ni soluciones temporales. Nada.

 

Según el auto judicial, la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué:

 

No ha cumplido integralmente el fallo de tutela.

 

No ha garantizado la seguridad social ni la continuidad del servicio de salud.

 

No ha coordinado acciones reales, pese a que el juez lo ordenó expresamente.

 

No ha considerado la salud del docente como un criterio válido para su reubicación, ignorando incluso recomendaciones médicas.

 

La omisión es sistemática. Persistente. Y peligrosa.

No es un descuido: es un patrón de desatención institucional.

 

Y lo que es peor: estamos frente a un posible desacato, lo cual podría derivar en sanciones, pero mientras tanto el único afectado real y directo es el docente.

 

Lo que está ocurriendo con José Javier Capera Figueroa no es un caso aislado. Es la evidencia viva de un sistema que normaliza el desgaste emocional de los docentes, que deja en el limbo la salud laboral y que responde con trámites interminables a situaciones que exigen humanidad, diligencia y acción inmediata.

 

Mientras existe una orden judicial clara, la Secretaría de Educación Municipal y FOMAG no garantizan ni lo básico: salud, vida digna, estabilidad laboral y seguridad social.

 

Y la pregunta inevitable es:

¿Cuántos docentes más están atravesando este mismo abandono silencioso?

 

El caso del docente José Javier Capera Figueroa revela un patrón institucional que no puede seguir ocultándose: desatención, negligencia administrativa y falta de humanidad.

 

Por eso esta nota no es solo una denuncia: es un llamado urgente y categórico a que la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué asuma su responsabilidad.

 

Ya no se trata de un trámite.

Ya no se trata de un permiso.

Ya no se trata de un despacho.

 

Se trata de la vida, la salud emocional y la dignidad de un ser humano, y es momento de que la ciudad entera lo sepa el secretario de educación municipal cada vez más metido en escándalos judiciales.

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